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El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha rechazado este jueves redactar una Ordenanza de Movilidad que contemple, entre otros, el uso de la bicicleta y de los vehículos de movilidad personal, entre los que se ha destacado durante el debate la proliferación del patinete.

La iniciativa presentada por el Grupo Municipal Regionalista ha sido rechazada con los votos del equipo de Gobierno del PP y del concejal tránsfuga de Ciudadanos, David González.

La moción recordaba que el Pleno aprobó en 2014 una moción del PRC transaccionada por el PP que instaba al equipo de Gobierno a redactar una ordenanza sobre el uso de la bicicleta y la regulación de derechos y responsabilidades en los diferentes espacios.

La iniciativa plantea que la movilidad en las ciudades está experimentando un cambio «sustancial» con la aparición de nuevos medios de transporte como los denominados VMP – vehículos de movilidad personal-, como los patinetes eléctricos «cuyo auge es una realidad que se hará más visible a medio plazo».

Madrid, Barcelona, Pamplona o Málaga ya han regulado el uso de los VMP de acuerdo a la instrucción 16/V-124, de la Dirección General de Tráfico (DGT), que establece que es decisión de cada autoridad municipal establecer si estos vehículos pueden emplear la acera o la calzada.

El concejal de Movilidad, Ignacio Quirós, ha explicado que está a la espera de una normativa estatal, como la misma DGT se ha pronunciado. Además, ha recordado que la propia DGT tiene una consulta abierta hasta el 7 de enero, una sobre zonas 30 y otra sobre VMP.

Y ha justificado que el equipo de Gobierno se redactó un anteproyecto que quedó a la espera de una modificación del reglamento general de circulación, que en julio de 2015 se alteró sin recoger el uso de la bicicleta.

El portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, ha afeado al concejal popular la omisión de que el Gobierno central ha estado gobernado por el PP. «Es sorprendente el hecho de pensar que la legislación nacional hubiera sido redactada por algún partido procedente de Marte», ha ironizado.

Además, ha recordado que «ha fallecido en Córdoba un usuario del patinete», mientras que en Santander «ni siquiera tenemos regulado el uso de la bicicleta», un medio con el que «sigue existiendo un conflicto» porque «a alguien se le ocurrió» que las aceras bici pudieran ir «por delante de las paradas de autobús».

Tanto el portavoz regionalista, como los portavoces de Izquierda Unida, Miguel Saro, y del PSOE, Pedro Casares, han instado al equipo de Gobierno a regular en el uso de sus competencias.

HACER ALGO

«Lo razonable y los responsable es que el Pleno tome caras en el asunto», ha instado Casares, mientras que Saro pedía no esperar a la Ley de Seguridad Vial. «Podemos hacer algo sin miedo a equivocarnos», ha urgido el portavoz de IU, como hacen en Barcelona o Madrid. Por su parte Fuentes-Pila recordaba que es posible «el ajuste con una regulación superior» a posteriori.

El debate sobre la regulación del patinete eléctrico ha surgido recientemente con la proliferación de la tecnología. Uno de los mayores defensores en Cantabria es el presidente de CEOE Cepyme, que también lo es de GANVAM. Lorenzo Vidal de la Peña, ha presumido de utilizar los nuevos medios de transporte.

He venido a trabajar en esto. Los antiguos decian q no se puede poner puertas al campo.@GanvamOficial pic.twitter.com/0eY7wm1yW1

— L Vidal de la Peña (@lvplt) 18 de septiembre de 2018

EL PLENO DE LA SOLEDAD DE TATIANA

Por otra parte, el Pleno ha rechazado una batería de iniciativas de la concejala de Ganemos, Tatiana Yáñez-Barnuevo, que se ha quedado sola. Todas las mociones se han rechazado con 14 votos en contra (del PP y David González) y 12 abstenciones (del resto de concejales de la oposición).

Yáñez Barnuevo, polémica durante la legislatura por el Tatianazo que llevó a la expulsión de Antonio Mantecón (Santander Sí Puede) del Grupo Municipal, pedía al Ministerio para la Transición Ecológica la reversión de las obras de los espigones de la Magdalena, un «despropósito» del equipo de Gobierno (PP) y una «chapuza» del Gobierno del PSOE, por «paralizarlo sin revertir el daño».

También ha pedido un comité de investigación sobre colaboraciones de la Universidad de Cantabria con el Ayuntamiento, que apuntaba tanto al Grupo de Investigación de Sistemas de Transportes (GIST) responsable del MetroTUS («una trama de corrupción», según la concejala) como a la Fundación Leonardo Torres Quevedo, pero también al Master que dirige Pedro Casares (PSOE). La concejala ha reiterado que hay un «hedor a corrupción en esta casa».

Además ha solicitado sendos comités de investigación por las «irregularidades cometidas en la concesión y fiscalización de los eventos musicales» que se han celebrado en Santander, tanto por el equipo de Gobierno como por las empresas concesionarias «puestas de manifiesto a partir del no-concierto de David Guetta, y por el uso «fraudulento» que supuestamente hace el equipo de Gobierno (PP) del aparcamiento subterráneo del Ayuntamiento al permitir el uso de plazas a «familiares» para «cuestiones personales».

Finalmente ha preguntado (con la única respuesta de que «no se ha ocultado nada») por contrataciones con una empresa de publicidad y con el abogado Luis Revenga tras el derrumbe mortal de 2007 en el Cabildo de Arriba. Sobre esta última, la concejala de Economía y Hacienda, Ana González Pescador, ha pedido»respeto» a la institución tras considerar que Yáñez-Barnuevo hacía una «afirmación falsa» y una «mentira».