La oposición de Santander ha denuncia la “degradación de los servicios públicos municipales” en Santander, después de que varios despidos realizados por la empresa que gestiona la OLA (los aparcamientos) en Santander hayan acabado siendo improcedentes, frente a lo que sostuvo públicamente el Ayuntamiento de que eran “disciplinarios” y que tenían el aval del Comité de Empresa.

Según señala IU, son más de una docena los despedidos.

“Esta ha sido la marca del PP en esta legislatura”, ha señalado el portavoz del PRC y candidato regionalista a la alcaldía, José María Fuentes-Pila, que ha lamentado que “no han dejado ni uno sano”, en referencia a los servicios municipales.

“El patrón es siempre el mismo: bajas cuasitemerarias en la adjudicaciones, promesas de mantener plantillas y calidad de servicios y a los meses la realidad: menos trabajadores y peor calidad de servicio prestado”, ha señalado. Fuentes-Pila ha asegurado que “hoy por hoy tenemos peores servicios que nunca y despidos improcedentes”, mientras que desde el PSOE recuerdan que ya en su momento Pedro Casares planteó este tema en el Pleno, recibiendo la negativa del concejal Pedro Nalda de que los despidos eran improcedentes, defendiendo este que eran disciplinarios.

Por su parte, Izquierda Unida ha asegurado que esta situación ha destapado “un ERE encubierto” en la OLA de Santander. Desde el partido han manifestado que “están haciendo un seguimiento de los problemas que atraviesa la plantilla de la OLA en Santander gestionada por la empresa Dornier, la cual una vez obtuvo el contrato de gestión del servicio ha empezado a despedir trabajadores”.

Su concejal en el Ayuntamiento, Miguel Saro, asegura que la empresa que gestiona el aparcamiento vigilado en Santander ha despedido a más de una docena de trabajadores, con lo que ha extinguido a más de un 20% de la plantilla de la OLA, lo que supone “un ERE encubierto”.

“Estos despidos afectan a la calidad del servicio que se presta por parte de los controladores y la adecuada supervisión de la movilidad y la rotación de los vehículos en los espacios controlados por OLA, una de las premisas por las que en su día se implantó la ley fundamentada en la movilidad en las zonas comerciales para fomentar el comercio”, ha explicado Saro.

IU Y CS EMPLAZAN AL AYUNTAMIENTO A COMPROBAR SI LA ADJUDICATARIA ESTÁ CUMPLIENDO EL CONTRATO

El concejal de IU en Santander ha apuntado que “los despedidos están afectando también a la estabilidad y a la calidad de empleo de la plantilla de la OLA”. “Esto es un perjuicio enorme tanto para los trabajadores como para los santanderinos”, ha considerado Miguel Saro.

Es por eso que la formación política cree que “el Ayuntamiento de Santander debería hacer una vigilancia real del contrato y comprobar que los criterios técnicos y las obligaciones que se asumió el contratista en su día se están cumpliendo realmente”.

La adjudicataria fue la empresa Dornier, que se presentó con un canon “desproporcionadamente” temerario: en concreto, la adjudicación se hizo en 1,3 millones de euros, frente a los casi 1,5 millones en que se licitó.

“Nos tememos que, como siempre, esta huida de la gestión directa de los servicios públicos a empresas supongan lo habitual en el Partido Popular: más precarización y una peor calidad de la prestación del servicio, como ocurre en el servicio de recogida de basuras, en el servicio de Parques y Jardines, etc.”, ha trasladado Saro.

A esta petición se ha unido Ciudadanos, a través de su coordinador municipal en Santander, Marcos Gutiérrez, que ha denunciado que la alcaldesa «gobierna pensando en algunas personas o determinadas empresas».

Gutiérrez ha criticado que el Partido Popular «no defiende los intereses de los ciudadanos al no controlar el cumplimiento de los contratos municipales, escudándose en que han sido unos despidos disciplinarios, siendo estos improcedentes».

SANTANDER SÍ PUEDE RECALCA QUE LA SOLUCIÓN PASA POR LA REMUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO

Desde Santander Sí Puede, su concejal Antonio Mantecón ha asegurado que este muestra “una vez más que las políticas de fomento o mantenimiento del empleo no son una prioridad del equipo de Gobierno”. “No es solamente que no tengamos un plan de empleo municipal decente y digno, sino que las políticas de adjudicación de servicios públicos, a través de bajas temerarias, ponen sistemáticamente en riesgo los puestos de trabajo de los trabajadores que desempeñan esta labor”.

De hecho, consideran que las cláusulas que pone el Ayuntamiento en los contratos para garantizar esos puestos de trabajos “son excesivamente laxas e ineficaces” ya que “si la empresa aduce pérdidas en la ejecución de un servicio puede perfectamente despedir a trabajadores”.

Desde Santander Sí Puede, consideran que la mejor opción para el servicio y el mantenimiento de los puestos de trabajo pasaría por remunicipalizar el servicio.