Podemos ha comunicado este viernes a la diputada nacional y secretaria general de la formación en Cantabria, Rosana Alonso, que no puede concurrir a las primarias para la designación de candidatos a las próximas elecciones autonómicas de 2019. en una decisión contra la que la diputada en el Congreso ya está preparando un recurso que tiene 24 horas para presentar.

La Web de las primarias de Podemos ya sólo reconoce a Ordóñez como única candidata a cabeza de lista en las primarias

La decisión se basa en que Alonso tiene un informe negativo del Comité de Seguridad y Salud Laboral tras la instrucción por las denuncias de acoso laboral contra el diputado José Ramón Blanco presentadas por una trabajadora del grupo parlamentario, la diputada y adversaria interna, Verónica Ordóñez, y la secretaria general de Santander, Lydia Alegría.

Según ha podido saber EL FARADIO, la exclusión del proceso de primarias también ha llegado al secretario de Organización de Podemos en Cantabria, David González, y a la secretaria de Feminismos y LGBT+, Belén Milán, que junto a Alonso están acusados por el órgano instructor de las denunciase por un «incumplimiento muy grave del Documento Ético» del partido.

Los tres ya no figuran en la Web del proceso de primarias del partido, en las que concurrían Alonso a cabeza de lista (sustituyendo precisamente a Blanco, que dimitió tras trascender estas denuncias en el órgano interno de Podemos), y los otros dos a miembros de la lista (en Podemos existe la posibilidad de que las candidaturas sean así, sólo a cabeza de lista, o sólo a la lista). De modo que la Web de las primarias de Podemos ya sólo reconoce a Verónica Ordóñez como única candidata a las primarias.

La investigación, que admitía la «indefensión» de los acusados al no conocer los hechos por los que se les denunciaba, algo que justificaba por la «petición expresa tanto de denunciantes como de testigos» (sólo hubo de la acusación), señalaba a Blanco, Alonso, González y Milán como responsables de «ocultar» las denuncias.

Y consideraba que «estas personas, por sus actuaciones y sus conductas de graves faltas de respeto y autoritarismo no deberían poder ostentar cargo de responsabilidad alguna en el partido».

Tener un informe negativo del Comité de Seguridad y Salud Laboral es motivo de incumplimiento de la Carta de Derechos y Deberes de los candidatos y candidatas que desean participar en las primarias.

El informe está fechado el 18 de octubre, el día siguiente a que Rosana Alonso anunciara que se presentaba (17 de octubre) para competir de nuevo con Verónica Ordóñez, que había dado el paso la noche anterior (16 de octubre).

Esta decisión de exclusión de Alonso, González y Milán de las primarias se produce sin que haya trascendido aún el informe totalmente definitivo del Comité de Seguridad y Salud Laboral, ni la respuesta a las alegaciones presentadas a él.

Alonso, que es la única candidata que por el momento había logrado reunir los avales necesarios, ya se impuso a Ordóñez en las primarias a la Secretaría General del partido en el mes de abril, que supusieron el final a 10 meses sin consejo ciudadano, tras la dimisión de Julio Revuelta (que recientemente culpaba a la diputada castreña de la inestabilidad interna).

DE LA «INVESTIGACIÓN CONFIDENCIAL» A LA «PURGA»

Al trascender la noticia en los medios (El Diario Montañés y la Cadena SER) el 7 de octubre y anunciar su dimisión al día siguiente (8 de octubre)  el diputado José Ramón Blanco, Alonso aseguró a los medios que se había interesado por las denuncias ante la dirección nacional del partido pero que había recibido como única respuesta que se trataba de una «investigación confidencial».

Al trascender el informe del Comité que incluía a la dirigente como responsable del «clima tóxico en el ambiente de trabajo» con un «claro riesgo psicosocial», pidió públicamente explicaciones al secretario de Organización, Pablo Echenique.

En respuesta, fuentes de su entorno que citó la SER mostraron un «enfado mayúsculo» y apuntaron que la dirigente cántabra «se estaba cavando su propio tumba política». Rosana Alonso estaba en la cuerda floja.

En el mismo sentido, en una denuncia presentada el 22 de octubre ante el Comité de Garantías, la secretaria de Feminismos aseguraba que tras recibir una carta de la trabajadora se puso en contacto con las tres denunciantes para «ofrecer apoyo y recabar información», pero que todas «aludieron a la confidencialidad del procedimiento para no precisar los hechos objeto de denuncia».

Asimismo, aportaba pruebas de haberse puesto en contacto con la Secretaría Estatal de Feminismos y LGTB solicitando información a tenor de las primeras publicaciones realizadas sobre el caso, sin obtener respuesta.

Y, al tiempo que lamentaba que el Comité Laboral no había precisado más prueba que las declaraciones de las denunciantes y de sus testigos, señalaba que la petición de su inhabilitación resultaba «muy conveniente», al enmarcarse en un proceso de elecciones primarias en el que es candidata, al tiempo que advertía de las «repercusiones irreparables que implicaría», ya que se vulneraría su «derecho al sufragio pasivo» en los próximos comicios.

Ya entonces planteaba que una resolución así «constataría» que es «objeto de una purga política junto con cualquier otra persona que se enfrente a Verónica Ordóñez López».