Se ha logrado suspender el desahucio previsto para este miércoles de una familia en Renedo a través de Los Peñicas, un fondo buitre de Liberbank, el banco en el que se integra la antigua Caja Cantabria, según informan a EL FARADIO desde el colectivo STOP DESAHUCIOS.

(Foto: Carlos Atienza)

La plataforma STOP DESAHUCIOS había gestionado este caso, el de Ruben y Tamara son una pareja joven de poco más de 30 años con dos hijos de ocho y cinco años de edad. Actualmente, sus únicos ingresos son los procedentes de una renta social básica de 650,78 euros mensuales y una ayuda por hijos menores de 291 euros cada seis meses.

La familia tenía un contrato de alquiler firmado en 2013 con el anterior propietario. Desde entonces ha pasado de todo. El anterior propietario perdió la vivienda en una ejecución hipotecaria. Y la vivienda pasó a Liberbank, que se la cedió a la sociedad inmobiliaria Beyos y Ponga, y finalmente terminó en manos de Las Peñicas. La demanda se presentó por una deuda de 1.000 euros.

STOP Desahucios intentó paralizarlo recurriendo a la aplicación del reciente Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Dicha normativa, que reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil, obliga a suspender los desahucios una vez recibidos los informes sobre la situación de vulnerabilidad social y económica de los afectados por parte de los servicios sociales competentes.

Concretamente, la norma expresa que será hasta tres meses en el caso de demandantes que sean entidades y 1 mes en el caso de personas físicas.

El Gobierno cuenta con una oficina específica para situaciones de emergencia relacionadas con la vivienda.

La plataforma ha descrito la actuación de Liberbank en los últimos tiempos a través de su fondo buitre Las Peñicas, que, denuncian, «se ocupa del trabajo sucio que no quiere hacer Liberbank directamente o su sucursal Beyos y Ponga”.

Tal y como han expuesto, Las Peñicas es una sociedad con el domicilio social en la calle Serrano de Madrid. Es una sociedad limitada que se constituyó en junio de 2017 y cuyo objeto es la promoción, gestión y desarrollo de todo tipo de operaciones urbanísticas. El titular principal de la entidad es Liberbank, que inicialmente fue el socio único (sociedad unipersonal).

En relación con la situación de Liberbank y la existencia de fondos buitres en su seno, Roberto Mazorra, portavoz de la plataforma aclara que “Liberbank ha tenido diferentes formas de enfrentarse al problema de los desahucios pero en los últimos años el cambio ha sido drástico y a peor, producto, quizás, de que actualmente el máximo accionista de Liberbank sea Oceanwood, una empresa londinense de capital riesgo, es decir, una especie de fondo buitre para todo”.

DESAHUCIAR POR UN ÚNICO IMPAGO ES ABUSIVO

El Tribunal de Justicia de la Unión Europa ha considerado que las cláusulas de vencimiento anticipado presentes en miles de hipotecas que permitían iniciar desahucios con un único impago, deben ser anuladas por ser abusivas, en la misma línea que muchas otras cláusulas aplicadas en el sistema financiero español, informa EL CONFIDENCIAL.

Tribunal de justicia de la Unión Europea

Pero, a la vez, se ha avalado que los jueces «pongan remedio a la nulidad de tal cláusula abusiva sustituyéndola por la nueva redacción de la disposición legal que inspiró dicha cláusula, aplicable en caso de convenio entre las partes del contrato».

Es decir, se permite seguir el desahucio si se sustituye esa cláusula abusiva del único impago por otra que eleve el número mínimo de cuotas impagadas.

Ese cambio sólo podrá ser posible si el préstamo no puede seguir adelante sin esa cláusula, y si anular el contrato en su conjunto pudiera perjudicar al consumidor.

Pero al anularse el contrato, los bancos podrían reclamar judicialmente el pago de la totalidad del préstamo reclamando los bienes del deudor, incluyendo la vivienda.

El Tribunal de la Unión Europea responde así a varias cuestiones elevadas tanto por el Tribunal Supremo como por un juzgado de Barcelona. Esta doctrina supone un cambio respecto al criterio que al respecto había apuntado el abogado general, como paso previo a este fallo.

Con todo, asociaciones de defensa de los consumidores creen que esto deja más dudas que certezas, que tendrán que ir confirmándose en su aplicación práctica por los juzgados.

Desde ADICAE subrayan que esta medida supone una corrección a la postura “probanca” del Tribunal Supremo.