El segundo juicio por los incidentes en el Palacio de Festivales en el que se produjeron ataques e insultos a asistentes a un acto de Podemos al que acudía Pablo Iglesias y a miembros de la prensa se celebra este lunes 17.

Algunos de los protagonistas de los incidentes en el acto de Pablo Iglesias.

En concreto, a las 10.40 horas el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander verá, en la Sala de Vistas número 5, la causa por agresiones y amenazas que denuncia Oscar Allende, periodista y director de EL FARADIO.

Según su querella, el 27 de octubre del año pasado, al finalizar un acto de Podemos Cantabria que había acudido a cubrir en su condición de periodista, fue rodeado y zarandeado por un grupo de personas entre los que se encontraban los denunciados que participaban en una protesta, no comunicada a Delegación de Gobierno. Los hechos sucedieron el mismo día en que en Cataluña se había aprobado la DUI, la Declaración Unilateral de Independencia.

No fueron los únicos incidentes de ese día: entre otras acciones antes y después del acto, se insultó a una menor de edad, de padre cántabro y madre sudamericana; se insultó y acosó a un grupo de señoras asistentes al acto por personas que se encuentran entre los denunciados, y una reportera de Europa Press Televisión desplazada desde Bilbao fue atacada con el palo de una bandera, por la espalda, por otro de los participantes en la protesta.

Momento de la agresión a la reportera de Europa Press

De hecho, ya consta una condena firme por ese ataque por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Santander por un delito de agresión que implicó multa e indemnización tras considerar probado cómo el condenado golpeó a la reportera por la espalda con el palo de una bandera.

La protesta fue convocada a través de un grupo de Whatssapp en la que se lanzaron mensajes como “rojos al paredón” o “en dos minutos comienzan las hostias”, “nos obligan a defender España a patadas” a base de darles “democracia de mano abierta”, mezclados con proclamas en tono hostil contra Pablo Iglesias, contra el presidente de Cantabria e incluso contra los agentes de policía que intervinieron en el acto tratando de evitar los incidentes o que impidieron que entraran por la fuerza en el recinto.

Delegación de Gobierno les impuso sanciones a los responsables de la convocatoria (entre ellos uno de los denunciados) ya que, al contrario que otras manifestaciones habituales, no se comunicó a este organismo, como establece la Ley.

Lo sucedido ese día despertó alarma social: hubo mensajes de condena de la práctica totalidad de partidos políticos (PP, PSOE, PRC, Ciudadanos, Podemos o IU), de organizaciones sociales, la patronal CEOE-CANTABRIA o la Asociación de la Prensa de Cantabria, además de tener reflejo en medios de comunicación estatales.

La Audiencia Provincial de Cantabria ya ha considerado, tras ver los vídeos y las pruebas aportadas, que se aprecia entre los participantes una actitud “claramente incitadora y desafiante” en un ”vano intento de provocar una respuesta violenta que en modo alguno consiguen”.

En los trámites previos, este órgano judicial ha señalado que si ese día no hubo más problemas fue por el “sentimiento cívico y el concepto democrático” de los asistentes al acto, frente a los otros, a quienes ve «incapaces de conjugar la crítica colectiva, como forma de libertad de expresión, y la libertad ideológica”.