El túnel del Centro Botín encareció el contrato de mantenimiento de los túneles de la ciudad

El Ayuntamiento de Santander prorrogó, sin sacar a concurso, hasta nueve contratos por distintos servicios y obras municipales, por un valor de 1,7 millones de euros fuera de lo adjudicado y plazos que llegaron a alcanzar los 20 meses.

Son datos que se ciñen al año 2016 y que recopila el Tribunal de Cuentas en un informe especial, consultado por EL FARADIO, sobre resoluciones de Ayuntamientos adoptadas con reparos (objeciones) de los interventores municipales (un alto funcionario que se encarga precisamente de fiscalizar que la administración cumpla con las normas).

Es decir: existía un contrato que, como es habitual en la administración, tenía un plazo limitado.

Pero expiraba ese plazo y en lugar de sacarse a concurso el servicio, se prorrogaba, lo que suponía que la empresa lo conservaba, cobrando durante ese tiempo y sin competir con otras hasta que se convocara el nuevo concurso.

El coste más elevado fueron los 1,1 millones de euros del servicio de ayuda a domicilio, seguido de los más de 315.000 del contrato de mantenimiento de la red semafórica.

Y los períodos más prolongados sin cobertura de contrato fueron el año y los ocho meses de los contratos de mantenimiento de bancos y de la red semafórica, y el año y siete meses del de mantenimiento de túneles.

En cualquier caso, en ninguno de los nueve contratos el período prorrogado sin concurso bajó del año, el tiempo menor, el del contrato del servicio de ayuda a domicilio.

EL CASO DE LOS VIALES

Mantenimiento de viales en Santander a cargo de COPSESA

Esta es una práctica que ha sucedido más veces en el Ayuntamiento de Santander, como ocurrió durante varios años con el contrato de mantenimiento de viales, que gestionó la constructora COPSESA (propiedad del exalcalde del PP de Ramales de la Victoria y reciente adjudicataria del contrato de Parques y Jardines), prorrogado en varias ocasiones por distintos motivos.

Hasta que finalmente lo consiguió por concurso, en un objeto, el del mantenimiento de viales del municipio, que acabó resultando insuficiente, pues el Consistorio sigue sacando, al margen de este contrato, planes de asfaltado de viales.

También pasó con el contrato de mantenimiento de los túneles, que además vio como se incrementaba el coste debido a que el soterramiento del tráfico por el Centro Botín tuvo como efecto secundario el incremento de metros objeto de mantenimiento en un servicio que precisamente se tarifa en función de la longitud.

Con la ayuda a domicilio, fue un «error» en los pliegos el que impidió sacar el concurso en plazo y forzó la prórroga para que el servicio no se quedase descolgado.

UNA “DEBILIDAD” EN LOS SISTEMAS DE CONTROL

La ausencia de contrato que ampare estas facturas tiene como consecuencia, según advierte el Tribunal de Cuentas, que esos actos podrían incurrir en nulidad, según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal de Cuentas también advierte de que estas prácticas revelan una “debilidad” en el sistema de control municipal de las cuentas públicas y no compensan las carencias que se hubieran detectado.

LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO

La alcaldesa Gema Igual, junto a la concejala de Hacienda, Ana González-Pescador

Para hacer frente a esos pagos que se habían quedado descolgados por estar fuera del plazo presupuestado en el contrato, se tuvo que recurrir a un reconocimiento extrajudicial de crédito, una figura prevista para regularizar pagos no previstos en los presupuestos y procedentes de ejercicios anteriores.

En 2016 se aprobó por el Ayuntamiento de Santander un reconocimiento extrajudicial de créditos por valor de 1,8 millones de euros.

Afectaba a gastos de los ejercicios 2014, 2015 y 2016, por conceptos como gastos protocolarios, sin consignación presupuestario (51.975 euros), o gastos por importe de 1,7 millones de euros que pese a tener cobertura presupuestaria, pero sin sujetarse a los procedimientos esenciales.

Además, en el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito se incluyeron facturas por importe de 19.291 euros correspondientes al Servicios de portería del Servicio municipal de Transporte Urbano de Santander, para el que se había celebrado un contrato menor, no obstante superar su duración el año, algo que va contra el artículo 23 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Pero además, este organismo de carácter estatal advierte de que en el caso de Santander se usó de una forma que no encaja en el Real Decreto que regula los reconocimientos extrajudiciales de crédito, concebidos para encajar partidas para gastos de ejercicios anteriores, y en Santander se llegó a emplear para gastos del mismo.

Así se produjo, según especifica el Tribunal de Cuentas, con gastos por un importe de 1,7 millones de euros, que no se sujetaron a los procedimientos esenciales de la normativa de contratación del sector público.

EL AYUNTAMIENTO APELA AL “INTERÉS CIUDADANO”  O “ERRORES FORMALES”

Desde el Consistorio, en las alegaciones, se admite que esta fórmula fue para dar cobertura económica a servicios prorrogados que implicaban servicio directo al ciudadano, como el de ayuda a domicilio, el de mantenimiento de infraestructuras viarias o los de túneles y semáforos.

En otros casos fueron obras de urgencia y en otros por “errores formales”, pero en todos ellos fueron, según el Ayuntamiento, por circunstancias “ajenas” a la Administración.

“En todos los casos ha primado el interés ciudadano para garantizar la continuidad de la prestación de servicios indispensables que no podían quedar en suspenso hasta la resolución de las tramitaciones en curso de los nuevos contratos o a otro tipo de procedimientos”, reivindica el Consistorio.

El Ayuntamiento trata de rebatir las alusiones del Tribunal de Cuentas a que no se pueden reconocer gastos del mismo año por este sistema apelando a una “parca” regulación, a sentencias del Supremo que no diferencias por años o a la necesidad de atender gastos cuando sean de “buena fe”, y que se ciñe al Pleno como organismo encargado de aprobarlo.

El Consistorio habla de un “carácter amplio” de los supuestos y remite para ello a un artículo con “doctrina” en la revista Auditoría Pública.