José Ramón Blanco

La Fiscalía pide 10 meses de cárcel para el diputado del Grupo Mixto, José Ramón Blanco, por un presunto delito de daños morales y lesiones psíquicas cometido contra la diputada no adscrita, Verónica Ordóñez, que se querelló ante el TSJC tras las denuncias internas de acoso contra su excompañero en el conflicto abierto en Podemos Cantabria.

Según ha confirmado la Fiscalía Superior de Cantabria a EL FARADIO, el Ministerio Fiscal acusa a Blanco en su calificación previa a la apertura de juicio oral.

Aunque el auto de transformación en procedimiento abreviado está recurrido por la defensa de Blanco y admitido a trámite, esto no tiene efectos suspensivos en el escrito de calificación que pidió el magistrado Piqueras a la acusación y a la Fiscalía, como aclaran las fuentes judiciales consultadas.

Europa Press adelantó este martes la petición del Ministerio Fiscal, de solicitar siete meses de prisión y privación del derecho al sufragio activo y pasivo durante ese tiempo, así como una multa de 5.400 euros a razón de 15 euros al día durante un año, por el delito de atentado contra la integridad moral de Ordóñez, y otros tres meses de prisión por las lesiones psíquicas.

QUEJA DE LA DEFENSA

La defensa de Blanco había desmentido públicamente la información, al considerar que está recurrido y admitido a trámite el recurso y sin calificar por la Fiscalía. “Es imposible que Fiscalía acuse, en cuanto la apertura de Juicio Oral está recurrida. Investigarán el origen de esta noticia”, comunicaba Abogados Breda en una publicación patrocinada en Facebook.

Y según adelantan van a presentar una denuncia para que se investigue, porque afirman que no se les ha dado traslado. Según el Ministerio Fiscal, su calificación jurídica se presentó el pasado 2 de abril e incluso hay un dictamen del fiscal del 4 de abril que pide la desestimación del recurso de Blanco frente a la apertura de juicio oral al que se encaminan las actuaciones.

Ordóñez presentó la querella en el mes de diciembre, meses después de que en agosto se presentaran las tres denuncias internas por supuesto acoso contra Blanco. La investigación interna concluyó que también habían sido responsables, por no actuar, la secretaria general, Rosana Alonso, su secretario de Organización, David González y la secretaria de feminismos, Belén Milán.

Ese informe sirvió para invalidar las candidaturas de Alonso y su equipo en las primarias, una decisión que recurrieron ante los tribunales, que acaban de resolver a su favor al apreciar que se vulneraron sus derechos fundamentales de participación en las elecciones, consagrados en la Constitución Española.

LA DEFENSA ALEGA QUE HA QUEDADO PROBADO QUE NO HUBO “AISLAMIENTO” A ORDÓÑEZ

En el recurso de reforma registrado el 2 de abril, contra el auto de transformación de la investigación en procedimiento abreviado, la defensa de Blanco se opone a la apertura de juicio oral y considera que “lo procedente hubiera sido el archivo inmediato de las diligencias”.

Verónica Ordóñez

En el escrito considera que ha quedado probado en las testificales que hay “dos bloques de testimonios”, uno que corrobora el relato de la querella de Ordóñez y otro que afirma que los hechos “no se han producido”.

En este sentido, apuntan que los “numerosos testigos” de Podemos aportados por la querellante desmiente por sí sola la afirmación de que el investigado “trataba de aislarla de su entorno”. Además consideran que la defensa debería estar en “ventaja” respecto a los testigos, porque ha aportado a individuos que “en un principio pertenecían a la facción” de Ordóñez.

Subraya además documentos aportados por la defensa sendos chats en los que tanto la querellante como otra de las denunciantes de Blanco en el procedimiento llevado desde el partido, Lydia Alegría, “celebran” que Blanco tuviera que medicarse en las fechas de las noticias publicadas sobre las denuncias de acoso en su contra y en los que incluso “desean que David (González) Bouza – exsecretario de Organización – fallezca”.

Chats, mensajes privados entre ambas, que la defensa ha aportado “íntegros y sin trocear”, en contraste, como alegan, con los aportados por la acusación “siempre de forma fragmentaria y sin traslado de copias”.

Y frente a la prueba pericial psiquiátrica de parte de Verónica Ordóñez, apuntan que “no está probada la relación de causalidad con los hechos investigados”, e incluso remiten a un conversación (en otro chat) en el que la experiodista del Grupo Parlamentario, primera denunciante de Blanco, apunta “dónde pueden hallarse pistas de a qué puede obedecer el tal trastorno psiquiátrico”.

“Con todos los respetos el auto se limita a recoger la versión de una de las partes, resultando que se omite que todos estos acontecimientos responden a una lucha por el control del partido político Podemos en Cantabria, por la inclusión de la querellante y sus afectos en las candidaturas electorales y por acceder a los medios materiales y a las contrataciones de personal que facilita dicho control”, concluye.