Verónica Ordóñez es una de las denunciantes de José Ramón Blanco en un caso que ha desembocado en Gestora, candidata proclamada a liderar las listas al Parlamento en unas primarias paralizadas y diputada no adscrita tras abandonar el Grupo Parlamentario.

La resolución de la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos estatal que restauró a comienzos de esta semana la militancia de la diputada Verónica Ordóñez, llevó acompañada dos votos particulares contrarios a la decisión y críticos hasta dudar de la «procedencia».

En concreto, los votos discrepantes se refieren a una resolución «presentada por no sabemos quién», además de advertir una «parcialidad» que puede responder a un «criterio de oportunidad política contrario a Derecho».

Asimismo apuntan a la  falta de competencia del órgano para resolver más allá de la «proporcionalidad» de la suspensión cautelar de militancia (un mes de duración), y que no estaba motivado en el recurso de la diputada ni en la resolución que se haya incumplido.

Pero sobre todo destaca la ausencia de «debate jurídico» sobre «si le asistía o no razón» en su denuncia (por supuesto acoso) contra el diputado José Ramón Blanco. Es decir, se muestran contrarios a que Garantías resuelva una medida provisional sin entrar a juzgar el fondo del asunto.

Con esa decisión que le devolvía la militancia, Ordóñez solicitó a la Gestora permiso para abandonar el Grupo Parlamentario, lo que le fue concedido inmediatamente.

Al día siguiente, a primera hora de la mañana, la diputada castreña registró su solicitud en el Parlamento, lo que en la práctica supuso su salida como diputada no adscrita y el paso de Blanco y Alberto Bolado al Grupo Mixto. Mientras la Gestora reconoce a Ordóñez, los otros dos diputados señalan que ese abandono del Grupo la convierte en tránsfuga.

Ordóñez había sido sancionada cautelarmente por la dirección de Rosana Alonso (destituida por la Gestora) por cinco faltas muy graves y una falta grave, en una decisión salomónica que apartó igualmente a José Ramón Blanco, después de varios episodios parlamentarios que los votos particulares califican de «espectáculo desastroso».

La suspensión cautelar de Ordóñez precipitó, en primer lugar, que el diputado Alberto Bolado convocara una reunión extraordinaria para relevar a Ordóñez como portavoz del Grupo Parlamentario.

Pero antes de que eso sucediera la dirección estatal decidió instaurar una Gestora en Cantabria, al entender que la dirección de Alonso no podía tratar igual a la denunciante que al denunciado.

LOS VOTOS PARTICULARES

Los votos particulares a los que ha tenido acceso EL FARADIO están firmados por los titulares de la Comisión de Garantías Democráticas Estatal, Argiro Artenio Giraldo Quintero y María del Rosario Rodero Salamanca, secretaria técnica del órgano en el que se resuelven denuncias internas como las que han precipitado la crisis de Podemos en Cantabria, entre críticas, a su vez, por la «indefensión» o falta de garantías para su defensa de los acusados.

De hecho, son los mismos miembros que se posicionaron en contra de apartar de las primarias a la entonces secretaria general, Rosana Alonso, su secretario de Organización, David González, y la secretaria de Feminismos, Belén Milán, tras  la decisión de un comité electoral afín a Ordóñez que siguió el camino que señaló la propia Comisión de Garantías para conseguir la calificación de «informe negativo» del Comité de Seguridad y Salud Laboral en la investigación de las denuncias contra Blanco, acusados por ese órgano de ocultar las denuncias. Finalmente un juzgado paralizó las primarias.

En el primer voto discrepante, Giraldo Quintero incluso duda de la procedencia de la resolución propuesta para restituir la militancia de Ordóñez. «La propuesta presentada por no sabemos quién» ante la Comisión de Garantías Democráticas «lo que hace es torcer el fiel de la balanza hacia una de las partes».

De esta manera expresa su «más absoluto rechazo», porque actúa «al servicio de un interés particular y no al servicio del interés general del Partido» y sin «la imparcialidad requerida»,

En el mismo sentido, critica que se resuelva el asunto «sin que se haya debatido en un escenario jurídico, establecido para ello, si le asistía o no razón en su denuncia contra Blanco», en referencia a que Garantías no se ha reunido para valorar los recursos a las tres denuncias de supuesto acoso presentadas contra Blanco que contaminaron a Rosana Alonso y su equipo.

Las denuncias se presentaron en agosto de 2018, por una extrabajadora, la diputada Ordóñez (que aspira a liderar la lista al Parlamento en mayo y quedó como candidata única en un proceso que ha paralizado un juzgado) y la secretaria general de Podemos en Santander, que es la interlocutora de Podemos para la confluencia de la capital.

EL CONSEJO DE COORDINACIÓN «PROCEDIÓ SABIAMENTE»

Para Giraldo Quintero el Consejo Ciudadano de Cantabria «procedió sabiamente» a suspender provisionalmente a Blanco y Ordóñez «mientras se hacía la instrucción» de las denuncias contra el primero y «toda vez que el espectáculo que ofrecían con utilización de medios y acciones tóxicas, estaban colocando al Partido en un desprestigio generalizado«.

Así, no considera «de recibo» las alegaciones de la recurrente (Ordóñez) porque «los argumentos que dice ofrecer y las pruebas que dice tener» se deben dar «dentro de la instrucción» y no en el marco jurídico de la medida cautelar. Es decir, que sin resolver el partido estatal las denuncias contra Blanco no podía la misma organización resolver un recurso a una medida provisional.

Verónica Ordóñez alegaba falta de pruebas para su suspensión cautelar o parcialidad en la decisión de apartarla cautelarmente, pero este voto particular recuerda que puede defenderse con garantías en la instrucción general.

Además, la medida suspendía a «las dos partes en conflicto» por el «espectáculo desastroso» y rechaza, por «tendencioso», el argumento de la diputada castreña de la sanción «contra quien denuncia» – motivo que asume esa resolución de dudosa procedencia, según este titular de Garantías- que devolvía la militancia a Ordóñez.

«Garantías de Podemos se aparta del interés fundamental que da origen al partido, que es el de conseguir el poder por la vía democrática»

Por otra parte, lamenta que la Comisión de Garantías de Podemos se aparta con su resolución del «interés fundamental que da origen al Partido», que es el de «conseguir el poder por la vía democrática», para lo cual «el buen nombre y el respeto entre los afiliados debe ser la premisa ética de comportamiento», sobre todo cuando «actuaciones y actos están derivando en perdidas de confianza y credibilidad ante el pueblo que puso las esperanzas en nosotros».

Además, tanto Giraldo Quintero como Rodero Salamanca apuntan que Garantías se excede en sus competencias al devolver la militancia a Ordóñez, ya que en base a sus propios reglamentos y estatutos, el «único elemento de control» es sobre la «proporcionalidad» de la medida, algo que no queda justificado que se haya vulnerado en la resolución y que ni siquiera alegaba la diputada (la sanción era de un mes).

Por su parte, Rodero Salamanca señala precedentes en los que se pidió al Consejo de Coordinación que argumentar las medidas cautelares, por lo que recuerda el deber de los tribunales de «respetar sus propios precedentes» y si cuando cambia su propia doctrina debe manifestarlo y razonarlo «expresamente».

No siendo así, la secretaria técnica de Garantías de Podemos considera que la resolución «se excede en sus funciones», por lo que estima que «pudiera deberse a un criterio de oportunidad política opuesto a los razonamientos que proceden en Derecho».