Cantabria tuvo que pagar 108.000 euros extra en pagos a proveedores sanitarios, por conceptos como intereses o costas judiciales.

Y todo por no haber dejado constancia que esos pagos se hacían en aplicación del mecanismo extraordinario de pago a proveedores que precisamente evitaba el pago de intereses.

Los proveedores sanitarios acumularon miles de facturas impagadas

Así lo refleja el informe de fiscalización de la comunidad autónoma relativo al año 2016, que acaba de ver la luz, consultado por EL FARADIO, que detalla el pago total de 155.000 euros por parte del Servicio Cántabro de Salud en concepto de intereses y deudas por el impago de facturas.

De ese total de 155.000 euros, 108.000 podían haberse evitado, y constaron avisos expresos de la Justicia que lo habrían permitido.

Se refiere el Tribunal de Cuentas a seis resoluciones judiciales en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo –los que tratan cuestiones relacionadas con la administración— por pagos atrasados, en períodos de gobierno del Partido Popular.

Tal y como indica este organismo estatal fiscalizador, los proveedores a los que Sanidad debía dinero se acogieron a un acuerdo adoptado en 2012 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que creó un mecanismo extraordinario para financiar el pago a proveedores de las comunidades autónomas.

Y entre las condiciones se establecía que el abono a favor del proveedor conllevaría la extinción de la deuda por la parte principal, pero también por los intereses, costas judiciales y otros gastos extras más allá del propio importe.

Y pese a contarse con esta fórmula, se dieron varios casos en los que no se aplicó:

-Una sentencia de 2013 del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Santander indicó que el Servicio Cántabro de Salud no acreditó que el pago de la parte principal se hubiera hecho en base al mecanismo (tenía que haber aportado documentación). Y además no recurrió la sentencia, lo que supuso el pago de 20.000 euros extra, por intereses y otros costes, al proveedor sanitario AH.

-En 2014, un auto del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Santander constata que el SCS no acreditó el uso del mecanismo extraordinario. Y eso a pesar de que hubo un requerimiento expreso del Juzgado para que lo hiciera. Ni se presentó ni se recurrió en plazo, por lo que finalmente Cantabria tuvo que pagar 17.000 euros extra al proveedor LI.

-Y en enero de 2015, un auto del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Santander añade que en otra sentencia previa sobre el mismo asunto no contempla la renuncia al pago de los intereses derivado de la adhesión al mecanismo del pago a proveedores. Se presentó un certificado de abril de 2013 que no probaba que las facturas fueran pagadas en esa fecha. En consecuencia, se pagaron 71.000 euros al proveedor P.

En mayo de 2012, el Gobierno de Cantabria (entonces PP) exhibía que gracias al mecanismo de pago a proveedores aprobado por el Gobierno central (también PP) había conseguido que se eliminara su deuda sanitaria (las facturas en el cajón, objeto recurrente de críticas desde el PP en la oposición a los gobiernos PSOE-PRC). En total, había presentado unas 96.000 facturas impagadas por un importe de alrededor de 330 millones de euros

El gasto por receta farmacéutica constituye el principal componente del gasto en el capítulo 4 del
SCS y ha ido acumulando retrasos.

Por ejemplo, se imputaron 34,9 millones de euros al presupuesto de 2016 por el gasto de las recetas médicas de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015, mientras que se imputaron gastos de 47,8 millones al presupuesto de 2017, donde se incluyen las facturas de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016.

SOBRECOSTES EN LA COMPRA DE PRÓTESIS DE RODILLA

Otro caso de gestión de la sanidad que reseña el Tribunal de Cuentas es el sobrecoste que supuso la adquisición de prótesis de rodilla en el Hospital Sierrallana (Torrelavega) y en el Tres Mares (Reinosa) a través de un contrato menor.

Se hizo a un proveedor que no estaba en el listado de proveedores del acuerdo marco, y por un importe superior al establecido: con el acuerdo se hubieran pagado 24.000 euros, y lo que se pagó fueron 41.000.

Esto sucedió en el 2016 (ya con gobierno PSOE-PRC), y si bien se reclamó ese dinero y se reintegró, como comunica el Servicio Cántabro de Salud en sus alegaciones, en 2017 el Tribunal de Cuentas ha detectado que volvió a darse la misma situación.