La Justicia pide al Puerto que acredite si Bahri cumple la normativa de seguridad

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Bahri Yanbú abandonando el Puerto de Santander en su última visita

El Juzgado de Instrucción número 5 de Santander ha pedido a la Autoridad Portuaria que acredita que las cargas de la compañía saudí Bahri cumplen con la normativa de mercancías pelígrosas, según ha podido saber EL FARADIO de fuentes jurídicas.

En concreto, este Juzgado mantiene abierta unas diligencias previas de investigación, es decir, ha iniciado la primera fase de la instrucción judicial de la causa, en la que recabará información y pruebas sobre el fondo del asunto.

Lo hace tras una denuncia presentada por el colectivo Pasaje Seguro, que viene protestando por las cargas de Bahri en el Puerto de Santander, al tener destino Arabia Saudí, implicada en la Guerra de Yemen.

La última visita de Bahi al Puerto marcó un punto de inflexión: no sólo porque la protesta ciudadana fue una de las más multitudinarias de las que se vienen convocando, sino porque Pasaje Seguro dio un paso más en su estrategia y presentó una denuncia ante el Juzgado de Guardia para intentar que el último barco, el Bahri Yanbu, ni siquiera entrara en las instalaciones portuarias de Santander.

Así que pidieron medidas cautelares, es decir, que se impidiera la carga mientras se dilucidaba el fondo del asunto: si la presencia de Bahri en el Puerto vulnera la Ley.

Las medidas cautelares fueron rechazadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander, el que estaba de guardia, pero eso no significó que la causa quedara archivada.

Cuando Bahri se marchó del Puerto —en un recorrido que le resultó especialmente tortuoso, pues venía de protestas en Francia y se encontró con más protestas, no sólo de ONGs, sino de los propios trabajadores de puertos como Génova, inmediatamente después, o Marsella— lo hizo dejando una instrucción judicial abierta, que ha recaído en el número 5.

Ahora el Puerto de Santander tiene cinco días de plazo para trasladar al Juzgado si las cargas realizadas por Bahri en 2018 (se cita expresamente a sus barcos Bahri Hazan, Bahri Hoduf y Bahri Jeddah) fueron de explosivos, si fueron autorizadas por la Autoridad Portuaria, y si lo hicieron de acuerdo con lo que marca la Ley, en especial con el Real Decreto 145/1989 de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los Puertos.

En su denuncia, Pasaje Seguro recordaba, además de las vulneraciones de la legislación nacional e internacional que impiden vender armas a países que vulneren los derechos humanos, que en varias ocasiones estos barcos han navegado con sus sistemas de localización apagados en las cercanías del Puerto, o que se han producido cargas y descargas durante la noche, así como la cercanía de los atraques a zonas habitadas en lugar de en áreas específicas y alejadas.

EN REINO UNIDO SE VULNERÓ LA LEY AL PERMITIR EXPORTACIONES DE ARMAS A ARABIA SAUDÍ

Protestas contra Bahri en Marsella

La noticia se produce no sólo un día después de la conmemoración del Día de los Refugiados,  (la Guerra de Yemen ha costado la vida de más de 11.000 personas yemenís y causado 21.000 heridos, además de dos millones de desplazados con bombardeos a objetivos civiles como colegios u hospitales), sino también.un día después de que un tribunal británico haya concluido que Reino Unido actuó contra la ley al permitir exportaciones de armas a Arabia Saudí al no realizarse evaluaciones concluyentes de que se estuvieran cometiendo violaciones del derecho internacional en Yemen.

Esta decisión judicial, fundamentada en la legislación internacional, ha llevado a Reino Unido a anunciar restricciones en estas operaciones.

Y contrasta con la actitud tanto del Gobierno cántabro (el presidente Revilla asegura que el Puerto de Santander no puede rechazar estos tráficos alegando que tiene menos competencias que Bilbao, que los rechazó a raíz de la desobediencia civil del bombero Ina Robles y la labor de la comisión La Guerra Empieza Aquí, cuando tiene exactamente las mismas)

O del Gobierno español, cuyos dirigentes negaron que las bombas de precisión –que se cargaron en Santander- fueran a atacar a población civil, como finalmente sucedió, o que aseguraron que la última carga realizada aquí fue con destino a una «exposición» cuya celebración no han acreditado  las organizaciones de la campaña Armas Bajo Control, que agrupa a las organizaciones Amnistía Internacional, Greenpeace, Oxfam Intermón y Fundipau.

 

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