Ecologistas en Acción ha elaborado una propuesta de modificación de la Ley de Minas, con el objetivo de que se tengan en cuenta los aspectos medioambientales y sociales en todo lo relacionado con la actividad minera. Se trata de una petición estatal, dado que es una legislación en ese ámbito. En Cantabria, existen proyectos mineros en torno a la mina de AZSA en Reocín, si bien no se han vuelto a producir avances al respeto pese a las grandes esperanzas que el Gobierno de Cantabria había depositado en ello.

Mina de Reocín.

Según explican en un comunicado, la Ley de Minas actualmente vigente data de 1973 y, por tanto, es preconstitucional, «y muy probablemente también inconstitucional», además de ser «fruto de su época, que fue promovida por las empresas extractivas, que favorece la especulación con las concesiones y autorizaciones y que no tiene en cuenta ni el medio ambiente ni los derechos más básicos de las personas».

A esto suman que en los últimos años se ha producido un «gran resurgir de la actividad minera en España, favorecido por procesos de especulación financiera, pero también ligada a la gran subida de precio de los metales!.

De esta manera, las comunidades autónomas han sacado a concurso centenares de nuevos permisos de explotación minera a lo largo de una buena parte del país, «que amenazan con la destrucción de decenas de miles de hectáreas de gran valor natural, más aún cuando la mayor parte de estas nuevas minas se pretenden explotar a cielo abierto, dado el abaratamiento experimentado por los movimientos de tierras».

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha elaborado una propuesta de modificación de la actual Ley de Minas, con el ánimo de transformarla en una ley «propia de un Estado democrático, que en todo momento respete la conservación de los valores naturales, así como los derechos de la ciudadanía».

DETALLES DE LA LEY

De esta manera, en el texto se propone la total exclusión de la actividad minera de todas las áreas de interés ambiental de nuestro país (Red Natura 2000, reservas naturales fluviales y cuencas de vertido de lugares de captación de agua potable, entre otras).

Asimismo, también se excluye del ámbito de la ley al agua mineral embotellada, que pasa a ser dominio público hidráulico (no hay que olvidar que el acceso al agua potable es un derecho humano, establecido como tal por la ONU), por lo que no puede tratarse como un recurso minero.

Otros aspectos que se han modificado son establecer un procedimiento de consulta pública que sea transparente, con plazos razonables y promuevan la máxima participación ciudadana.

Por otro lado, los permisos se otorgarán solo cuando también se hayan aprobado el plan de restauración, los estudios de transporte, electricidad y agua, etcétera.

La nueva ley también contempla un impuesto más justo que refleje la explotación de un recurso público no renovable. El tipo impositivo actual del 1 % es el más bajo en el mundo. Finalmente, para evitar la obtención de permisos por ‘caza-derechos’ y mineras especulativas, se han establecido garantías que acrediten la solvencia económica y técnica de los titulares de derechos mineros.

Ecologistas en Acción ha remitido la proposición de modificación de la Ley de Minas al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y al Ministerio para la Transición Ecológica, así como a todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados, solicitándoles que estudien el documento y que hagan todo lo que esté en su mano para que dicha modificación de la ley se tramite y finalmente se apruebe.