El 7 de marzo será el juicio por las primarias en Podemos Cantabria, que quedaron suspendidas cautelarmente ante la posible vulneración de derechos fundamentales de los candidatos, a raíz de la crisis que supuso que en base a un informe de un órgano ligado al partido apartara de las primarias a la secretaria general y diputada en el Congreso, Rosana Alonso, candidata en el proceso.

José Ramón Blanco, Alberto Bolado y Verónica Ordóñez, cuando ‘reinaba’ la paz en Podemos, recién elegidos diputados.

Las denuncias iban dirigidas contra el anterior candidato, José Ramón Blanco, que se apartó de la carrera al trascender públicamente las acusaciones, y entre las denunciantes está la diputada Verónica Ordóñez, candidata a las primarias (fue rival de Alonso tanto en la carrera por la dirección del partido –en ese caso perdió– como en la de la candidatura autonómica –no se han llegado a celebrar–).

Este jueves se celebraban las cuestiones previas, a la que Alonso y su equipo (también ‘castigados’ en base a ese informe) acudieron con intención de llegar a un acuerdo y que quedara visto para sentencia.

Sin embargo, desde la otra parte se han propuesto una serie de declaraciones, entre las que se encuentran las de José Ramón Blanco, diputado autonómico, objeto de las denuncias en clave interna –que después han ido llegando a tribunales en dos de los tres casos–, así como la de Verónica Ordóñez, rival de Alonso en las primarias; la presidenta del Comité de Garantías –es un órgano interno de Podemos en el que se dirimen cuestiones que afecten a los derechos de sus miembros—y a tres representantes del Comité de Salud y Seguridad Laboral, que es el organismo que emitió el dictamen en base al cual se han producido las decisiones que apartaron a Alonso de las primarias (y cuyos miembros eran desconocidos hasta ahora).

Desde que estalló la crisis han cambiado muchas cosas: hay una nueva dirección en Podemos, una gestora –autodenominada Equipo Técnico–, compuesta por personas afines a Verónica Ordoñez. La gestora ha renegado de los diputados José Ramón Blanco y Alberto Bolado, suspendidos de militancia y se la devolvió a Verónica Ordóñez, a quien se le había suspendido previamente. Ordóñez abandonó el grupo parlamentario, que al pasar de tres a dos miembros no cumplía los mínimos para existir, de forma que ahora Podemos en el Parlamento ya no existe como tal y sus iniciativas legislativas han decaído. Con todo, la gestora considera como su representante en el Parlamento a Ordóñez, que está en el grupo de los no adscritos y a quienes sus excompañeros recuerdan su actual condición de tránsfuga.

El tiempo apremia: el juicio será en marzo y las elecciones en mayo, por lo que previamente habrá que realizar trámites para los nombramientos de los candidatos y miembros de la lista de Podemos.

Ya en diciembre trascendió que el departamento legal de Podemos está estudiando el modo de confeccionar las papeletas de las próximas elecciones autonómicas sin necesidad de recurrir a las primarias.

“En nuestro código ético se explica que los cargos se eligen por primarias, pero si un juzgado no te deja hacer, habrá que encontrar una manera de configurar las papeletas que sea respetuosa con la voluntad de la organización y que nos permita que nos presentemos a las autonómicas tanto en Cantabria como en La Rioja”, manifestó en enero Pablo Echenique, secretario de Organización a nivel estatal.

Desde el equipo de Rosana Alonso concluyen que estas peticiones de declaraciones por parte de la otra parte (cuando las anteriores decisiones se basaron en documentos, sin necesidad de las declaraciones que solicitan ahora) suponen un intento de dilatar los plazos para que no dé tiempo a que el representante de Podemos salga elegido de un proceso de primarias,