La idea de que Colombia se encuentra inmersa en un proceso de paz y que las FARC han dejado las armas se ha extendido a nivel mundial gracias al trabajo de divulgación del expresidente colombiano, Juan Manuel Santos.

Pero los activistas y líderes sociales cuentan que la situación no se ha solución y que, lejos de ellos, continúa la impunidad y la criminalización de la protesta social en los diferentes departamentos del país.

Mª Ninfa Cruz.

Mª Ninfa Cruz, defensora de derechos humanos a través de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC) de Colombia, ha iniciado recientemente una gira internacional para denunciar estos procesos.

Estará en Barcelona, Amsterdam u Oslo… antes de acabar en Ginebra, en una cumbre de la ONU para denunciar por las violaciones masivas de derechos humanos en Colombia, que han organizado las Brigadas Internacionales.

En su visita a Santander, la activista de COSPACC ha estado este martes en La Vorágine y ha hablado con EL FARADIO DE LA MAÑANA (Arco FM 103.2), donde ha explicado el trabajo que están llevando ahora de memoria y reconstrucción del tejido social. “Colombia no es un remanso de paz, sigue en guerra”, asegura tajantemente. “La realidad del proceso de paz no se ha cumplido porque lo retrasan y siguen en la impunidad y sin cumplir los pactos de la Habana”. Además, lamenta que Iván Duque, actual presidente, “se preocupa más por la guerra de Venezuela que por la de Colombia cuando debería preocuparse por su pueblo”.

Su crítica viene porque los problemas no se han solucionado en ningún caso, ya que diferentes organismos internacionales han señalado la criminalización que vive la comunidad campesina de diferentes departamentos, aún con múltiples estrategias con el objetivo de paralizar su labor y/o deslegitimar las causas que defienden.

La vulneración de los derechos humanos en los años 90 se vio acrecentada con la proliferación de grupos paramilitares y la guerrilla con las FARC. Algo de lo que, “mucha culpa”, asegura que tienen las empresas multinacionales que llegaron al país en busca de sus recursos energéticos.

“SE LLEGÓ A EJECUTAR DE FORMA EXTRAJUDICIAL A LOS LÍDERES SOCIALES”

Ella destaca la llegada de la empresa internacional British Pretoleum al departamento de Casanares. “El propósito era sacar nuestros recursos naturales”, denuncia. Tras esto, cuenta que “se empezaron a organizar grupos paramilitares para desplazar a los campesinos de sus territorios” y, a través de ellos, “se llegó a ejecutar de forma extrajudicial a líderes sociales” que reclamaban por los derechos sociales de la población.

Aunque en esta zona fue especialmente tensa, esta situación se vivió a nivel nacional. Ella misma comenzó en esos años su activismo social, marcado por las desapariciones forzosas de compañeros, amenazas, persecución y criminalización de todo el colectivo. “Al final los líderes tuvimos que escapar”, ella hasta en cinco ocasiones. “He vivido mucho tiempo en la clandestinidad”.

LOS CRÍMENES ESTÁN SIENDO IMPUNES

Desde el año 2002, los activistas comenzaron a documentar esas violaciones de derechos humanos que les ha llevado a más persecuciones. De hecho, ella misma sufrió en 2006 un intento de desaparición.

Estas investigaciones han llevado a numerosos juicios a militares y paramilitares por crímenes contra la humanidad que denuncian que están siendo muy beneficiosos para los acusados.

Por ejemplo, en 2007 se asesinó a Roque Julio Torres y a su padre, Daniel, crimen por el que se está juzgado a Henry Escalante, un general de la Brigada 16, “a quien han tratado de vincular a la JEP”, Jurisdicción Especial para la Paz, “para ver si sale librado”.

La cuestión es que en este tribunal, según informa el medio colombiano eltiempo.com, el 70% de los militares acusados han salido con beneficios judiciales. De hecho, de los 1.958 juzgados hasta la fecha, 1.051 quedaron en libertad. “El objetivo es que eso quede impune”, critica Mª Ninfa Cruz.

“Ahora se ha desarticulado el proceso social porque han asesinado a varios líderes sociales y de usuarios campesinos, y a nosotros nos ha tocado desplazarnos para poder resguardar nuestras vidas”, cuenta sobre la última hora en el país.

Entre los años 2003 y 2005, en el departamento de Casanares, conformado por 19 municipios, 2.400 personas fueron asesinadas y, a partir de 2005 se llevaron a cabo las ejecuciones extrajudiciales. “Ahora hay mucha persecución y estigmatización de los líderes por reclamar el derecho a la vivienda, la salud y la educación, que es algo que el Estado debería garantizarnos a nosotros”.

También acusan a muchos campesinos de estar armados y organizados contra la violencia. “Han encerrado a campesinos acusándolos de terroristas cuando es falso”. Por ello, insiste en que “hay riesgo de que quiebre el proceso de paz porque todo apunta a la impunidad”, mientras se siguen asesinando y persiguiendo a líderes sociales, que deben desplazarse para salvar sus vidas.