Los abogados afectados por las presuntas irregularidades en la contratación fija en la Autoridad Portuaria de Santander han reclamado al Puerto que active unas medidas cautelares que suspenda el procedimiento administrativo para otorgar una plaza de Responsable de Oficina de Secretaría General.

El Puerto de Santander convocó esta plaza mediante el BOC en julio de este año. FOTO: Puerto de Santander.

El objetivo es que las contrataciones no avancen más hasta que se resuelva el recurso administrativo que han presentado cuatro de los cinco letrados afectados. De no hacerlo, consideran que “se causarían perjuicios de imposible o muy difícil reparación tanto al interés público como a todos los candidatos”.

El recurso, presentado ante la Autoridad Portuaria este martes, es de carácter administrativo y no tiene abierta una vía judicial por el momento.

En el escrito, se solicita también que se publiquen las notas provisionales del examen de inglés, que realizaron todos los candidatos a una de las plazas. Asimismo, reclaman que se abra un nuevo plazo de revisión o reclamación de la prueba para que los candidatos efectúen las alegaciones que consideren convenientes.

El recurso que han interpuesto los abogados está centrado en la prueba psicotécnica de evaluación de competencias genéricas, que se realizó junto a la de inglés el pasado 18 de octubre y cuyas notas provisionales se publicaron el 22 de octubre.

En el proceso, los letrados que fueron eliminados del proceso –tres de ellos habían obtenido las notas más altas en la prueba teórica- percibieron varias irregularidades que han denunciado en un recurso que presentaron el 25 de octubre y que ha sido posteriormente ampliado al descubrir que varios de los test, no solo eran repetidos de otras pruebas para puestos diferentes, sino que podían adquirirse por Internet a través de la página de venta de artículos de segunda mano, Wallapop.

LA AUTORIDAD PORTUARIA HA CONTINUADO CON EL PROCESO SIN JUSTIFICAR POR QUÉ DESESTIMAN LAS ALEGACIONES

Por el momento, a pesar de las denuncias y los recursos presentados, la Autoridad ha publicado las notas definitivas de las pruebas psicotécnicas, desestimando así las alegaciones realizadas y continuando con el proceso.

Los abogados defienden que esta resolución definitiva “carece de motivación suficiente para considerarse válida” porque “no justifica las causas de la desestimación”, a pesar de que “todavía no se han publicado los criterios de corrección, su ponderación y la forma en que han sido aplicados”.

Además, junto a esta publicación definitiva, se realizó también la publicación de las notas provisionales de la prueba de inglés, pero no aparecieron las de todos los candidatos. Y es que se obviaron las de aquellos que habían eliminado previamente en las pruebas psicotécnicas,  algo que no han hecho con otros procesos de concurso-oposición anteriores.

Los abogados han solicitado medidas cautelares para paralizar el proceso.

Según los alegantes, esta situación genera una “indefensión manifiesta a todos los candidatos” y prueba que se “ha actuado con arbitrariedad”.

Los afectados tampoco han podido acceder a la copia del expediente administrativo desde que se llevó a cabo, ya que primero les alegaron que estaba en posesión del jurado y, después, no han conseguido respuesta a sus peticiones.

LOS ABOGADOS CONSIDERAN PROBADAS “IRREGULARIDADES MUY SEVERAS” EN LA TRAMITACIÓN

El concurso-oposición se convocó el pasado verano para cubrir una vacante de una plaza de Responsable de Oficina de Secretaría General para la Autoridad Portuaria de Santander, para la que solicitaba licenciados o graduados en Derecho.

Sin embargo, tras el examen teórico, los abogados realizaron unas pruebas técnicas que, cuando fueron a revisarlas tras la publicación provisional de las notas, descubrieron que estas no estaban adaptadas al puesto requerido ni había en la corrección del examen ningún experto acreditado en psicología para evaluar a los aspirantes. Algo que, como destacan en el recurso, incumple las bases de la convocatoria.

Tras una investigación, los abogados, que presentan los recursos conjuntamente, consideran probado que se “han acreditado de manera fehaciente las causas de nulidad” de la prueba, de la que reclaman que vuelva a repetirse con las máximas garantías.

Y es que en los dos recursos presentados han encontrado en la tramitación diferentes irregularidades que consideran “muy severas” y que justificarían la nulidad y repetición de las pruebas.

Algunas de estas irregularidades son:

• Las pruebas coincidían con otras llevadas a cabo pocas semanas antes para otros puestos de trabajo totalmente diferentes, como Ingenieros de Caminos o para un puesto de Jefe Económico-Financiero. Esta repetición de exámenes –hasta en cinco pruebas diferentes- podría favorecer a posibles filtraciones y los abogados consideran que “vulnera el principio de igualdad entre los candidatos que conozca esta circunstancia con anterioridad”, según resalta el recurso.
• Las pruebas se encontraban a la venta en Wallapop. En concreto, tres de las cuatro pruebas psicotécnicas en las que consistía el examen, razonamiento numérico, abstracto y verbal pueden ser adquiridas a través de dos anuncios de Wallapop por un módico precio. Esto, según denuncian los alegantes, provoca una “gran indefensión frente a cualquier candidata o candidato que conociera esta circunstancia” y “los podría haber adquirido de forma muy simple”.
• Las pruebas realizadas no estaban ajustadas a la titulación de Derecho y el puesto a desarrollar. Ante la repetición de pruebas, consideran que queda demostrado que “los exámenes no han sido elaborados ad-hoc para la presente prueba y es evidente que existe una discordancia objetiva entre lo pedido en la convocatoria (Licenciado/Grado Derecho) y lo que ha se ha pretendido en la vía administrativa, (en este caso en la prueba de psicotécnicos técnicos)”. De hecho, los letrados resaltan que en el propio manual en el que se basan los test, que está elaborado por Ediciones TEA, se recomienda a los organismos que se basen en sus test que “realicen sus propias tipificaciones específicas para el grupo o entorno en el cual pretenda utilizar la prueba”.
• “Arbitrariedad” en el modo de corrección que provoca “indefensión” en los candidatos. En las bases de la convocatoria sobre las competencias técnicas no se concretaba cuánto ni de qué modo se valoraba la prueba con respecto a la nota final.
• Falta de publicidad y conocimiento de los miembros del Tribunal. Ni en las bases de la convocatoria, ni en ningún documento publicado posteriormente, se han establecido las personas que componen el Tribunal. El sindicato USO ha denunciado este miércoles que las personas seleccionadas son siempre las mismas en las diferentes pruebas que se convocan.
• El tribunal no tenía una representante especializada en las pruebas psicotécnicas. En la revisión que se llevó a cabo estaban presentes siete personas, como miembros del Tribunal calificador, así como una representante de la empresa de trabajo temporal ADECCO que, según informa el Tribunal, fue contratado como asistencia técnica para efectuar la prueba. Sin embargo, cuando algunos de los abogados preguntaron por la cualificación profesional de esta representante, dado que su perfil público de LinkdedIn refleja que es licenciada en Derecho pero no que tenga estudios en el campo de la psicología, esta petición fue denegada por parte del Tribunal. De hecho, en el recurso, el Tribunal derivó las explicaciones en la asistencia técnica –ADECCO- y ésta, a su vez, en el “proveedor o editor de los test”, que si bien no se mencionó su nombre, los candidatos saben que se refiere a Ediciones TEA, de quienes no había ningún representante en el proceso.