La asociación ecologista ARCA ve en el proyecto de las escolleras –paralizadas, pendientes de una decisión definitiva sobre su continuidad o no– de La Magdalena una muestra más del modelo del PGOU de Santander, aprobado en 2012 y anulado por el Tribunal Supremo en 2016, que “imponía” a la ciudad un modelo de expansión y “masificación” constructiva que ocupaba todo el territorio, “hasta el límite de la capacidad del suelo del municipio”.

Protesta contra el dique de La Magdalena

En ARCA, integrantes junto a Ecologistas en Acción o el grupo Alceda, de la plataforma Salvar La Magdalena, recordaban que ya en 2.007, desde los inicios de la tramitación del anulado plan, se proponía para el tramo litoral comprendido entre La Magdalena y Gamazo, la construcción de dos espigones, piscinas de agua de mar, balnearios, instalaciones hoteleras y de talasoterapia… y hasta un puerto deportivo.

Es decir, “la transformación y alteración del paisaje más singular, valioso y representativo de Santander, introduciendo un modelo centrado en la masificación y saturación del espacio libre litoral, frontalmente agresivo y sin considerar los criterios más básicos de respeto a la alta calidad del paisaje escénico de este lugar”.

En este sentido, inciden en que para el frente marítimo de la zona La Magdalena-Gamazo, la construcción de las escolleras “representa la continuidad de esta tendencia urbanística, que imitando los errores cometidos en la costa mediterránea, pretende ocupar incluso la misma lámina de agua”.

“El objetivo de las escolleras no sólo es convertir a la Magdalena en una piscina de agua salada, sino además pretenden ser la avanzadilla de un proceso de “marbellización” del entorno, con amplia y variada proliferación de construcciones e instalaciones turísticas, que ignoran o agreden directamente al paisaje”.

Por tanto, consideran que “no tiene sentido que habiendo anulado el Tribunal Supremo en 2.016 la totalidad del Plan General que daba soporte a esos desarrollos, se intente de forma extemporánea pretender la continuidad de su proyecto más impactante y socialmente polémico, que amenaza con arruinar definitivamente el enclave más sobresaliente e identitario de la bahía, al igual que su imagen y potencial turístico”.

Y reclaman que la “consecuencia lógica y coherente” de la anulación del PGOU es la retirada del actual espigón “por estar fundamentado en un planeamiento urbanístico cuyos principios, planteamientos y objetivos ya no están vigentes”.

El IH centra en las instituciones los primeros pasos del futuro plan de gestión de la Bahía