Miembros de STOP Desahucios en la calle Laredo

Se ha suspendido durante al menos un mes el desahucio previsto para este jueves 27 en Santander, en la calle Laredo, según informa la plataforma STOP DESAHUCIOS.

A primera hora de la mañana varios representantes de la plataforma Stop-Desahucios, uno de los miembros de la familia afectada –Juan Carlos – y responsables de la Oficina de Emergencia Habitacional se personaron en el juzgado nº 10 de Santanderr, y ayer por la tarde la abogada de la familia remitía un último recurso para parar el lanzamiento, aunque el Juzgado hizo caso omiso.

Este último recurso versaba sobre un informe de la Oficina de Emergencia Habitacional, en el que se acreditaba que ésta última estaba intentando conseguir una vivienda de alquiler social para los afectados.

La negociación se sustanció, al margen del procedimiento judicial, entre miembros de la plataforma y el abogado y procuradora de la parte demandante, gracias al compromiso de la familia y de la plataforma para entregar “voluntariamente” las llaves antes del 29 de julio.

Allí han estado junto con la familia miembros de STOP Desahucios, y también han acudido responsables de la Oficina de Emergencia Habitacional.

El lanzamiento, emitido por el Juzgado de Instrucción número 10 de Santander, iba dirigido contra Encarnación, su marido Juan Carlos y su joven hija de 20 años.

LA FAMILIA

Juan Carlos tiene 57 años y ha trabajado toda la vida en el sector de la construcción. La crisis le afectó de pleno y lleva 11 años sin encontrar trabajo. Encarnación tiene 50 años y es ama de casa. Actualmente sobreviven por una renta social básica de 590 euros.

Llevan viviendo en un pequeño piso de menos de 40 metros cuadrados en la calle Laredo, con sus hijos, desde hace 25 años. Un inmueble que Juan Carlos fue reformando para que fuera habitable.

Hasta hace unos años pagaban en mano el alquiler al propietario del piso. Pero en 2015 murió la titular de la vivienda y sus herederos no quisieron seguir con el alquiler ya que lo querían vender, pero no había contrato por escrito, sino acuerdo verbal. es decir, era un contrato en precario.

La plataforma STOP DESAHUCIOS ha sido muy crítica con la gestión del caso que se ha hecho desde los Servicios Sociales de Santander, en especial con la máxima responsable.