El colectivo cántabro Ciudadanía Contra la Exclusión Sanitaria ha pedido al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado el pasado jueves 15 de noviembre, la rápida adopción del reglamento que regule el Real Decreto Ley (RDL 7/2018) que eliminó la supresión del acceso de los inmigrantes a la sanidad que ejecutó el anterior Gobierno del PP dentro de un paquete de medidas de recorte sanitario.

Este Real Decreto entró en vigor el 30 de julio pasado, pero su no desarrollo reglamentario impide la puesta en marcha de las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho recuperado.
Ciudadanía Contra la Exclusión Sanitaria hizo esta petición junto a otras organizaciones de la red REDER como Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, y Yo Sí Sanidad Universal.

REDER es una red de colectivos, movimientos, organizaciones y personas implicadas en la defensa del acceso universal a la salud.

Los inmigrantes perdieron el acceso a la sanidad universal salvo si accedían por urgencias.

Las organizaciones citadas piden también la creación de un mecanismo permanente de evaluación de la aplicación de esta norma de modo que se eviten y corrijan prácticas de exclusión sanitaria en los distintos sistemas sanitarios autonómicos.

Además, creen que el hecho de que el Congreso haya decidido tramitar el decreto como proyecto de ley es una oportunidad para mejorar una norma que en su redacción actual queda lejos del pretendido fin de universalizar la atención sanitaria.

Pero, advierten de que “el necesario período de tramitación de la ley no puede suponer la inacción del gobierno y de las comunidades autónomas para aplicar el decreto y evitar la desprotección a la que se están enfrentando muchas personas”.

En ese sentido, las organizaciones recuerdan que todavía se están viviendo situaciones de exclusión en el acceso a la salud, tal y como habían advertido, como consecuencia de que la norma se puede interpretar de manera restrictiva, limitando ese acceso a las personas migrantes en situación irregular.

Por ejemplo, y en relación con el requisito de tres meses de estancia en España: a pesar de que está destinado solo a personas con estancia temporal autorizada, podría dar lugar a interpretar que todas las personas necesitan tres meses de estancia en España antes de acceder a la atención sanitaria.

Asimismo, detallan que tampoco se armoniza el procedimiento ni los requisitos para poder obtener la tarjeta sanitaria por parte de las autonomíasy en consecuencia, cada comunidad autónoma está interpretando de manera diferente esta nueva norma, manteniendo las respuestas dispares que estas adoptaron con respecto al anterior RDL 16/2012.

Las organizaciones alertan además de que no se han especificado en la ley las personas en situación de mayor vulnerabilidad que recibirán atención en cualquier circunstancia (mujeres embarazadas, menores de 18 años, víctimas de trata, personas solicitantes de protección internacional y personas que requieran atención de urgencias). La consecuencia de esto es que en algunas CCAA se han dado casos de exigencia de pago por atención sanitaria, por ejemplo, a menores de edad y mujeres embarazadas. Además, hay algunas autonomías que siguen exigiendo el empadronamiento como requisito, cuando el nuevo decreto no lo pide. Y el resultado es que se producen violaciones del derecho a la salud.

Algunos requisitos administrativos son especialmente preocupantes como los que se exigen a personas migrantes en situación irregular que pueden encontrarse con dificultades para obtener determinados documentos. Las organizaciones denuncian que se pida a algunas personas que regresen a sus países de origen para conseguir esa documentación, algo obviamente inviable, especialmente para aquellas con menos recursos económicos.

Las organizaciones recuerdan la gravedad de la situación anterior, en la que más de 750.000 personas fueron excluidas de la sanidad pública.

“Corregir esa situación, impone aclarar y asegurar los requisitos para facilitar el acceso a la sanidad a toda la ciudadanía, mediante el documento que nos iguala a todos en el acceso a un mismo sistema público de salud: la tarjeta sanitaria”, recalcan.