Los colectivos LGTBI continúan en la calle a falta de una normativa que los proteja contra los delitos de odio.

El colectivo LGTBI y todos aquellos que defienden la igualdad, el respeto y la diversidad afrontan esta semana la Semana del Orgullo, con la que se conmemora las revueltas, hace 40 años, por los derechos civiles frente a la represión policial en el neoyorkino bar Stonewall, lideradas por mujeres trans y drags latinas y negras.

En Cantabria, la celebración viene marcada porque se llega a la cita sin contar con algo que PSOE y PRC han vuelto a prometer en su pacto de Gobierno, una Ley LGTBI que llegó a tramitarse, pero que no pudo aprobarse.

La Ley tardó dos años desde el inicio de la legislatura en someterse a su primer trámite, en mayo de 2017, tras recibirse un borrador trabajado junto a ALEGA, la asociación que defiende en Cantabria al colectivo LGTBI.

En tres meses se había finalizado ya el proceso de participación pública, y también las alegaciones.

Estamos en octubre de 2017, y comienza una sucesión de informes y aportaciones en el seno del propio Gobierno de Cantabria: las consejerías realizan sus sugerencias entre noviembre de 2017 y febrero de 2018.

A partir de ahí, se suceden informes, ya en un plano más jurídico, centrados prácticamente en exclusiva entre la Consejería de Presidencia y Justicia de la que dependen los Servicios Jurídicos, a cuyo frente estaba el regionalista Rafael de la Sierra, y la Consejería responsable de la Ley (la de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Políticas Sociales, a cuyo frente estaba la vicepresidenta, socialista, Eva Díaz Tezanos).

Desde este departamento se tardó dos meses (de octubre a diciembre) en elaborar un informe que incorporaba las precisiones realizadas por los servicios jurídicos, aunque el período más largo sin avances se produjo antes, entre marzo y agosto, el lapso en que Presidencia tardó en elaborar un informe en el que pedía a Universidades que fuera más preciso en determinados aspectos.

Luego vendrían nuevos informes, con mayor ritmo, pero insuficientes para los plazos: ALEGA lanzó la voz de alarma para que se hiciera una tramitación urgente, que sí fue posible para una modificación de la Ley de Caza vinculada a la aprobación de los presupuestos.

Cada año, las cuentas públicas concentran prácticamente la totalidad de los esfuerzos de los parlamentarios.

La Ley LGTBI llegó al Parlamento en noviembre y los presupuestos, semanas después, para quedar aprobados antes de final de 2018.

Después de esa fecha podía empezarse con lo que quedaba, pero no pudo ser de forma inmediata.

Porque la crisis de Podemos sumó un mes más: al marcharse Ordóñez del grupo parlamentario, este desapareció como tal, y hubo que reestructurar todo, incluido la comisión parlamentaria que presidía, que era en la que se tramitaba la Ley.

Teléfonos delitos de odio

Fue tras esto cuando se pidieron las comparecencias de expertos (algo que permite la Ley pero que no es un trámite obligatorio, ya que no se usa en todas las leyes) y se confirmó que con esas peticiones no daba tiempo a aprobarla, ya que después quedarían todavía la enmienda a la totalidad, las enmiendas y la votación parlamentaria.

Se llegaron a desarrollar algunas comparecencias, en la recta final de la legislatura, pero ya daba igual, incluso a los propios parlamentarios, a los que una de los comparecientes llegó a recriminar que no la escucharan mientras hablaba.

Este es el cronograma, reconstruido por EL FARADIO a partir del expediente parlamentario de la Ley y la hemeroteca. En rojo, cuestiones ajenas a la propia Ley que pudieron influir.

Tramitación de la Ley LGTBI en Cantabria by El Faradio on Scribd