Finalmente, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Santander (PAH) ha logrado que el Banco Santander solicite la suspensión del desahucio previsto para el miércoles 19 en Santillana del Mar.

La plataforma había denunciado públicamente el caso que afecta a un autónomo de 60 años, enfermo, que vive con sus tres hijos en el hotel que él mismo regenta.

Acción de la PAH en Santander.

El hombre firmó la hipoteca hace diez años pero, según ha denunciado la PAH, las “leoninas” condiciones impuestas por la entidad bancaria, en este caso el Banco Santander, “hacen imposible la continuidad del negocio si no se produce una renegociación de la deuda”.

En este periodo de tiempo el negocio hostelero ha ido a peor, pese a la colaboración de toda la familia e, incluso, la ayuda de otros negocios de la zona que les han derivado clientela sobrante. Durante estos años, el hombre ha sufrido tres “ictus”, ha pasado una depresión y su salud actual es delicada.

Tras denunciar públicamente la situación, la familia del hombre y representantes de la PAH se han reunido con representantes del Banco Santander y han logrado que el banco solicite la suspensión del desahucio y que se preste a iniciar una negociación para lograr una acuerdo que dé una solución a este hombre enfermo.

“Ninguna persona enferma debe sufrir una situación como esta; la vivienda es un derecho, no un privilegio”, ha reclamado la plataforma en una nota de prensa, en la que han advertido que no van “a tolerar” que el lanzamiento vuelva a ponerse fecha y se intente ejecutar.

Anteriormente, habían convocado una acción de stop desahucios el mismo miércoles a las 13.00 horas, frente al hotel, donde habían solicitado la presencia de los vecinos de Santillana y de localidades cercanas que quieran solidarizarse con la familia.

“Son necesarias soluciones legales”, ha reiterado igualmente la PAH. “La nueva ley hipotecaria que promueve el PSOE es una porquería que no soluciona el problema y es una nueva cesión ante los bancos y que va a generar movilizaciones de la PAH a nivel estatal”, han advertido igualmente, reclamando que la Ley de Vivienda de Cantabria “debe llegar ya al pleno del Parlamento de Cantabria para que se pueda iniciar su tramitación”.

INICIATIVAS AUTONÓMICAS SOBRE VIVIENDA

A la espera de la tramitación de la Ley de Vivienda, el Gobierno de Cantabria ha presentado recientemente el primer Plan de Autonómico de Vivienda de Cantabria, previsto para los años 2018-2021, y que estará dotado con más de 89 millones de euros.

El documento desarrolla 46 medidas, distribuidas en seis ejes de actuación, y que, en conjunto, movilizarán una inversión superior a los 225 millones de euros.

Entre estas medidas, la Consejería prevé doblar el parque público de vivienda, movilizar cerca de 600 viviendas vacías para destinarlas al alquiler social, rehabilitar 8.500 inmuebles y que más de 4.000 familias puedan beneficiarse de ayudas para el pago del alquiler de su vivienda habitual.

Seis son las líneas estratégicas de actuación, que abarcan desde la emergencia habitacional, la promoción de viviendas en alquiler y la ampliación del parque público hasta medidas orientadas a materia fiscal y al desarrollo de diferentes normativas como la Ley de Vivienda.

PODEMOS PROPONE COMPRAR PISOS VACÍOS PARA EL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA SOCIAL

Además, dentro de las enmiendas parciales a los Presupuestos de 2019, Podemos ha planteado al Gobierno de Cantabria que destine cuatro millones de euros para la adquisición de vivienda vacía para el parque público de vivienda social en la Comunidad autónoma.

Para la formación morada es fundamental que la administración pública adopte medidas concretas que pasan por la inversión en vivienda vacía para ponerla a disposición de la ciudadanía como viviendas sociales integrantes del parque público de vivienda.

Y, por ello, hacen hincapié en la importancia de que los jóvenes puedan acceder a alquileres a precios razonables para evitar situaciones como las que estamos viviendo, con jóvenes atrapados en un préstamo hipotecario que en tiempo de crisis ha generado consecuencias terribles. Además, insiste Bolado, se trata de un modelo caduco y trasnochado “que ha provocado gran sufrimiento a la población más vulnerable”.