La empresa Louis Berger-Apia XXI, que en su día redactó el Plan General de Ordenación Urbana de Santander anulado por el Tribunal Supremo, se encargarán de analizar la calidad del servicio de basuras en la capital después de que haya renunciado a ello la Fundación Leonardo Torres Quevedo, entidad dependiente de la Universidad de Cantabria.

Los vecinos han protestado por la dejadez y suciedad de los barrios, tanto del centro como de la periferia. FOTO: Mario Carballo.

Así consta en documentación municipal consultada por EL FARADIO, en la que se autoriza a la citada fundación a ceder los derechos del contrato a APIA, que en su día fue adjudicataria del PGOU y en la que trabajó antes de llegar al Consistorio el exalcalde y exministro Íñigo de la Serna, predecesor de Gema Igual)..

En concreto, el contrato es por el servicio de control de calidad de la concesión del servicio público municipal de recogida y transporte de residuos urbanos, limpieza viaria, limpieza de playas y otros servicios complementarios. tiene un presupuesto anual de 92.952,90 euros más 19.520,10 de IVA, y un plazo de ejecución de 4 años, con prórroga de dos años más.

El contrato se formalizó en noviembre de 2017, y ahora tanto la fundación como la nueva empresa han solicitado la cesión del contrato de una a la otra, tras acreditar la empresa su solvencia al respecto.

Según publicaba El Diario Montañés, el impulsor del cambio ha sido la fundación de la UC al considerar que no le resultaba rentable el análisis de esta concesión, en manos de Ascan-Geaser, del Grupo Sadisa, adjudicatario de distintos proyectos en la ciudad (y de donde provienen hasta tres responsables de urbanismo en el Ayuntamiento de Santander).

RECORTES EN EL SERVICIO DE BASURAS

El servicio de basuras y el estado de limpieza de la ciudad está siendo fuertemente cuestionado en los últimos meses en Santander, con críticas vecinales y de la oposición –que ha pedido la remunicipalización del servicio– que llaman la atención sobre los retrasos en las recogidas de basuras que dejan imágenes de contenedores llenos o basura voluminosa en la calle, la disminución de medios o la acumulación de vertederos incontrolados, en especial en la costa norte de la ciudad. Desde el Ayuntamiento se han anunciado medidas de refuerzo y sanción.

El servicio de basuras de Santander se vio resentido por una serie de recortes que decidió el Ayuntamiento cuando se detectó que había incumplido la regla de gasto, una norma del ministerio de hacienda que limita los gastos que puedan hacer las entidades municipales. en concreto, se excedió en 11,6 millones respecto a lo autorizado.

Al incumplirla, tuvo que tomar medidas de control de gasto por un valor total de 4,6 millones de euros, entre las que se incluyó el recorte por valor de 1,1 millones de euros precisamente en el servicio de basuras. Entonces se justificó que no afectarían al servicio.

Esto sucedió el año pasado. En este, el interventor municipal ya ha advertido de que los presupuestos municipales, ya aprobados, incluyen unas publicitadas rebajas fiscales que en realidad incumplirán también la regla de gasto.

Es decir, cuando se confirme ese incumplimiento –será ya en el siguiente ejercicio, una vez pasadas las elecciones y el primer semestre–, tendrán que volver a tomarse medidas de control de gasto, bien subidas de impuestos para conseguir más ingresos o bien nuevos recortes de inversión como el que ya sufrieron las basuras.

LAS CONSTRUCTORAS Y LA BASURA

Vertedero en Ciriego (Foto: Carlos Atienza)

Si bien desde el Consistorio se ha tratado de negar la reducción del servicio y puesto el acento en determinados comportamientos incívicos ciudadanos, también hay un factor relacionado con la actitud de las empresas que poseen solares en la ciudad.

Así, recientemente el Ayuntamiento ordenaba a la constructora SOLAR DE PIASCA que limpiara un solar en la zona de Ciriego que se había convertido en un “vertedero incontrolado” de “grandes dimensiones” con residuos que “comienzan a invadir el vial público”.

Y recientemente, según consta en documentación municipal consultada por EL FARADIO, sucedía lo mismo con otro solar, de Royal Urbis SA, en la calle Alta (números 85-87), a la que se ha multado con 300,51 euros, por la acumulación de la suciedad y su estado de abandono.

EL PGOU

APIA, con sede en el Parque Científico y Tecnológico, es la autora del PGOU, el principal instrumento urbanístico de la ciudad, aprobado en la época de De la Serna como alcalde.

Fue anulado hace dos años por el Tribunal Supremo, algo que el Consistorio achacó a factores externos (la anulación del bitrasvase, que afectaba a las previsiones de abastecimiento de agua), si bien obviando que cuando se aprobó el PGOU ya existía una sentencia de la Audiencia Nacional contra el bitrasvase, a instancias de ARCA.

Esta anulación sigue generando perjuicios económicos a la ciudad, por la anulación de convenios o el recurso a las expropiaciones al volverse a clasificaciones anteriores del plan.

EL AYUNTAMIENTO Y LA UC: EL METROTUS

El Ayuntamiento ha confiado en varias ocasiones en la Universidad de Cantabria para el diseño o seguimiento de servicios municipales. Entre ellas, el más cuestionado ha sido el de MetroTus, el nuevo sistema de transporte municipal basado en un carril exclusivo para autobuses que conectaba con líneas que a su vez derivaban a los barrios de la periferia.

La acumulación de retrasos y las quejas vecinales -múltiples, con varias manifestaciones multitudinarias– llevaron finalmente a la alcaldesa Gema Igual a anunciar una marcha atrás en un proyecto que había supuesto una inversión de 7 millones de euros y por cuyo diseñó la UC percibió 145.000 euros, a través del Grupo de Transportes y cuyo responsable, Ángel Ibeas, ha realizado trabajos en el pasado para ALSA, beneficiaria de algunas de las inversiones de este modelo.