Cinco familias santanderinas siguen sin vivienda dos años después del derrumbe en la calle del Sol, 57, hace dos años, como consecuencia de las obras en un local hostelero en su bajo sin la licencia adecuada.

Además, otras cinco familias no han podido acceder a su vivienda durante el más de año y medio que han durado las obras, y el local anexo sigue sin poderse utilizar.

“Y lo peor de todo es que tampoco saben cuándo podrán volver a sus casas”, recuerdan en un comunicado los propietarios, que critican la “absoluta temeridad” con que se ejecutaron esas obras, la reforma del conocido local Masters, promovida por la empresa Dos Imanes (cuyos socios son el empresario hostelero y de conciertos Guillermo Vega y el ingeniero Javier Ruiz Ocejo, ambos con vínculos personales con miembros del actual y el anterior equipo de Gobierno).

Los propietarios critican no sólo a los promotores de la obra, sino a los responsables de la dirección y a la empresa encargada de ejecutarles, recriminándoles que hicieran “caso omiso” de los avisos de los vecinos, que llegaron a encargar un informe de un arquitecto para evidenciar los daños que estaba sufriendo el inmueble.

Zona del derrumbe el mismo día

El derrumbe, parcial, se produjo el 19 de julio, cuando los bomberos –a quienes muestran su “eterno agradecimiento”– estaban procediendo al desalojo del edificio, ante el avance de los daños. No se llegaron a producir daños personales, pero si cuantiosos daños materiales.

“El mismo día del derrumbe, cuando era de todo punto evidente el daño causado al edificio, los
partícipes en la obra mintieron al Jefe del Bomberos en cuanto a los trabajos que habían realizado en el edificio e interior del local, lo que supuso un riesgo añadido al que ya habían creado con sus propias negligencias y omisiones”, recalcan, incidiendo en que “de no haber intervenido los bomberos, estas negligencias y omisiones, que probablemente sean constitutivas de delito, hubieran podido provocar que al menos unas 40 personas perdieran la vida (lo que hubiera sido la mayor tragedia –en términos de vidas humanas- que se hubiera producido en Santander desde la explosión del Cabo Machichaco en 1893)”.

El Ayuntamiento de Santander impuso a las empresas implicadas y a un técnico sanciones, la obligación de reponer el edificio a su estado anterior y la prohibición de contratar con el Ayuntamiento. Sanciones que los tres han recurrido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander.

La comunidad y sus miembros recalcan que “confían en la Justicia y están ejecutando las acciones en su defensa en la forma más favorable a sus intereses, lo que no impide que estén igualmente indignados con la postura que vienen adoptando quienes participaron en la obra del local”.

LA GESTIÓN MUNICIPAL

Como documentó EL FARADIO en base a información del propio Consistorio, el derrumbe afloró una doble velocidad en la tramitación de las licencias: las obras, hechas sin la licencia adecuada (hicieron reforma integral, pero con licencia de obra menor), consiguieron la licencia que le correspondía de forma exprés (por contraste con los plazos habituales en la ciudad), sin que incluso lo supiera la Policía.

Gema Igual y César Díaz en rueda de prensa tras el derrumbe en Sol, 57

Es más, cuando la policía fue a parar las obras al constatar que no tenía la licenciada adecuada y tras reiterados avisos vecinales, la empresa que les ejecutaba les dijo que ya tenían licencia.

Ni la policía ni un técnico de obras conocían que ya se había concedido la licencia, pero sí que lo sabía era el propio empresario que promovía la reforma.

De hecho, según una cronología de los trámites realizada por la Policía, la comunidad de vecinos fue notificada tres días después que la empresa de que los trabajos podían seguir.

Fue ese mismo día de la visita de la policía, cuando se activaron todos los informes necesarios para la resolución que ordenaba seguir las obras, que llegó al día siguiente. Es decir, la continuidad de las obras se había ordenado, telefónicamente, sin tener una resolución escrita.

Más aún: según el Ayuntamiento de Santander, los técnicos del departamento de Disciplina Urbanística, responsable de imponer las sanciones ante incumplimiento de las normas urbanísticas y de obras, se encontraban de vacaciones justo cuando se ordenó la paralización inmediata de las obras en Sol 57 (el edificio que sufrió un derrumbe parcial el pasado 19 de julio) que incumplían la licencia y que nunca llegaron a ser paradas. El propio concejal de Obras afirmó el mismo día desconocer si se llegaron a paralizar o no.

Hubo una denuncia judicial, presentada por Santander Sí Puede, que acabó archivada –contra el criterio del Fiscal–.

La empresa de uno de los socios de Dos Imanes (Mouro Producciones) perdería también el concurso para la gestión de los conciertos de la campa de La Magdalena, que recaerían al siguiente año en una UTE, la del polémico ‘pinchazo’ de David Guetta –un año después sigue sin haberse devuelto las entradas y una de las socias de la UTE dejó también la gestión de Escenario Santander–.

Vega trasladaría los conciertos a Torrelavega, con la misma denominación, y los ha mantenido este año allí, mientras los nuevos adjudicatarios de los conciertos de La Campa son una empresa con la que ha colaborado en ocasiones, y a quienes promociona sus conciertos en Santander desde sus redes sociales personales y corporativas.