Dentro de la evolución que con motivo de la crisis ha ido experimentando el Instituto Cántabro de Finanzas, la mayoría de las peticiones que llegaron a este organismo en los últimos años fueron en busca de liquidez, para conseguir tesorería y circulante.

Ese fenómeno lo describe Intervención, en un informe consultado por EL FARADIO sobre la gestión del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), organismo público ligado a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y centrado en funciones de financiación.

Pasó en el sector privado, con el caso extremo de la constructora SADISA, que pidió avales para satisfacer créditos, para lo que fue necesario cambiar una ley cántabra.

Hasta el punto de que el propio Instituto decidió en un momento dado apostar por la financiación a proyectos más pequeños y unas líneas de financiación a autonómos de las que, no obstante, el ICAF no llegó a agotar sus fondos.

LOS IMPAGOS DE LA ADMINISTRACIÓN HACEN A LA ADMINISTRACIÓN PEDIR CRÉDITO A LA ADMINISTRACIÓN

Pero además, la auditoría de Intervención desgrana como una parte significativa de las solicitudes que le llegaban estaban provocadas por las tensiones de liquidez que genera la propia Administración con sus retrasos en los pagos.

Los impagos en esas obligaciones reconocidas han llevado a organismos y entes públicos a que, para cumplir con sus propios compromisos, tengan que recurrir a productos financieros de financiación (y eso lleva aparejados costes financieros).

Esta cifra suma hasta 61,6 millones de euros de deudas del Gobierno con sus propios entes entre 2015 y 2017 (la cantidad en realidad es mucho mayor, pues la que recoge Intervención se ciña a los compromisos superiores al millón de euros).

Y la empresa a la que más se debe es a SODERCAN, que se ocupa entre otras misiones, paradójicamente, de dotar de financiación a proyectos empresariales.

También destacan MARE, SICAN (empresa pública de suelo industrial que estaba asociada a SODERCAN pero que fue desgajada) o GESVICAN, para políticas de vivienda.

…Y LOS GASTOS FINANCIEROS POR NO IR AL ICAF

El caso es que pese a que el ICAF está centrado en la financiación, el Interventor ha comprobado que en una encuesta entre organismos de la propia administración, sólo el 45% de ellos lo veían como alguien encargado de la financiación (que es el objetivo que le reconoce la Ley).

Esto genera otro efecto: la propia administración no recurre siempre al ICAF en busca del crédito o financiación que necesita, por tanto, acude a otras entidades financieras, y eso acarrea costes extra de financiación (intereses por los préstamos de los productos que se soliciten a la banca).