La aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de 2012 supuso la regularización de las oficinas en las que desarrollaban varias empresas su actividad, entre ellos la del hermano de la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Santander, según se cuenta en ‘Expulsados. Santander, la transición urbanística pendiente’, el libro del equipo de EL FARADIO galardonado con el I Premio de Investigación de Libros.com, colección coordinada por Antonio Rubio, presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación.

‘Expulsados’ en la Feria del Libro de Santander

En teoría, según la ordenanza vigente en 1997, en calles como Rualasal (sólo podía haber oficinas en las plantas baja o primera, y consultas que atendieran al público en el resto de las plantas, en una norma concebida para evitar que las viviendas del centro dejaran de tener residentes y predominara en ellas el modelo de oficinas.

El caso es que la práctica llevó a que se extendieran las oficinas en el resto de ellas, por lo que se pidió una regularización de las actividades que fue concedida a través de respuestas afirmativas al Plan General de Ordenación Urbana, que acabó anulado por el Tribunal Supremo.

El mecanismo lo describía en las alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana uno de los perjudicados que relataba cómo edificios de viviendas, en concreto el suyo, pasaron a ser de oficinas, en una obra hecha con licencia de obra menor sin que se pasara en el Registro de la Propiedad el cambio de usos.

Con los años los locales fueron sacando licencias de apertura, sin que constara expresamente si era para vivienda o para oficina.

Con el PGOU en la mano, estas oficinas se quedaban fuera de ordenación, al no tener las dimensiones suficientes, por lo que el equipo redactor, que admitía que en el centro se estaba produciendo un problema con las oficinas porque quedaban fuera de ordenación, aceptaba rebajar las dimensiones del PGOU para las oficinas, de cincuenta —dimensiones más propias de un piso— a veinte metros cuadrados.

Entre quienes solicitaban esto estaba David González-Pescador, consultor, experto en financiación de empresas y hermano de la concejala de Economía y Hacienda —que llegó a tener las competencias de Transparencia—, Ana González-Pescador, y cuya oficina estaba precisamente en la calle Rualasal.

Aunque también fue una petición de José Gómez Triguero, representante de Inversiones Monte y propietario de locales y edificios en el centro, entre ellos uno muy emblemático que en su tiempo albergó los elitistas grandes almacenes de Laínz y que hoy en día acoge oficinas institucionales del Gobierno de Cantabria, del área de Economía.

Precisamente a esas oficinas se refirió él mismo, en nombre de otra sociedad, para pedir que se regularizase la situación, en una reclamación que, al igual que la anterior, tuvo respuesta positiva.

‘Expulsados’ relata la historia reciente del urbanismo en Santander, desde el incendio de 1941 hasta la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pasando por el auge de la ‘plataformitis’ y los distintos procesos de gentrificación en sus barrios. El libro puede adquirirse a través de este enlace, o pidiéndolo en librerías como La Vorágine.