Sede del ICASS y del EMCAN registrada por la UDEF hace más de un año

La Fiscalía de Cantabria ha abierto diligencias de investigación contra varias empresas por un posible fraude de subvenciones en los cursos de formación, un asunto que investiga la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) en la comunidad autónoma desde hace más de dos años. Además, según ha podido saber EL FARADIO, el Servicio Cántabro de Empleo (SCE) ha solicitado personarse como perjudicado para seguir la causa.

La Fiscalía había ampliado hace algo más de un año el plazo para la investigación de la UDEF, que entonces pidió nueva documentación al Gobierno. Lo que no había trascendido es que también visitó a varios centros de formación en busca de prueba documental del presunto fraude.

Las denuncias iniciales que motivaron el inicio de las pesquisas policiales apuntaban a una trama organizada entre empresas adjudicatarias de subvenciones para la formación y funcionarios del Gobierno, con el conocimiento de altos cargos de los últimos gobiernos (PSOE y PP) en el SCE y también en el ICASS.

Sin embargo, el pasado mes de junio el Ministerio Fiscal descartaba la línea de investigación que apuntaba indicios de prevaricación y cohecho.

ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN

El 15 de diciembre de 2016 dos agentes procedentes de la Comisaría General de la Policía Judicial de Madrid se desplazaron hasta Cantabria, a partir de la denuncia de varias academias perjudicadas por el reparto de los fondos para formación.

Registraron varias sedes del Gobierno de Cantabria: Consejería de Presidencia y Justicia, Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), y se llevaron miles de documentos relacionados con la adjudicación de cursos de formación y la accesibilidad de los centros desde el año 2007.

Debido al importante volumen de documentación a analizar, la Fiscal Superior de Cantabria, Pilar Jiménez, comunicó a la UDEF en diciembre de 2017 la segunda prórroga para que siguiera con las pesquisas.

Como adelantó este medio, los indicios de irregularidades detectados inicialmente apuntaban a una trama funcionarial, con el conocimiento de las altas instancias de Empleo y Servicios Sociales en las tres últimas legislaturas, con gobiernos alternativos del PRC-PSOE y el PP.

Están afectados, principalmente, el EMCAN (Servicio Cántabro de Empleo), encargado de homologar los centros y los cursos, así como de conceder las subvenciones, y el ICASS, que tiene la competencia de certificar la accesibilidad de las instalaciones, a través del CAT, el Centro de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (CAT).

Las irregularidades detectadas y las pruebas aportadas a las diligencias entroncaban con la presunta comisión de delitos de prevaricación, falsedad documental y cohecho, por el supuesto cobro de mordidas dentro de la administración a cambio de la adjudicación de cursos.

La propietaria de la academia que presentó la primera denuncia, Centro de Estudios Cossio, ha solicitado a través de escritos al consejero de Economía, Juan José Sota, y a la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, de quien depende el ICASS, dirigido por Felisa Lois, que se lleven a la Fiscalía todas las pruebas sobre presuntas irregularidades.

El consejero de Economía, Juan José Sota, ha respondido sobre la cuestión, a preguntas de la oposición en el Pleno del Parlamento, que su departamento colabora con la investigación judicial. Incluso, el pasado mes de junio llegó a adelantar el «archivo definitivo» de la Fiscalía.

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