La Junta del Puerto ha aprobado recientemente una concesión administrativa al Real Club Marítimo de Santander para ocupar una superficie de agua de 14.050 metros cuadrados, al sur de Puerto Chico (Dársena de Molnedo), para instalar un nuevo pantalán flotante destinado al atraque de embarcaciones deportivas, así como una superficie de terreno de 345,60 metros cuadrados, al este de la Dársena, con destino al depósito de embarcaciones de vela ligera de sus socios, según advierten la plataforma DEBA (Defensa de la Bahía de Santander) y el Concejo Abierto, que agrupa a distintas asociaciones y movimientos en la capital cántabra.

En detalle, el pantalán flotante que se va instalar frente a la entrada de la bocana de Puerto Chico, de forma paralela a la costa, mide 115 metros de largo y 8,40 metros de ancho y se separa 27 metros de la entrada.

“Este pantalán flotante supone fondear una isla de 966 metros cuadrados en medio de una de las zonas más emblemáticas de la bahía, siendo su único fin aminorar el efecto de la ola del Sur en la bocana de Puerto Chico, y ganar espacio interior para poder atracar tan sólo nueve embarcaciones de unos 15 metros de eslora pertenecientes a socios de un Club privado”, critican.

Y lamentan que suceda “pese a la demanda creciente y generalizada de la ciudadanía a los partidos políticos, instituciones y organismos, de garantizar una mayor participación en las decisiones que afectan a toda la sociedad y la obligación al respecto que establece el convenio de Arhus,

En especial, recalcan, sucede tras la propuesta reiterada en Santander de una mesa de gestión integral de la Bahía a raíz del conflicto con las escolleras de la Magdalena, pero «el presidente de la Autoridad Portuaria del Puerto de Santander no se da por enterado, y continúa manteniendo la inercia política del organismo que preside, caracterizado por tomar decisiones que afectan a todos sin contar con los ciudadanos”.

“La ausencia de participación real y seguir excluyendo a la ciudadanía su derecho a opinar, parece ser la peculiar manera que el Puerto de Santander tiene de interpretar su reiterada expresión propagandística de integración puerto-ciudad”, recriminan, incidiendo en que publicación del proyecto en el BOE durante 20 días es un “mero trámite burocrático destinado a pasar inadvertido”. Y que, según las instituciones europeas, es insuficiente a la hora de hablar de participación ciudadana, al ser un mínimo requisito legal.

Es decir, “se cumple formalmente el trámite de publicidad administrativa, pero la afección a la imagen de Puerto Chico, y por ello del perfil marítimo de la ciudad, y la reiterada concesión de ocupación de dominio público portuario y marítimo por particulares en su exclusivo interés, tiene la suficiente trascendencia como para que la decisión se inscriba en lo que debería ser un proyecto global de utilización sostenible de la bahía, respetuosa con sus recursos y prevaleciendo los intereses generales de la población actual y las generaciones futuras”.

Finalmente, recuerdan que la zona de Puerto Chico se convirtió en la imagen más representativa de la ciudad de la mano de pintores y escritores , como José Gutiérrez-Solana, o Pancho Cossío, José María de Pereda, etc. que reflejaron las escenas del desembarco de la pesca, los marineros, y las pescadoras “pejinas”. Fue el último refugio de los” raqueros”, que desaparecieron a raíz de la Guerra Civil, y escenario de tragedias cuando las temibles galernas causaban el naufragio de las pequeñas embarcaciones de bajura y la muerte de sus tripulantes.

Por tanto, consideran que Puerto Chico “debería haber sido catalogado hace tiempo como Bien de Interés Cultural”, ya que “constituye una seña de identidad esencial de la historia de una ciudad cuya existencia e historia se deben a su condición de puerto”.

Así que, además de lamentar la descoordinación entre Puerto y Ayuntamiento de Santander (en un asunto que afecta a otros municipios) piden que se anule esta concesión, a una entidad privada, d como lo es la imagen del Frente Marítimo y la incuestionable prioridad de la defensa del espacio de dominio público frente a su ocupación y uso por intereses particulares minoritarios.