Intervención, el departamento del Gobierno de Cantabria que fiscaliza el correcto uso de los fondos públicos por parte de la propia Administración, se interesó por detalles de los estudios para la implantación del nuevo modelo de gestión de las residencias centrado en la persona.

Residencia de mayores

Así consta en una resolución, consultada por EL FARADIO, en la que se detallan las acciones de control financiero permanente durante ejercicio.

Según ha publicado EL FARADIO, el Ejecutivo cántabro gastó durante la pasada legislatura más de 600.000 euros en estudios e informes, de los que una tercera parte se corresponden con estudios para la implantación de este nuevo modelo cuya implantación ha enfrentado al Gobierno y al sector de la dependencia en la comunidad.

Y todo mientras al Defensor del Pueblo llegaban quejas sobre la falta de atención a la dependencia.

En concreto, un 40% de los dependientes moderados se quedaron sin la atención pese a que se les había reconocido la prestación incluso 30 años, en una situación que el Gobierno justificaba en la falta de crédito presupuestario y que el Defensor del Pueblo recuerda que al tratarse de un derecho subjetivo, reconocido por Ley, no puede estar sujeto a este tipo de restricciones, como sí puede suceder con otras políticas.

En concreto, se pagó desde el Ejecutivo un estudio, finalizado en 2019, de la Fundación Pilares, con sede en Madrid, por un importe de 36.179 euro, y en los presupuestos de 2018 y 2017 constan adjudicaciones por importe de 100.000 y 85.000 euros, respectivamente, a otra fundación, Matia, para el mismo fin.

Desde la Consejería de Economía, para el ejercicio 2018, se seleccionaron varias áreas de seguimiento, correspondientes a distintos departamentos del Gobierno.

También se efectuó un control financiero sobre el correcto uso y justificación de las subvenciones y ayudas públicas por parte del organismo que se les concediera.

Y entre ellas se menciona a los ejercicios de 2007 y 2008 para la Fundación Matia, justo los ejercicios 2017 y 2018.

En la tertulia de EL FARADIO, la abogada María Mendieta se preguntaba los motivos de estas externalizaciones de servicios y si no podían haberlos realizado los propios funcionarios de estas áreas, por lo que dudaba si su fin no sería otro, lo que le parecería un “escándalo”.

Mientras, la también abogada Pilar de la Hera llamaba la atención sobre el “timo de la estampita” de que se concibiera la dependencia como un derecho subjetivo sin que la asistencia estuviera garantizada, lo que hace que sea “papel mojado”. “Sí se podría prestar la atención económica suficiente a la dependencia, lo que no puede dar es para prestar la atención y a la vez seguir montando chiringuitos paralelos de financiación opaca”, aseveraba.

Reacciones que se suman a las trasladas por los trabajadores públicos o los representantes del sector.

IU EXIGE EXPLICACIONES SOBRE POR QUÉ LOS PRESUPUESTOS “MÁS SOCIALES” DEJARON A UN 40% DE DEPENDIENTES SIN ATENCIÓN

Izquierda Unida Cantabria ha exigido al Gobierno PRC-PSOE que explique por qué, “mientras presumían de los presupuestos más sociales de la historia de Cantabria”, han dejado, a su juicio, al 40% de dependientes reconocidos “sin atención”.

Leticia Martínez

Su coordinadora, Leticia Martínez ha recordado que cuando el Gobierno de Cantabria presentó los presupuestos vigentes en la actualidad los calificó como “los más sociales de la historia”.

Pero “mientras el gobierno PRC-PSOE presumía de aprobar los presupuestos más sociales de la historia, se dejaba por el camino a miles de personas en Cantabria», lamentaba.

“Desgraciadamente, no podemos decir que el rumbo vaya a cambiar dado que seguirán los mismos que no hicieron bien su labor”, aseveraba, haciendo hincapié en que “en las negociaciones de los pactos no se ha escuchado ni una palabra sobre atención a las personas en situación de dependencia”.

Desde Izquierda Unida advierten, además, de la “fuerte precariedad” que “sufren” las trabajadoras del sector, “fomentada” desde los propios pliegos de adjudicación del Gobierno de Cantabria, así como de la “renuncia” del Gobierno a desarrollar sus propias competencias, como constata la “entrega” del sector a las empresas privadas “mientras el Ejecutivo desiste de abrir centros públicos”, con casos “palmarios” como la conversión de la residencia La Pereda en una “inaccesible residencia de lujo”.

Para Izquierda Unida, “todo obedece a una notoria falta de modelo” por parte de PRC-PSOE, algo que considera “especialmente preocupante” cuando “la atención a la dependencia es una necesidad que no sólo no va a bajar, sino que irá en aumento, sin que el Ejecutivo se dé por aludido”.