Sede del ICASS y del SCE, registrada por la UDEF hace más de dos años || Foto: Carlos Atienza

El Servicio Cántabro de Empleo (SCE) se ha personado como posible perjudicado en la investigación penal de un presunto fraude en los cursos de formación de la comunidad autónoma, a instancias de la Fiscalía de Cantabria.

En una decisión que finalmente no ha pasado por el Consejo de Gobierno, los Servicios Jurídicos de la Consejería de Presidencia registraron la petición el pasado 4 de febrero, según información a la que ha tenido acceso EL FARADIO.

La Fiscalía de Cantabria investiga la posible comisión de varios delitos de fraude en subvenciones públicas, estafa y falsedad documental por parte de varias empresas adjudicatarias de subvenciones para los cursos de formación en Cantabria.

El ministerio fiscal había apremiado al Gobierno a que se personara antes de final de enero en el procedimiento para tener conocimiento de las actuaciones como perjudicado por “posibles maniobras defraudatorias”. En abril termina la prórroga de seis meses para seguir investigando, concedida por la Fiscalía General del Estado.

Ahora el SCE manifiesta su intención de reclamar en caso de  que las diligencias se judicialicen y tendrá acceso a todas las actuaciones.

Todo parte de la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a partir de la denuncia de una academia, el Centro Cossio Formación. La Fiscalía descartó en junio la primera línea de investigación del cohecho y la prevaricación y reorientó entonces las actuaciones al ámbito de las empresas.

En los últimos meses, varios responsables de los centros de formación han sido requeridos para que entreguen diversa documentación y han sido llamados a declarar ante la UDEF y ante la Fiscalía, que este mes de enero ha vuelto a pedir al Gobierno nueva documentación sobre los cursos aprobados a las academias desde 2010.

LAS MORDIDAS A LAS SUBVENCIONES

Los informes de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción acreditan “mordidas”  a las subvenciones que recibían por la formación, por parte de las empresas encargadas de dar los cursos.

En concreto, describen un esquema de facturas y contrafacturas en el que se obligaba a profesores autónomos a devolver parte del sueldo.

Asimismo, a la UDEF le llama la atención que haya diferentes precios por la hora de clase, según los profesores, que cuando son los dueños de las academias cobran más. Y tampoco está demostrado que dieran las horas de tutoría, a veces más caras que las propias clases.

LA INVESTIGACIÓN DE LA UDEF

La policía judicial lleva investigando distintas irregularidades e indicios de delitos en la comunidad autónoma desde hace más de dos años. En diciembre de 2016 empezó a sustanciarse en forma de registros de varias sedes del Gobierno y de petición de un enorme volumen de documentación.

La investigación de los cursos de formación comprende un periodo de más de una década. Parte de varias denuncias del Centro de Estudios Cossío, distintas acciones judiciales que desembocaron en un informe de la Brigada Anticorrupción de la UDEF.

La denunciante argumentaba que su exclusión de los cursos había estado determinada por un entramado funcionarial con conocimiento y participación de altos cargos de sucesivos gobiernos del PSOE y del PP, según su relato, por negarse a participar en la entrega de dádivas y regalos a funcionarios a cambio de adjudicaciones.

Pero esta línea de investigación que apuntaba al cohecho y la prevaricación fue archivada por la Fiscalía, en un decreto el pasado mes de junio, al no poder acreditarse la relación entre esas mordidas de los centros a las subvenciones y los responsables de la administración investigados.