La Federación de Construcción y Servicios de CCOO en Cantabria ha denunciado que el presupuesto de la adjudicataria que ha ganado el concurso del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Santander, la UTE Imesapi (del grupo ACS)-La Encina-Copsesa (adjudicataria recurrente en Santander, propiedad del exalcalde del PP en Ramales de la Victoria), ni siquiera da para cubrir los salarios de sus 199 trabajadores.

Parque de La Marga

El sindicato alerta de que la oferta de la UTE Imesapi-La Encina-Copsesa ha sido de 6.501.555,99 euros, con una baja del 16%, pero sólo el coste de salarios y Seguridad Social de sus empleados y empleadas asciende a 5.886.201,72 euros.

A esto hay que sumar la aportación anual de 700.000 euros a disposición del Consistorio para trabajos de obra civil, jardinería, servicios y suministros para las zonas verdes. En total, 6.586.201,72 euros, 84.646,13 euros por encima de lo que la empresa que ha ganado la licitación aporta.

Jesús de Cos, secretario general de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO en Cantabria, asegura que con ese presupuesto “o no se van a pagar los salarios de los trabajadores y las trabajadoras o los vehículos no funcionarán” porque “es imposible cubrir los gastos que se derivan del Servicio. Con ese presupuesto está claro que ni las focas de La Magdalena van a comer”, ha sentenciado.

Además, De Cos subraya que el canon de la empresa que hasta ahora ha llevado el contrato es de 6.889.308 euros, 387.752,41 euros superior a la propuesta por la UTE Imesapi-La Encina-Copsesa en esta nueva concesión y hay que tener en cuenta que “el contrato no incluye la revisión de precios del canon ni las ampliaciones y que el convenio colectivo estipula una revisión salarial del IPC, más los incrementos salariales por antigüedad”.

Desde la Federación de Construcción y Servicios de CCOO en Cantabria se exige la suspensión cautelar de la adjudicación hasta que se resuelva el recurso presentado por Urbaser, la única empresa de las seis que se presentaron que pasó la valoración del jefe de Servicio del Ayuntamiento de Santander y que fue rechazada hasta en dos ocasiones por la Junta de Gobierno Local.

Después, el Consistorio recurrió a una consultoría externa, Melissa Consultoría e Ingeniería Ambiental, para que valorara de nuevo las ofertas de todas las empresas, siendo al final la UTE Imesapi-La Encina-Copsesa la adjudicataria del concurso.

“Resulta un perjuicio intolerable e inadmisible que no se cumpla con lo estipulado en el pliego de condiciones del concurso. Es tremendamente sospechoso que se adjudique el servicio a una UTE que presenta una oferta que ni siquiera puede cumplir con el convenio colectivo. Sin embargo, desgraciadamente no nos sorprende, se produce exactamente dentro del área de responsabilidad del conflicto del TUS. Nos resulta tremendamente sospechoso”, ha concluido De Cos.

En respuesta, el concejal de Medio Ambiente, José Ignacio Quirós, rechazaba que hubiera baja temeraria y ha recalcado que el propio pliego del contrato exige que la empresa seleccionada justifique su oferta económica antes de la adjudicación.

Quirós ha explicado que el pliego de licitación del contrato establece entre sus cláusulas la obligación de la empresa adjudicataria de subrogarse la plantilla y de respetar tanto las condiciones salariales previstas en el convenio, como el resto de pactos laborales suscritos entre la actual adjudicataria y los trabajadores.

El pliego también incluye la exigencia de que la empresa justifique su oferta económica y los compromisos laborales antes de la adjudicación y así ha quedado también reflejado en el acta de la mesa de contratación.

En dicho acta se indica expresamente que se requerirá a las empresas que conforman la UTE seleccionada la documentación que acredite el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el pliego del contrato.

Por tanto, Quirós ha señalado que “la plantilla puede estar tranquila porque el Ayuntamiento vela y velará por el respeto de los empleos y de las condiciones laborales, como viene haciendo desde la redacción del pliego y seguirá haciendo durante el resto de la tramitación y ejecución del contrato”.

El concejal ha aclarado también que el análisis y la valoración de las ofertas presentadas, así como la propuesta de adjudicación del contrato “es un trabajo técnico, no una decisión política”.

Y ha criticado lo que ve como un intento de “sembrar dudas entre la plantilla o atemorizar a los trabajadores para utilizarlos como elemento de presión en una decisión que es estrictamente técnica”, lamentando “el rumbo que han tomado” algunos representantes sindicales, que han solicitado una reunión con la Alcaldía.

Para Quirós, sorprende que, frente a las dificultades que está encontrando el equipo de gobierno para contactar con ellos, sí que han tenido tiempo para atender a los concejales de la oposición y a los medios de comunicación.

“El equipo de gobierno municipal espera que, ahora que ya han atendido a la oposición y a los medios, los representantes de los trabajadores tengan también a bien contestar a la alcaldesa”, ha concluido.