El hecho de que, el Gobierno de Cantabria haya evitado sancionar a entidades bancarias que concedan préstamos con cláusulas abusivas es motivo de crítica de abogados, representantes políticos y plataformas de afectados de la región.

“Yo creo que la actitud del Gobierno raya la prevaricación porque incumple su propia normativa”, opina el abogado Juan Manuel Brun, experto en las reclamaciones por clausulas abusivas y uno de los primeros de Cantabria en lograr victorias judiciales frente a los bancos. “El Ejecutivo tiene herramientas suficientes para sancionar, además, de forma ejemplar, a los bancos, y no lo están haciendo”.

Oficina de Liberbank (Foto: Carlos Atienza)

Se refiere a la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios de Cantabria, tal y como le pidieron en su momento asociaciones de consumidores como FACUA, al Servicio de Consumo, encuadrado en la Consejería de Industria.

Apunta Brun que “lo difícil sería acreditar que el establecimiento de que estas prácticas es generalizado pero no pueden escudarse en ello porque tenemos un juzgado especializado en Cantabria, como en toda España que el 98% de las sentencias son favorables al consumidor”. Por ello, al estarse dictando “de forma consistente y generalizada para todos los bancos que gran parte de las clausulas que incluyen los préstamos hipotecarios son abusivas”, cree que se ha solventado esa dificultad.

Brun se refiere a multitud de clausulas que se encuentran dentro de los préstamos hipotecarios, como el caso de las clausulas de gasto, de suelo, de las de vencimiento anticipado, de las de los intereses de demora o por descubierto.

En opinión de Miguel Saro, portavoz de Izquierda Unida Cantabria, de Unidas por Santander en el Ayuntamiento de la capital y también letrado, todo esto es cuestión de voluntad política.

Saro insiste en que la aplicación e imposición de este tipo de clausulas está en el ADN de las entidades financieras, por lo que, “estando tan plasmado y consagrado de forma tan manifiesta” en las sentencias, la única explicación de que no se haya aplicado la Ley de Consumidores y Usuarios de Cantabria es porque “no hay voluntad real de disciplinar a ese sector”. “Esa falta de voluntad es porque el Gobierno de Cantabria tiene como prioridad política tener buena relación con entidades financieras, al margen del maltrato de estas a los consumidores”, denuncia Saro.

Además, apunta a que estas entidades “han sido la herramienta o el medio a través del cual se ha gestado la última burbuja financiera inventada por los criterios emanados por el Banco Central Europeo o el Banco de España, que, en vez de mejorar los salarios de los trabajadores, lo que han hecho es montar una espiral de endeudamiento para obtener bienes de consumo básicos, como son las viviendas”. Así, explica que la actual burbuja “obliga a los trabajadores a utilizar como método de servicio esencial las entidades financieras, las cuales aplican clausulas abusivas” y, a las cuales, el Gobierno posteriormente no sanciona por hacerle pese a tener las competencias para ello. “Debemos ser conscientes de esa connivencia pública”, ha remarcado.

LOS AFECTADOS RECUERDAN QUE EL GOBIERNO SE COMPROMETIÓ A ACTUAR DE OFICIO

Desde los colectivos de afectados, como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), han recordado que el Parlamento de Cantabria aprobó, ya en abril de 2017, que la Consejería de Consumo actuara de oficio sobre el fraude que suponen las clausulas abusivas en los contratos hipotecarios.

“Han pasado dos años, y el Gobierno de Cantabria no ha hecho nada de nada”, denuncia Iñaki Vía, de la PAH. “Ante nuestras reclamaciones, siempre nos remitía al propio banco o, en su defecto, a los tribunales, y no se trata de eso. Tienen que defender a los consumidores y perseguir y sancionar los fraudes al consumo”.

Desde la PAH, recalcan que se trata, claramente, de un fraude al consumidor, por lo que pedirán reunirse con los responsables tras la formación del nuevo Gobierno para trata de que “esta actitud pasiva cambie”.

Desde la plataforma Stop Desahucios, Roberto Mazorra opina que los Gobiernos de Cantabria siempre han sido “muy tímidos” con las posibilidades que ofrece la ley para sancionar a los bancos, pese a que la legislación “es bastante clara”.

Mazorra destaca que, a nivel judicial, se está ofreciendo alternativas para que los afectados puedan defenderse en los juzgados, pero que es responsabilidad de la administración pública “hacer lo que debe en materia administrativa”.

En todo caso, también señala que, para ellos, es más relevante que haya una reglamentación de los pisos vacíos y se pongan tasas para los miles de inmuebles que mantienen las entidades bancarias sin ocupar. “Aunque hay que hacer una ley autonómica, hay herramientas para poderlos sancionar”, insiste.

Por ello, están pendientes de la nueva composición de la Oficina de Emergencia Habitacional, que cree que “con sus más y sus menos, ha sido de lo poco bueno que ha hecho el Gobierno de Cantabria” estos años.