Ecologistas en Acción Cantabria ha acordado iniciar un contencioso administrativo contra el otorgamiento del permiso de investigación Salia, ligado al proyecto de la mina de zinc en Reocín, que afecta a seis ayuntamientos de la zona costera y central de Cantabria: Santillana, Suances, Cartes, Puente San Miguel, Torrelavega y Mazcuerras.

Mina de Reocín.

En trece meses, la empresa minera Cantábrica del Zinc pretende realizar unos 145 sondeos, la mayoría de los cuales superan los 500 metros de profundidad, en localidades como Queveda, Yuso, Mercadal, Mijares, Ganzo o Puente San Miguel.

Entre los diversos motivos del recurso, en primer lugar, destaca la ilegalidad manifiesta de la modificación de la Ley del Suelo de Cantabria en mayo de 2017, que facilitó la actividad minera en todo tipo de suelo rústico.

Esa modificación legislativa se aprobó con la única finalidad de dar expresa cobertura a una serie proyectos de explotación minera como el presente, a efectos de que puedan llevarse a cabo en todo tipo de suelo rústico de especial protección; es una norma ad hoc, para esquivar cualquier obstáculo, e incluso, para esquivar la doctrina de los tribunales, tanto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria como del Tribunal Supremo según la cual «la cuestión de la prevalencia de los intereses en juego debe abordarse al aprobar el otorgamiento del Permiso de Investigación».

Según Ecologistas en Acción, ese cambio legal «se puede considerar una desviación de poder, o cuando menos, arbitrariedad, y una norma carente de la necesaria motivación conforme a derecho» que, además, «no ha estado guiada por el interés público, ni ha respetado la Ordenación del Territorio, el Urbanismo o el Medio Ambiente».

A lo que añaden que «no se ha evaluado la compatibilidad de la actividad minera con el desarrollo social sostenible y la economía local».

El recurso judicial se suma a la acción de IU, que recientemente anunciaba que llevará el proyecto del zinc a las instituciones europeas.

IU denuncia ante la Comisión Europea el proyecto de extracción de Zinc de Salía

LA PROPIA EMPRESA ADMITE QUE SUS CIFRAS DE EMPLEO SON SUPOSICIONES

«Ni Cantábrica del Zinc, ni la Administración han tenido en consideración los efectos económicos y sociales que puede tener una actividad industrial y minera en las inmediaciones de un medio rural turístico como el del litoral Cantábrico y de toda el área afectada por la actividad turística generada por las Cuevas de Altamira y la localidad de Santillana del Mar», recalcan.

Instalaciones de la antigua mina

Tal y como inciden, Cantabria está bien posicionada como destino turístico y así lo avalan las cifras de entradas de turistas, por lo que el deterioro de la imagen asociado a la implantación de una industria extractiva en el entorno expuesto implicaría una modificación sustancial de la imagen turística.

El área del proyecto se extiende a través de seis municipios (Santillana del Mar, Suances, Torrelavega, Reocín, Cartes y Mazcuerras) con unas actividades económicas con alto riesgo de verse afectadas negativamente por la actividad minera, especialmente la actividad del sector primario, por la afección a suelos de alta capacidad de uso agrícola, y la del sector servicios relacionada con el turismo. Asimismo, en el área del proyecto de investigación se encuentra la Cueva de Altamira y su entorno preventivo, lo que deriva en un potencial daño al citado patrimonio cultural y la actividad socioeconómica generada por el mismo.

En Suances y Santillana del Mar el impacto negativo de dicho efecto alcanzaría potencialmente a 1.458 y 932 trabajadores, respectivamente. En total, en los dos municipios principalmente afectados por el proyecto de investigación se incrementaría la vulnerabilidad y probabilidad de desaparición de 2.390 empleos de manera directa.

Ecologistas detalla que las actividades extractivas tienen una capacidad de transformación física del medio extraordinaria y que comportan los impactos más importantes que pueden realizarse en el territorio.

Y recuerdan que el turismo es una actividad fuertemente dependiente de la calidad ambiental, la cual ha servido de atracción de la demanda turística en la zona.

En este sentido, apuntan a las declaraciones que han realizado tanto la empresa como el Gobierno de Cantabria, en el sentido de mostrar unos «supuestos» beneficios económicos y laborales, que se han llegado a cifrar en más de 2.000 nuevos empleos.

«Las cifras tanto aportadas por la empresa como por el Gobierno de Cantabria sobre el impacto del proyecto minero son puramente especulativas», rebaten desde la organización ecologistas.

Y se apoyan para ello en el proyecto presentado por la propia la empresa, que admite que «todos los indicadores económicos son el resultado de un modelo conceptual basado solo en supuestos, por lo tanto, no refleja los posibles indicadores de un proyecto real soportado por los estudios de factibilidad».

La anterior afirmación de la propia empresa ya indica que las cifras, aportadas tanto por la empresa como por el Gobierno de Cantabria sobre el impacto del proyecto minero, son puramente especulativas.