El Tribunal de Cuentas certifica en su último informe que el Racing de Santander nunca devolvió las ayudas que recibió del Gobierno de Cantabria pese a que no cumplió con el objetivo por el que las recibió y sin que culminaran los pasos para poder recuperarlas.

Revilla en la asamblea del PRC de Torrelavega en la que se reelegía a López Marcano como secretario general

Esta parte, la de las ayudas, es la que sigue pendiente de resolución en los tribunales de la gestión del Racing y por la que sigue viva la imputación del que fuera consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano.

Marcano era recientemente reelegido como secretario general del PRC de Torrelavega –donde el candidato a la Alcaldía es su hijo, Javier López Estrada, teniente de alcalde– y hace unos meses era reelegido también para la dirección del partido a nivel autonómico -entre mensajes de Revilla sobre el regreso del exconsejero al Ejecutivo–, después de que no pudiera formar parte del actual Gobierno y abandonara el Parlamento como exigencia de Podemos para permitir la investidura de Miguel Ángel Revilla como presidente.

Además, el último informe de fiscalización de Cantabria del Tribunal de Cuentas, consultado por EL FARADIO, relata como el Gobierno del PP inició el procedimiento de revocación de la ayuda al asumir que nunca se iba a cumplir con lo acordado, y como PSOE y PRC declararon, al volver al Gobierno, la caducidad de ese expediente.

En concreto, según recuerda este organismo estatal, existía un convenio del Gobierno de Cantabria con el club. Se firmó en 2006 (gobierno PRC-PSOE), por una duración de once años, e implicaba aportaciones económicas de 2 millones de euros anuales (durante los once años), para la promoción del deporte base y la promoción exterior de Cantabria a través del club.

En 2012 y 2013 se reconocían las obligaciones derivadas, pero no se pagaron. En 2014 no se reconocieron las obligaciones, y en 2015 y 2016 (último año de vigencia del convenio) ya ni siquiera había partida presupuestaria.

El 9 de enero de 2014, el Consejo de Gobierno (período de la mayoría absoluta del PP (entre 2011 y 2015), acordó resolver el convenio, para lo que incoó el expediente con el que se abría ese proceso, toda vez que el club no presentó la documentación con la que se justificara que había cumplido aquello para lo que se le dio el dinero (como se hace en general con las subvenciones que concede la Administración).

Apenas cinco días después pasaron dos cosas:

1) La Consejería de Cultura acordó el inicio del procedimiento de revocación de la ayuda.

2) El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria admitió a trámite la querella presentada por la empresa pública CANTUR por la compraventa del club verdiblanco

Dos años después de esa fecha, el 17 de marzo de 2016, el Gobierno de Cantabria (de nuevo PRC-PSOE), acordó declarar la caducidad de ese expediente, al haber pasado más de un año desde el inicio del procedimiento de revocación y reintegro sin que se produjesen (días después, se asumió, en otro acuerdo del Consejo de Gobierno, que conseguir los objetivos del convenio –la promoción del deporte base y la promoción exterior de Cantabria—era “inviable”.

Esto se hace en aplicación de la Ley de Subvenciones de Cantabria, que en su artículo 45.4 regula lo relacionado a las revocaciones de las ayudas, fijando en 12 meses el plazo, contados desde la fecha del acuerdo de iniciación. Ese acuerdo se firmó el 14 de enero de 2014, con lo cual finalizaba el 14 de enero de 2015, todavía en período de gobierno del PP. El artículo legal que se invoca también estipula que tiene que constar un intento de notificación.

En el acuerdo por el que se declara la caducidad se recoge la necesidad de incoar un nuevo expediente, ante la inviabilidad de la consecución de los objetivos del convenio firmado en 2006.

Pero el Tribunal de Cuentas observa que el propio convenio fijaba como causa de resolución el que no se cumpliera con los compromisos, y que si ese incumplimiento fuera culpa del club, no se seguiría pagando y tendría que devolverse lo ya abonado.

Esto último, la devolución de las ayudas, no ha sucedido. Y tampoco consta avance en la parte judicial, en la que tras el archivo del grueso de la causa de la compraventa, queda pendiente precisamente la parte de las subvenciones, la que afecta a López Marcano.

En sus alegaciones, el Gobierno de Cantabria responde al Tribunal de Cuentas que tampoco tiene noticias sobre el proceso judicial y que para saberlo realizó el pasado mes de octubre de 2018 una consulta «infructuosa» a la Consejería de Presidencia –de la que dependen los Servicios Jurídicos del Ejecutivo autonómico–, que le respondió que «no constaba» que la Administración se hubiera personado como parte interesada en ese procedimiento.

Gobierno y club llegaban el pasado mes de marzo, según adelantaba EL DIARIO MONTAÑÉS, a un acuerdo para la devolución de este dinero, a través del ICAF (Instituto Cántabro de Finanzas), que implica la reestructuración de la deuda de 2 millones de euros anuales, pero que será devuelta de forma inmediata a la Fundación Racing- durante los próximos diez años, con lo que pagará 200.000 euros anuales hasta 2028.