Sede del ICAF en el Edificio de Piedra (Paseo Pereda de Santander)

Los tres responsables señalados en el informe de auditoría de la Intervención autonómica en el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) por el cobro de sobresueldos ilegales, entre ellos el actual director gerente Jesús Bulnes – en su etapa como responsable económico financiero-, tendrán que devolver definitivamente las cantidades percibidas de forma indebida, cerca de 10.000 euros en total. Las otras dos empleadas afectadas son la responsable jurídica, Maria Eugenia Gómez y la secretaria de dirección.

Así lo ha resuelto la Intervención General, que ha desestimado las discrepancias que presentó el ICAF. Según ha confirmado a EL FARADIO la Consejería de Economía, la devolución de las cantidades cobradas por encima de los límites legales se abordará en el próximo Consejo Ejecutivo de la empresa pública, previsto el próximo 27 de febrero.

Tanto la secretaria de dirección como Bulnes tuvieron una subida salarial por encima del 5% cuando la ley establecía un límite del 1%. Respecto a ‘Maru’ Gómez, las cantidades a devolver responden al cobro de dietas por ejercer de secretaria de los consejos Ejecutivo y de Supervisión del ICAF.

En manifestaciones públicas previas, el consejero de Economía, Juan José Sota (PSOE), aseguró que en caso de no admitirse las discrepancias los empleados del ICAF devolverían todo el dinero.

BULNES, ‘MARU’ GOMEZ Y LA SECRETARIA DE DIRECCIÓN

El equipo auditor señalaba en el informe definitivo que se cobraron incrementos salariales a partir de 2016 muy por encima del 1% legal. En concreto, una subida del 5,5% en la nómina del responsable financiero, Jesús Bulnes, y del 5,56% respecto a la secretaria de dirección, B.F.A.

Eso implicó el cobro indebido de 2.049,98 y 1.113,58  euros respectivamente, también en 2017, al no ajustarse a los límites presupuestarios de la comunidad autónoma recogidos en las sucesivas leyes de presupuestos aprobadas en 2014, 2015 y 2016.

En consecuencia, la Intervención los declara “nulos de pleno derecho desde que se produjeron” y mantiene en su auditoría definitiva la reclamación de la devolución de esas cantidades, más de 4.000 euros Bulnes y más de 2.200 euros la secretaria de dirección.

En el caso de Maria Eugenia ‘Maru’ Gómez, responsable jurídica en el organigrama, el ICAF pagó dietas de 150 euros desde el 27 de agosto de 2015 por ejercer de secretaria de las reuniones, tras el cambio de Gobierno del PP al PRC-PSOE.

Ante las “dudas” sobre si Gómez tenía derecho a percibir dietas, las auditoras del informe de Intervención consultaron al entonces Subdirector General de Control Financiero, Rafael Gutiérrez – nuevo Jefe de Contratación del Servicio Cántabro de Salud y responsable de Hacienda de la dirección regional del PP de Cantabria- y a la Jefa de la Asesoría Jurídica de la Intervención General.

Y los informes determinaron que el cobro de dietas “no es ajustado a derecho», por lo que Intervención consideró que resultaba «proscrito” extender el cobro de dietas a “supuestos no previstos” en la propia normativa de creación del Instituto Cántabro de Finanzas (2008).

Desde que fue nombrada, la cantidad percibida por Gómez en este concepto asciende a 3.450 euros (600 en 2015, 1.500 en 2016 y 1.350 euros en 2017).

Tanto Bulnes como Maru Gómez han sido comparecientes en las investigaciones parlamentarias de CANTUR, por el caso Racing (Bulnes fue el autor del informe con el que el TSJC acreditó la pérdida patrimonial de 44 millones de euros públicos en el club de fútbol), o de ECOMASA, por su conocimiento de las operaciones del Gobierno en ambas gestiones muy polémicas.

LO QUE ALEGABA EL ICAF

En respuesta a los periodistas en el Parlamento de Cantabria, cuando el consejero de Economía explicó las discrepancias que había planteado el ICAF (ente que preside el propio Juan José Sota), aseguró que en caso de que no se tuvieran en cuenta su disconformidad se procedería al reintegro de las cantidades señaladas y sus intereses.

El consejero alegó distintas circunstancias en defensa de las percepciones de los empleados del ICAF. En relación a la secretaria, esgrimió que había asumido funciones como la elaboración de nóminas (en total hay siete trabajadores en la empresa) que previamente estaban externalizadas a la consultora internacional Price Waterhouse Coopers y que, de hecho, se había producido un ahorro anual en 2017 al pasar de un coste por la externalización de 3.115,75 euros a un incremento de 1.113,58 euros en la nómina de la secretaria.

Respecto al director gerente, Jesús Bulnes, el también presidente del ICAF argumentó que se le encomendaron nuevas funciones no recogidas en el Manual de Funciones – aprobado con posterioridad- , como nombrar a Bulnes representante del ICAF en el Consejo de Administración de la Sociedad de Garantía Recíproca de Santander, S.G.R. (SOGARCA).

Y sobre la responsable jurídica, Maru Gómez, el consejero defendió que la indemnización (dietas) a la persona que ejerce la función de la Secretaría en los plenos del ICAF está recogida en las normas de funcionamiento interno, salvo cuando las ejerce un alto cargo (y no considera este puesto como tal).

DISCREPANCIAS RECHAZADAS POR UNA CUESTIÓN DE FORMA

Intervención rechaza las discrepancias del ICAF por una cuestión de forma, ya que según una instrucción de una circular del año 2007 sólo caben cuando hay un informe de actuación, por lo que el ICAF no puede discrepar y se tiene que limitar a cumplir lo que pone en la auditoría (que los empleados tienen que devolver el dinero).

Un informe de actuación es un informe técnico que se contempla para casos de especial gravedad y de momento no se considera así. Será en el próximo informe de seguimiento cuando Intervención compruebe si se ha cumplido esta medida – y  el próximo control financiero en el ICAF no será hasta, como mínimo, el ejercicio 2020, porque no es una de las empresas y públicas incluidas en el Plan Anual de Control Financiero de 2019.

Entonces sí, de haber incumplimiento – de no devolverse para entonces los sobresueldos- Intervención podría emitir un informe de actuación frente al cual, entonces sí, el ICAF podría presentar discrepancias, que en última instancia tendría que resolver el Consejo de Gobierno.

NO TRASCENDIERON LOS SOBRESUELDOS EN PLENA NEGOCIACIÓN DEL PRESUPUESTO

Los sobresueldos en el ICAF se plasmaron en el Informe Definitivo de Auditoría de Cumplimiento y Operativa del ICAF sobre Recursos Humanos y Eficiencia, fechado el 11 de octubre de 2018 y que no había trascendió hasta que lo publicó EL FARADIO el pasado mes de diciembre.

Aunque el consejero de Economía defendió en su exposición ante los medios que había remitido la información al Parlamento, y que por lo tanto estaba a disposición de los grupos políticos, confundió sobre el documento enviado a la Cámara el 22 de noviembre, que fue la auditoría privada anual de las cuentas del ICAF (encargada a BDR Auditores), pero  no el informe definitivo de Intervención, que es el órgano público de fiscalización del Gobierno de Cantabria y de sus empresa públicas.

Tampoco tuvo acceso a este informe definitivo el Consejo de Supervisión, en el que están los representantes de los partidos políticos con presencia en el Parlamento, agentes económicos como CEOE y sociales como lo principales sindicatos o la patronal.

Aunque Sota ha defendido que no ha habido ánimo de ocultación, la información de los sobresueldos en el ICAF no trascendió durante la negociación de los presupuestos de Cantabria para 2019; cuando se conoció la noticia, el acuerdo estaba cerrado con Ciudadanos, que de hecho minimizó la imputación del consejero (ya archivada) en el caso SOGIESE, también relacionado con sobresueldos.

TRIBUNAL DE CUENTAS SEÑALÓ OTROS 42 CASOS EN ETAPA DEL PP

En su defensa, el consejero socialista también se quejó de la diferencia de trato entre este caso del ICAF y otros sobresueldos que no han trascendido y que, efectivamente, también señala el Tribunal de Cuentas en su Informe Anual de Fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria correspondiente al Ejercicio 2014, en la etapa de Gobierno del Partido Popular.

En el apartado de limitaciones adicionales a las retribuciones en el sector empresarial y fundacional, señalaba los límites salariales derivados de la ley de Medidas Adiministrativas, Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos, salvo excepción expresa por acuerdo del Consejo de Gobierno.

En ese documento de fiscalización, que ha podido cotejar EL FARADIO, se recogían los sobresueldos de 42 trabajadores y altos cargos de empresas públicas, desglosados en seis empleados de SOGIESE, otros seis de la Sociedad Regional de Educación Cultura y Deporte (SRECD), dos de CANTUR, 21 de MARE y otros siete directores y gerentes del ICAF, SRECD, Fundación Campus Comillas, Festival Internacional de Santander y CANTUR.