El Ayuntamiento de Santander sigue financiando el vial de Amparo Pérez entre Los Castros y la S-20 gracias a una subvención del Gobierno de Cantabria, mientras prevé nuevos planes de asfaltado de viales en la ciudad a pesar de contarse con un contrato integral de mantenimiento y asfaltado que gestiona precisamente COPSESA, la constructora que levantó el polémico y poco utilizado vial, para cuya construcción se expropió a la propietaria, que falleció meses después.

El vial de Amparo se adjudicó con baja temeraria y acabó teniendo sobrecostes

En concreto, según reflejan los propios presupuestos de Santander para 2019 ahora en tramitación, el Ayuntamiento recibirá de la comunidad autónoma 759.120 euros.

Esto es posible gracias a que el Ayuntamiento recurrió a una orden de subvenciones del Gobierno de Cantabria. En total, recibirá 3 millones de euros, lo que supone el 80% de los 3,7 que costó en total, y esta fue la única obra que Santander presentó a esa convocatoria. Los pagos son plurianuales, y ya en 2016 apareció el primero, por un importe de 825.000 euros. Son, en total, cuatro años de pagos. El nieto de Amparo, Marco Santamaría, declaró en su momento que desde el Consistorio se esgrimía esta subvención como argumento para seguir adelante con el proyecto.

La adjudicación del vial de Amparo fue para la empresa constructora COPSESA, propiedad del entonces alcalde de Ramales (perdió la Alcaldía en mayo de 2015) y ex vocal del Comité Ejecutivo del PP de Cantabria, José Domingo San Emeterio. Se adjudicó con una con una baja temeraria del 40% (la obra salió a licitación por 6.072.962,12 euros), pero luego se produjo un sobrecoste.

Sede de Copsesa

Sobrecostes que tuvieron precedentes en un proyecto de similares características, la conexión transversal sobre la vaguada de Las Llamas inmediatamente anterior, construida en el anterior ciclo electoral (2011), con un sobreprecio de 1.382.000 euros que el Tribunal de Cuentas consideró injustificado en un informe muy crítico en el que detectó varias infracciones.

La obra fue polémica desde el principio, no sólo por la oposición de Amparo Pérez – la única vecina que resultó afectada por la expropiación y derribo, que despertó una corriente de apoyo entre ciudadanos y movimientos sociales que contrastó con la resistencia del Ayuntamiento a dialogar con la familia.

Amparo falleció el 15 de febrero de 2015 (aniversario también del incendio de Santander) diez días después de ingresar en el Hospital Valdecilla por un empeoramiento en su salud y días después de que se culminara la expropiación.

El propio planeamiento municipal cuestiona el interés estratégico de la infraestructura que defendieron las autoridades, al rebajar las estimaciones de tráfico, tanto en la ciudad, por el descenso de la población y la crisis económica, como en el punto concreto del vial de la S-20. Y la Policía Local constata el poco tráfico del vial, en el que, como indicador, apenas se ponen multas.

EL CONTRATO DE LOS VIALES

Paralelamente, el Ayuntamiento de Santander tiene previsto para este 2019 el gasto de 300.000 euros para el segundo plan de pavimentación asfáltica.

Mantenimiento de viales en Santander

La ciudad ya cuenta con un contrato de mantenimiento integral de viales, por un importe de 1,8 millones de euros (más de 2 millones si se incluye el IVA) durante cuatro años (prorrogable a otros dos)

Lo gestiona precisamente COPSESA, y desde este año por primera vez por un concurso en el que compitió con otras empresas, ya que la primera vez que lo tuvo, en 2013, fue heredado, tras la desaparición de la anterior empresa que lo gestionaba.

Y las sucesivas renovaciones fueron como prórroga, ya que cuando se hicieron los pliegos, aparecieron errores cuya corrección llevaba un tiempo que impedía adjudicar en plazo, de modo que se adjudicaron por prórroga, sin concurso. Además, se hicieron revisiones al alza del importe.

El contrato incluye las labores de conservación de las 740 calles y los alrededor de 400 kilómetros de viales existentes en el municipio, que suman, en total, más de 4,3 millones de metros cuadrados de calzadas y 1,7 millones de metros cuadrados de aceras.

Pese a contarse con este contrato de mantenimiento integral de viales, el Consistorio desarrolla y adjudica contratos varios de asfaltados al margen de este contrato, como el Plan de Asfaltados, por importe de 2,5 millones de euros, o el Plan de Mejora de Viales (610.000 euros), entre otros.

BAJAS TEMERARIAS Y SIN SANCIONES POR RETRASOS

Una de las prácticas habituales de COPSESA son las bajas temerarias (rebajas sustanciales en sus ofertas respecto a los precios en los que los estima y saca a concurso la administración, muy criticadas en el sector por sus efectos en la calidad de los trabajos o las condiciones laborales).

Parque de los cráteres en Tetuán

Es lo que sucedió con el parque en Tetuán, que simula cráteres y valles (321.000 euros frente a los 454.000 anunciados).

Y se retrasó dos veces en los plazos: pero el caso es que en lugar de multarla (como marca la Ley) , se interpretó que los motivos del retraso (la aparición de una instalación eléctrica y las peticiones vecinales) no eran su culpa. La Ley también marca que si el retraso no es imputable a la empresa, la sanción tampoco. En consecuencia. no se le sancionó.

Poco después, se detectó un coste extra a esos trabajos, 30.000 euros, en unas obras complementarias en el mismo proyecto que no pueden considerarse literalmente sobrecoste, ya que no se modificó el contrato, sino que se plasmó a través de los contratos menores.

Lo mismo sucedió en La Albericia: en unas obras conseguidas igualmente por baja temeraria, de reordenación y adecuación de plazas, parques y jardines –que supusieron la desaparición de una bolera en la zona– se le amplió el plazo en un mes para dar cabida a una serie de modificaciones en el proyecto (nueva pavimentación, supresión de barreras arquitectónicas, nuevas circulaciones, nueva iluminación de tecnología led, incorporación de un nuevo y contemporáneo mobiliario urbano y proyecto de jardinería).

Estos modificados no se consideraron desde el Ayuntamiento sustanciales, sino de interés público, por lo que el retraso no acarreó sanción por incumplimiento del contrato.