Pasaje Seguro ha decidido emular a los colectivos Nación Andaluza y la plataforma Motril, y llevar el tráfico de armas a la justicia de Cantabria.

Lo han anunciado tras la reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Jaime González, la directora del puerto y su secretario, en la que estos les han confirmado que no van a pedir informes de legalidad a la abogacía del Estado, que habría significado que se podrían paralizar este tipo de tráfico hasta que se tomara una decisión.

Protesta de Pasaje Seguro contra las armas en el Puerto de Santander

Tal y como adelantó EL FARADIO, el Puerto de Santander se ha decantado por remitirle esas peticiones a Puertos del Estado, es decir, a la Junta Interministerial de Defensa que depende del Gobierno central y que ya se ha «lavado las manos» en otras ocasiones, según lamentan desde Pasaje Seguro.

El tema no se había incluido en el orden del día de la reunión que se produjo este jueves en el Consejo de Administración, por lo que no se permitió votar formalmente, pese a que hay consejeros que estaban a favor de paralizar el tráfico y pedir el informe, como así solicitaron que constara en acta.

Ante la imposibilidad de encontrar amparo en los responsables del Puerto, Pasaje Seguro ha apoyado, junto con Ongi Etorri Errefuxiatuak, la denuncia del parlamentario José David Carracedo ante el director general de la Marina Mercante por las constantes ilegalidades detectadas en el proceder de la naviera estatal saudí

Además, el próximo martes, Pasaje Seguro se reunirá y decidirán si van a recurrir a la Fiscalía o denunciarán el caso a algún juzgado. Para ello, se van a informar de cómo se produjo la denuncia en Motril que ha motivado la actuación de la Fiscalía contra estos hechos.

Fue este verano cuando Nación Andaluza y la plataforma Motril en Común registraron una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Granada, que posteriormente ha abierto diligencias. Y es que tanto en España como a nivel internacional existen leyes que regulan tráfico de explosivos y material de guerra que se está produciendo desde marzo de 2018.

Las leyes condicionan la permisibilidad para comerciar con estas armas si se comprueba que estas no se usan contra la población ni en guerras en otros países. Sin embargo, el comercio entre España y Arabia Saudí es constante pese a que los saudíes lideran desde hace tres años una gran ofensiva sobre Yemen que ha matado a más de 10.000 personas y ha creado la mayor emergencia humanitaria que hay actualmente en el mundo.

Además, la seguridad naval tiene leyes y reglas estrictas, como que no se puede desconectar el sistema de navegación al acercarse a Puerto, que la naviera Bahri ha incumplido varias veces en sus visitas a Santander.

A ese respecto, también tratado en la reunión, la Autoridad Portuaria indicó que se trata de una competencia de Capitanía Marítima, que no estaba presente en la reunión pese a haber sido apercibida en el mismo escrito de Pasaje Seguro como miembro del Consejo. Por ese motivo, el colectivo tratará de conseguir una reunión con el responsable.

PASAJE SEGURO Y EL PUERTO MANTENDRÁN EL CONTACTO

En la reunión de este viernes, que Pasaje Seguro califica de “muy cordial”, la Autoridad Portuaria ha mantenido que es un tema “muy complejo” y que “hay responsabilidades compartidas” con el Estado.

Al colectivo cántabro que reclama la seguridad de los derechos humanos en el control de las fronteras y el rescate de los refugiados, les ha acompañado el bombero bilbaíno Ignacio ‘Ina’ Robles, que es experto en temas de seguridad y se hizo conocido tras negarse a transportar material explosivo en el puerto de Bilbao.

Robles, que además de bombero es ingeniero industrial, ha realizado una exposición muy técnica sobre cómo se está vulnerando la seguridad de la ciudadanía santanderina en la gestión del comercio con estas navieras de guerra y las continuas irregularidades que cometen cuando llegan a Puerto.

«Les he trasladado que hacen la vista gorda en un sinfín de irregularidades», ha asegurado Robles en declaraciones a EL FARADIO. «Él -Jaime González- dice que no puede hacer nada y yo le he trasladado mi sensación de que es justo lo contrario, que se hace lo posible para que estas armas se carguen en Santander».

Entre esas irregularidades, están el hecho de que la zona de carga y descarga de explosivos «debería ser en una zona designada por el Ministerio de Defensa -y sabemos por el Gobierno de España que no lo es- y tampoco esta carga debería llevarse a cabo de noche, como se hace».

Además, Robles destaca que el Puerto de Santander «no es el más idóneo» para este tipo de comercio porque se encuentra «muy cercano a las casas». Una condición que también se aprecia en las medidas de seguridad propuestas a nivel nacional, que requiere que la carga y descarga se lleve a cabo en zonas alejadas para evitar que un posible accidente tuviera repercusiones más grandes.

Algo que, en Santander, deberíamos tener especialmente en cuenta ya que tenemos en nuestra historia la trágica explosión del Cabo Machichaco que, en 1893, le costó la vida a 590 personas, entre ellos a la mayor parte de las autoridades civiles y militares de la ciudad en esa época y, por supuesto, bomberos y curiosos que no fueron apartados ni informados de que el barco, que estaba sufriendo un incendio, contenía explosivos.

«Siendo un tema tan grave y tan reiterado, creemos que esto debería haber llamado su atención y hacer algo para evitarlo», ha lamentado el bombero, que ha agradecido que el presidente del Puerto les haya recibido, como no ha ocurrido en otros casos. «Nos han dicho que van a analizar la situación, lo que es curioso que hagan ahora cuando ya se sabía la gran parte por los medios de comunicación».

Tras finalizar la reunión, tanto Pasaje Seguro como el Puerto han acordado mantener el contacto y continuar con las reuniones para tratar estos temas. Además, la Autoridad Portuaria se ha comprometido a compartirles el acta de la reunión en la que se ha tratado el tema de manera informal.

Además, Pasaje Seguro buscará una reunión con la dirección de la Autoridad Portuaria en la que participe también el delegado de Gobierno, Pablo Zuloaga, para “ver si es posible dejar de pasarse la pelota y hacer frente al incumplimiento de la legislación”, señalan.