Tras Revilla, Paco Martín (PRC) y Eva Díaz Tezanos (PSOE), en la visita institucional a la fábrica con el exministro de Fomento, Iñigo de la Serna (PP), junto al gerente de NSR, Oscar Heckh.

El Gobierno de Cantabria analiza ya el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la ampliación de Santander Coated Solutions, documento previo a la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que la empresa pide que se agilice para acometer la segunda fase del proyecto, que ha quedado en en suspenso.

Según Network Steel Resources, la matriz, por la lentitud de los trámites medioambientales. Pero coincide con una inversión del holding en León, que desde el mismo grupo admiten que ha surgido como una oportunidad. Y el Gobierno de Cantabria, en una primera reacción, acusó a la empresa de ir con retraso en la entrega de documentación. La vicepresidenta llegó a afear que «no son nuevos» en estos trámites. Y recordó que ya han recibido dos millones de euros para la ampliación en el Puerto de Santander.

«Los técnicos están estudiando en este momento si el EIA está completo o no, porque el estudio tiene que estar completo», ha explicado a EL FARADIO el director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, que subraya que «la tramitación debe realizarse con celeridad, sí, pero sobre todo, con seguridad».

La empresa presentó la EIA el 5 de diciembre, después de explicar la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, que el Gobierno estaba a la espera, desde el mes de octubre, de este trámite que corresponde a la empresa.

Díaz Tezanos respondía así a las preguntas de la prensa cuando trascendieron los planes de la matriz de Santander Coated Solutions, Network Steel Resources (NSR), de comprar la fábrica en liquidación de Vestas en la provincia de León (130 millones de euros para 350 puestos de trabajo), lo que puede suponer el traslado de la inversión prevista inicialmente para la ampliación de la planta en el Puerto de Santander (112 millones de euros para ampliar de 65 a 200 empleos directos).

De hecho NSR admitió que estaba «reevaluando» la segunda fase de la fábrica especializada en el recubrimiento prelacado de bobinas de acero en el Puerto de Santander.

Al trascender la noticia, el Gobierno de Cantabria, que es accionista a través de SODERCAN en Santander Coated Solutions, solicitó una Junta Extraordinaria de Socios que se celebró finalmente la semana pasada. SODERCAN aportó 3,2 millones de euros al inicio del proyecto y, según la vicepresidenta, ha formalizado otros 4,5 millones para la ampliación, de los que la fábrica ya habría recibido dos millones de euros.

Tras la Junta de Accionistas, SCS volvió a vincular su ampliación en el Puerto de Santander a la Autorización Ambiental e insistió en que los retrasos del proyecto se deben a «exigencias superiores a las previstas». Esto ya lo negó Díaz Tezanos, que llegó a afear a la empresa que «no es nueva» en este tipo de trámites. Y vuelve a rechazarlo su director de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio.

«SOBRE TODO CON SEGURIDAD»

Miguel Ángel Palacio reconoce que la tramitación debe ser con «celeridad» pero sobre todo debe «ofrecer seguridad jurídica». «Yo quiero recordar que por una tramitación ambiental que no tuvo en cuenta la seguridad, se anuló el Bitrasvase del Ebro. Sólamente por eso. Y como consecuencia de anularse el Bitrasvase del Ebro, se anuló después el Plan General de Santander», advierte.

Una vez registrado el Estudio de Impacto Ambiental en la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, los técnicos estudian la documentación por si hubiera que requerir algún papel más a la empresa porque el estudio «tiene que estar completo».

Como explica el director general, a partir de salir a información pública se habrá un plazo de un mes para alegaciones de las administraciones, ciudadanos o grupos ecologistas. «Esas alegaciones que se presenten hay que estudiarlas y resolverlas», porque «es el procedimiento que la ley exige», recalca Palacio.

Palacio asegura que «hay una comunicación directa» entre los técnicos de la empresa y los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente.»Hablamos con frecuencia y en un clima de cooperación», añade, por lo que considera que «las cosas saldrán adelante» con «celeridad» pero con «seguridad». «Sobre todo seguridad», insiste.

De hecho el director general se muestra convencido de que el proyecto llegará a los tribunales, por lo que es más importante «garantizar la seguridad en la tramitación». «Cuando este proyecto llegue a los tribunales, porque llegará, porque en Cantabria todos estos proyectos terminan en los tribunales, tenemos que ganarlo porque hemos garantizado la seguridad en la tramitación», asevera.

En este sentido, quiere conciliar la seguridad y la «salud» de los ciudadanos, en un proyecto que está «en la entrada de la ciudad» y «en el ámbito de influencia de la población», por lo que hay que «garantizarle a los ciudadanos que las emisiones no tendrán ninguna influencia en la salud». «Estamos hablando de cosas realmente serias», enfatiza.

Y subraya que son «proyectos que queremos que salgan adelante porque generan actividad económica y empleo», pero a la vez «que la población esté tranquila porque esos proyectos se han tramitado con todas las garantías».

CONFRONTACIÓN DE INDUSTRIA (PRC) CONTRA MEDIO AMBIENTE (PSOE)

Este capítulo de la ampliación de Santander Coated Solutions, que bien porque la empresa ha encontrado condiciones más ventajosas para su instalación en León, o bien porque los trámites se están atascando, como esgrime la parte privada, está enfrentando a dos departamentos del Gobierno de Cantabria.

Desde la Consejería de Industria, cuyo titular es Paco Martín, nombrado por el PRC pero que en la legislatura 2007-2011 fue consejero de Medio Ambiente con el PSOE, está cargando precisamente contra ese departamento, al que acusaba en una entrevista en El Diario Montañés de tener «francotiradores que disparan contra todos nuestros proyectos».

Unas declaraciones que han sorprendido en el área del socio de Gobierno, porque en relación a Coated Solutions, la Consejería de Industria no tiene ninguna participación.

La fábrica se ubica en el Puerto de Santander (Ministerio de Fomento) y cuenta con la inversión de SODERCAN, que esta legislatura depende de la macroconsejería de la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, que también tiene a su cargo el área de Medio Ambiente que se encarga de la tramitación.

Sin embargo, más recientemente (después de la última Junta de Accionistas), Martín volvía a hacer declaraciones en las que asumía la versión del inversor privado. «No puede esperar años una autorización ambiental», señalaba, y apuntaba que «si no llega a tiempo» la empresa «buscará otra ubicación».

«Las autorizaciones ambientales integradas son las más lentas en su tramitación y las más complejas, porque son aquellas que se aplican a proyectos que tienen o bien vertidos o bien emisiones a la atmósfera y, por consiguiente, son proyectos que pueden influir en la salud humana y en la seguridad de los ciudadanos», explica el director de Medio Ambiente.

«Rapidez, toda la que se pueda», replica Palacios, pero «seguridad máxima» de tal manera que este proyecto «llegue a buen fin». «Bastantes disgustos tenemos en Cantabria con otros proyectos por no haber garantizado la seguridad», recalca por último.