La plataforma Stop Desahucios ha alertado de un nuevo desahucio previsto para el próximo martes, 12 de febrero, en Santoña. Para evitarlo, han anunciado que convocarán una concentración en la localidad para parar el desalojo si no se suspende.

Activistas antidesahucios en un desahucio en Santander (noviembre 2015)

Los afectados son una pareja en situación de desempleo que son padres de tres hijos, de 20, 15 y 7 años. La orden de lanzamiento la ha emitido el juzgado de primera instancia e instrucción nº 2 de Santoña, tras la demanda de la sociedad instrumental Buildingcenter, propiedad de La Caixa y dedicada a la gestión de activos de la entidad bancaria.

Este tipo de sociedades son comunes por los bancos para proceder a los desahucios e, incluso, comienza a ser práctica habitual que efectúen sus acciones por la vía penal, para mayor indefensión de los afectados.

LA PLATAFORMA ALEGA «INDEFENSIÓN» PORQUE A LOS AFECTADOS SE LES DIJO QUE NO TENÍAN DERECHO A ASISTENCIA LEGAL GRATUITA

La pareja sobrevive actualmente con una renta social básica de 630 euros y tienen una deuda de apenas 1.200 euros y 600 euros del agua.

Su situación comenzó en 2014, cuando cedieron mediante dación en pago su vivienda habitual a La Caixa, entidad con la que firmaron un préstamo hipotecario hace 16 años. Por esas fechas firmaron un contrato de alquiler social pero, debido a la situación de desempleo y de pobreza sobrevenida, no pudieron satisfacer los pagos de las cuotas de alquiler en los últimos meses.

El Gobierno cuenta con una oficina específica para situaciones de emergencia relacionadas con la vivienda.

La plataforma Stop-Desahucios está tratando de mediar en el Juzgado de Santoña con una negociación con Buildingcenter para suspenderlo. Uno de los portavoces de la plataforma, Roberto Mazorra, ha denunciado que “lo más grave” es que Elena y Diego, los afectados “no han podido defenderse de la demanda” porque fueron mal aconsejados, “ya que les informaron que no tenían derecho a justicia gratuita. Lo cual es falso”.

“Es cierto que no es preceptiva la asistencia de abogado y procurador en procedimientos civiles cuya cuantía esté por debajo de 2.000 euros. Sin embargo, cuando una de las partes, en este caso la parte demandante, se presenta con abogado y procurador, la otra parte, la demandada, tiene también derecho a personarse con abogado y procurador, de oficio en este caso. De otra forma, se produciría una indefensión de libro y se conculcaría la tutela judicial efectiva por desigualdad flagrante entre las partes”, concluye Mazorra.

Precisamente, esa ha sido una de las alegaciones que se han presentado en la solicitud de suspensión presentada en el juzgado de Santoña. La otra es la basada en la sentencia 1797/2017 del Tribunal Supremo, que obliga a la actuación de los poderes públicos cuando hay menores ante situaciones de riesgo de desahucio, situando el bienestar de las familias por encima del derecho a la propiedad, al menos, temporalmente mientras subsista la situación de los menores.

Una de las propuestas que han puesto sobre la mesa de negociación para evitar el lanzamiento es pagar la deuda de forma fraccionada. En este momento, la familia está a la espera de la respuesta positiva de la entidad asociada a Caixabank.

La plataforma Stop-Desahucios se reúne los martes en el centro cívico Numancia, sito en la Calle Cisneros 76. Para contactar con ellos aportan un teléfono de contacto, el 671248146.