Unión de Consumidores de Cantabria ha pedido que los jueces, ante la ejecución del desahucio, reclamen a la administración una solución previa para que los afectados no se queden en la calle.

Esta asociación de defensa de los consumidores considera que las administraciones públicas no pueden mirar para otro lado porque tienen la responsabilidad de cumplir la Constitución Española, que garantiza el derecho a una vivienda digna.

La asociación considera necesario impedir situaciones como la ocurrida en Santoña esta semana donde una familia con tres hijos -que vive de una renta básica de 630 euros- ha estado a punto de ser desahuciada de una vivienda en alquiler social por haberse retrasado en el pago de 1.800 euros.

A juicio de UCC, inexplicablemente ninguna administración –ni ayuntamiento ni Gobierno de Cantabria- les han facilitado otra vivienda y si no llega a ser por un ciudadano anónimo, que ha donado el dinero altruistamente, esta familia podría estar en la calle.

Desde la asociación se revindica que ninguna persona puede quedarse sin un lugar donde vivir y que las administraciones públicas son responsables de ello, porque tienen el deber constitucional de garantizar una vivienda digna en la fórmula que se considere oportuna para cada caso.

Unión de Consumidores de Cantabria exige que se cumpla el mandato constitucional y que las autoridades –en este caso judiciales- no miren para otro lado, y de acuerdo con la Constitución exijan a la administración competente (ayuntamientos o comunidad autónoma) una vivienda y condiciones de vida digna a los ciudadanos afectados por los desahucios, y ello antes del desalojo definitivo para que estas personas no tengan que verse en la calle.

DERECHO CONSTITUCIONAL

El derecho a una vivienda digna y adecuada aparece recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, más concretamente, en el artículo 47 de la Constitución Española. Donde también establece que los poderes públicos promoverán las condiciones y normas necesarias para hacer efectivo ese derecho. El mandato constitucional es papel mojado para nuestros gestores políticos que todavía, cuarenta años después, no existe un desarrollo legislativo de este derecho. Por tanto, está considerado como una mera aspiración al no ser considerado por la propia carta magna un derecho fundamental.

El Gobierno cuenta con una oficina específica para situaciones de emergencia relacionadas con la vivienda.

Para UCC, el derecho a una vivienda digna supone vivir de forma integrada en la sociedad y tener acceso a suministros básicos como agua y suministros energéticos.

UCC considera que antes de modificar la Constitución hay que cumplirla. “Han pasado cuarenta años y aún están pendientes la aplicación de los derechos que se recogen en ella”, denuncia, “y los diferentes gobiernos han intentado sustituir el derecho constitucional con medidas de solidaridad o caridad”.

Los derechos que consagra la constitución española “no deberían ser ni literatura ni simples declaraciones de intención. Son principios que deben desarrollar las leyes”. “Nuestros políticos, tal vez interesadamente, parecen haberse olvidado de ellos”, denuncia la asociación, “han conseguido que no se apliquen y han creado incluso la sensación de que no existen”.

“Las desigualdades, las injusticias sociales y el incumplimiento de la constitución son un hecho irrefutable hoy en día en nuestra sociedad que provocan la desesperanza de muchas personas”, señalan desde UCC.

“Mientras nuestros compatriotas saltan al vacío al ser desahuciados, existe el derecho a una vivienda digna. Mientras vemos como quienes más tienen menos impuestos pagan, existe el principio de contribución de acuerdo a la capacidad económica”, recuerda la asociación.

Unión de Consumidores de Cantabria llama a los ciudadanos a reivindicar sus derechos y exigir a los gobernantes que los derechos constitucionales sean las líneas de actuación política para conseguir una sociedad más justa.

EMERGENCIA HABITACIONAL

El Gobierno de Cantabria dispone desde esta legislatura del recurso de la Oficina de Emergencia Habitacional, dependiente de la empresa pública GESVICAN de la Consejería de Obras Públicas, especializada en funciones de mediación y asesoría para afectados por desahucios y problemas con la vivienda.

El horario de atención es de lunes a viernes en la calle Juan de Herrera 2-4, 5ª planta, de Santander y es preciso solicitar cita previa en los números de teléfono 942 31 89 32 y 942 31 89 80.

Los interesados también pueden dirigirse a través de internet en el correo electrónico emergenciahabitacional@gesvican.es y encontrar toda la información en www.emergenciahabitacionalcantabria.gesvican.es.