La rebelión (castigada) de Fraguas Revive contra la despoblación rural, premio Esther García a la Lucha Popular
Mientras las calculadoras electorales miran a la España vacía que en realidad es vaciada, vinculándola a la caza o los toros, un grupo de activistas que desarrolló una iniciativa para la despoblación rural acabó condenado en los tribunales.
Es el colectivo Fraguas Revive, ganadores del IV Premio Esther García a la lucha popular, que convoca ACPT (Asamblea Ciudadana por Torrelavega) en reconocimiento de su histórica concejala, ya fallecida, y que en otras ediciones ha recaído en el colectivo vallecano ‘Madres contra la represión’ o en Diego Cañamero, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores.
En este caso. Fraguas Revive es un grupo de activistas que desarrolló acciones en un pueblo abandonado de Guadalajara como forma de combatir el “desierto social y demográfico”.
Fraguas es un pueblo ubicado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, en unos terrenos que fueron expropiados en 1968 por el ICONA, para su repoblación forestal con pino resinero para explotación, arrasando en el proceso grandes extensiones de vegetación autóctona.
Los terrenos fueron incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Guadalajara en 2002. Con la expulsión de sus pobladores en 1968, la aldea cayó en el olvido y en los 90 lo poco que quedaba en pie fue destruido por el Ejército, que utilizó el pueblo como zona de maniobras militares.
En la primavera de 2013, un grupo de jóvenes llegó a Fraguas con un proyecto comunitario de repoblación rural. Desde entonces han reconstruido varias casas con materiales locales y técnicas de construcción tradicionales. Recuperaron el suministro de agua potable y la pista de acceso, pusieron en marcha una instalación eléctrica alimentada con energía solar y están reforestando con especies autóctonas áreas afectadas por incendios.
El colectivo propugna una apuesta por “la comunidad, el autogobierno, la autosuficiencia y la autogestión”, para la que apuestan por “una vuelta al campo” y “vivir en equilibrio con el medio natural”.
El pasado 8 de junio de 2018, el Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara les declaró culpables de los delitos contra la ordenación del territorio y usurpación a los 6 pobladores de Fraguas., tras ser acusados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Manchay la Fiscalía, al no permitirse la construcción de nuevos enclaves y viviendas en este paraje.
La zona protegida en cuestión fue una plantación de pinos –para explotación maderera y en la técnica de monocultivos, muy cuestionada hoy por los movimientos de defensa del medio ambiente–que no era preexistente, sino que se decidió durante la dictadura franquista y para ello se expropió’ todo el pueblo y se obligó a marcharse a sus habitantes.
Y el pasado 19 de enero, la Audiencia Nacional de Guadalajara ha rechazado el recurso interpuesto, confirmando la condena de un año y medio de cárcel a cada uno de ellos y una sanción de 16.380 euros, más los costes de la demolición de las casas de Fraguas, tasada en 27.000 euros.
“Hablan de repoblación, pero piensan en destruir casas por haber pretendido la increíble locura de volver a dar vida a un pueblo abandonado”, subrayaron cuando conocieron la acusación.
El año y medio de multa impagada se convertiría en 9 meses más de prisión a sumar a la condena de año y seis meses, por lo que al final la condena ha sido de 4 años y medio de cárcel a cada uno de éstos 6 jóvenes por reconstruir tres casas, varios caminos y huertas del pueblo, asesorados por los antiguos pobladores del mismo, que apoyan sin fisuras a los repobladores.
ACPT elogia su lucha contra la despoblación, y la conexión de este problema con Cantabria, ante la pérdida de población que aquí también se da en los pueblos.
El premio consiste en una talla y se entregará este jueves 25 de abril a las 19:30 de la tarde en la Sala Mauro Muriedas de Torrelavega, en un acto abierto a cualquiera que quiera acudir.
Esther Garcia falleció en 2013 a los 65 años de edad. Fundadora del partido de corte vecinal Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT), muy en contacto siempre con colectivos vecinales, fue concejala en el Ayuntamiento, donde ACPT mantiene hoy representación. Pero venía de una larga trayectoria de activismo tanto en movimientos vecinales como feministas