Los colectivos feministas de Cantabria muestran su indignación ante la eliminación las medidas de protección a una víctima de violación sin previo aviso. En declaraciones a EL FARADIO, todas coinciden en considerarlo como algo totalmente vergonzoso y una muestra de la justicia machista existente.

Cabecera de la manifestación contra la sentencia del caso de la Manada en Santander (mayo 2018) || Foto: El Faradio

Además, hacen hincapié en la necesidad de una mayor protección a las víctimas que dan el paso de denunciar, que se ven desprotegidas en todo el proceso, y en lo urgente de formar a todos los profesionales en materia feminista y de violencia de género, para evitar esta falta de sensibilidad.

A todo ello añaden la necesidad de reformar una justicia «patriarcal» que no es efectiva para las víctimas de violencia de género y abusos sexuales, y que muchas veces, en vez de facilitarles el proceso de denuncia, hace que para ellas sea aún más complicado.

Carmen Martín, coordinadora de la Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (ACCAS) y vicepresidenta de la Red cántabra contra la pobreza, afirma que es “lamentable que se sigan produciendo este tipo de acciones, y que la Audiencia Provincial levante esas medidas cautelares sin avisar a la víctima.” “Pedimos a las víctimas que se denuncie, y cuando lo hacen quedan absolutamente desprotegidas” añade la coordinadora de ACCAS.

“Lo que se pone de manifiesto es la falta de formación, empatía y sensibilidad de los agentes implicados en la respuesta judicial, y de atención a las víctimas, tanto de agresiones sexuales como de violencia de género” concluye Carmen Martín.

Por su parte,  Ana Bolado, de la ‘Comisión 8 de marzo’, se suma a esta indignación colectiva, y critica que “este caso está lleno de paradigmas de lo que es la violencia de género” y resalta la valentía de la víctima a la hora de denunciar, comentando que “cualquier forma de maltrato debe ser denunciada, y quien lo hace no sólo lo hace por su propia dignidad sino también por las demás, para visibilizar algo que le ocurre a muchas.”

“Es el colmo de la cosificación de una mujer, en la que su pareja decide que tiene el derecho sobre ella de tener relaciones cuando él quiera y sólo busca su propio placer”, recrimina Bolado, quien considera que “la judicatura debería valorarlo como agresión, y con medidas que no sean sólo multas o juicios eternos.” “La ley tan lenta acaba por no ser justa” concluye la portavoz de la Comisión 8 de marzo.

Kiara Brambilla, presidenta de Alega y ‘Mujeres Jóvenes de Cantabria (MUJOCA), cuestiona también esta medida de la Audiencia Provincial de Cantabria. “Parece que a nuestros políticos y a nuestro sistema judicial se les llena la boca diciendo a las mujeres que denuncien, pero vemos que la justicia sigue siendo patriarcal, y muchas veces no entiende la necesidad de protección a la hora de denunciar” comenta Brambilla.

Y termina afirmando que “no sirve con lamentarnos por cada asesinato por violencia machista, hay que proteger a las mujeres que sufren violencia de género para que no sea posible que su vida esté en peligro”.

Finalmente, Yolanda Ceballos, desde IJANAS, el movimiento dentro del Colectivo de Estudiantes -COLEST-que agrupa a las más jóvenes dentro del feminismo, lamenta que «esto supone un nuevo ataque hacia derechos conquistados» y llama la atención sobre como sucede en un caso en el que inicialmente «parecía que por una vez –la Justicia– daba la cara por la mujer, protegiéndola como era debido de un violador».

Pero al final, «lejos de respetarlo, se ha limitado a de nuevo darle la espalda a las mujeres levantando las medidas de protección y siendo incapaces tan siquiera de informarle oficialmente, suponiendo su desprotección por completo».

«Una vez más, parece que la justicia se empeña en no escuchar, en no tenernos en cuenta, en ser una institución machista dentro de este patriarcado. Para que luego digan que estamos exagerando, está compañera bastante ha tenido que pasar para llegar a esa victoria para que ahora se lo arrebaten de esta forma», aseveraba.

LA DESPROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA

En este proceso, la Audiencia Provincial de Cantabria levantó las medidas de protección impuestas, en su día, por el Juzgado de Violencia sobre la mujer nº 1 de Santander a un condenado por abusar reiteradamente de su expareja mientras ella dormía.

Manifestación feminista y contra la violencia de género en Santander

Lo ha hecho sin notificarlo a la víctima ni a su representación legal. Ha sido la propia mujer la que se ha enterado de su situación de desprotección después de que la agente de Policía de UFAM (Unidad de Familia y Mujer) encargada de su caso viera esta orden y le advirtiera directamente por una llamada de teléfono al considerar que era un caso irregular.

Es decir, el Juzgado no ha publicado ni notificado ninguna resolución que cambiara las prevenciones impuestas, tanto por el auto del caso como por la primera sentencia.

Así consta en un escrito que ha presentado la defensa de la mujer para reclamar que se vuelvan a acordar las medidas de protección a la víctima al que ha tenido acceso EL FARADIO.

De esta manera, la víctima recurre la primera sentencia porque insiste en que hubo penetración y no solo abuso y, por tanto, violación.

El primer auto del caso se dictó en noviembre de 2017, y en él, el Juzgado a instancias de la Fiscalía, prohibió al ahora condenado comunicarse por cualquier medio con la víctima, así como suspender su derecho a la tenencia, porte y uso de armas.

Posteriormente, la primera sentencia, publicada en mayo de este año y que ha sido recurrida, condenó al hombre a pagar a la mujer una indemnización de 5.000 euros, así como 10.950 euros de multa –la Fiscalía pedía 9 años de prisión- e incluía la prohibición de acercarse a ella a menos de 300 metros y de comunicarse con ella en el plazo de tres años.

La víctima ha recurrido a la primera sentencia, ya que pretende que el acusado sea condenado por un delito continuado de abuso sexual con el agravante de penetración y parentesco. Así, la pena, como la que pide la Fiscalía, sería de 9 años de prisión, e incluiría la prohibición de aproximarse a la persona, domicilio y lugar de trabajo a una distancia inferior a los 300 metros o de comunicarse con ella durante doce años.

Al no incluir en la condena la penetración, esta se ha rebajado por debajo de los dos años por lo que el condenado, sin antecedentes previos, no entraría en prisión y su sentencia se limitaría a una multa de 10.000 euros y una indemnización a la víctima de 5.000.