La exclusión sanitaria vuelve a estar sobre la mesa. Los inmigrantes con residencia en España tramitada por sus hijos nacionalizados siguen siendo uno de los colectivos perjudicados por la reforma sanitaria de la etapa de Mariano Rajoy, enmarcada dentro de un paquete de medidas de recorte sanitario.

El decreto pone trabas a la atención sanitaria universal

Fuera de la titularidad de asistencia sanitaria se quedan grupos como: las personas que llevan más de tres meses fuera de España buscando trabajo (lo que ha afectado a muchos cántabros expatriados), las mujeres extranjeras en situación irregular que no puedan acreditar la residencia en el país por al menos 90 días, o los menores edad en esta misma situación.

En concreto, el pasado año en Cantabria, la Plataforma ‘Ciudadanía Contra la Exclusión Sanitaria’ pidió al ‘Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud’ la rápida adopción del reglamento que regule el Real Decreto Ley (RDL 7/2018) que eliminó la supresión del acceso de los inmigrantes a la sanidad.

Desde ese momento, los inmigrantes perdieron el acceso a la sanidad universal, salvo si accedían mediante el servicio de urgencias.

José Antonio Sánchez Raba, miembro de este mismo colectivo, explica a  EL FARADIO que “la situación real con los extranjeros en España, con y sin permiso de residencia, es incluso peor que antes de la anulación de la orden autonómica SAN 38/2015, que cubría a todas las personas que no tuvieran ningún tipo de aseguramiento sanitario.”

“Ahora resulta que ser comunitario es parecido a no tener papeles si no tienes trabajo” lamenta Sánchez Raba, quien critica que no se aportan soluciones probablemente debido a diversos motivos.

«La jubilación de la responsable de ‘Tarjeta Sanitaria’ que era quien buscaba las fórmulas legales para resolver los casos complejos que desde la Plataforma le comunicábamos; A la provisionalidad de las autoridades nacionales y autonómicas; o a la falta del Reglamento que desarrolle el RDL 7/2018” pueden ser algunos de ellos.

Desde la Plataforma han planteado algunas medidas a poner en marcha para intentar mitigar esta situación, como “pedir cita al nuevo Consejero de Sanidad, hablar con María Luisa Real (la exconsejera de Sanidad) para que medie ante los nuevos cargos de la Consejería y los anime a ser incluyentes y encontrar soluciones», además de transmitirle a REDER estos «motivos de preocupación» para presionar ante el Ministerio de Sanidad, y hablar con el vicepresidente Zuloaga (secretario general del PSOE cántabro) y con la persona al cargo de la Delegación de Gobierno.

REDER es una red de colectivos, movimientos, organizaciones y personas implicadas en la defensa del acceso universal a la salud. Desde ella piden la creación de un mecanismo permanente de evaluación de la aplicación de esta norma, ya que a falta de una regulación estatal definitiva, se está a expensas de lo que decida cada comunidad autónoma.

Los defensores de la atención sanitaria universal se remiten a la ‘Declaración de Derechos Humanos’, que en su Artículo 25 recoge que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios:”  Algo que, por el momento, muchos inmigrantes tendrán que seguir esperando.