El próximo martes, 30 de julio, a las 10.000 horas, está previsto un nuevo desahucio en Santander, concretamente en la calle Cardenal Herrera Oria, de Cazoña. El lanzamiento va dirigido contra un matrimonio y su hijo de 18 años, según informa el colectivo STOP DESAHUCIOS, que prepara una acción de protesta.

La entidad ejecutante es Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), del grupo Santander, que ha sido denunciada por diferentes plataformas de afectados por prácticas que rayan la usura y la estafa.

El juzgado de primera instancia nº 5 de Santander emitió recientemente orden de lanzamiento contra el matrimonio formado por Carmen y Luis, y su hijo de 18 años, Ángel.

Carmen tiene 50 años y Luis 48. Hasta 2007 tuvieron una frutería y trabajaban en los mercados. Después han hecho trabajos esporádicos. Su hijo, Ángel, cumplió 18 años hace pocos meses. Actualmente se encentran en el paro y sobreviven a duras penas con una renta social básica de 591 euros. Carmen y Luis participan en la plataforma desde hace bastantes años, desde 2013 aproximadamente.

En 2014 no pudieron seguir pagando el piso de alquiler donde residían y, en lugar de seguir allí y dejar la deuda a los propietarios particulares, decidieron abandonarlo y buscar otras alternativas.

Pero, sin trabajo estable y sin nómina, les resultó imposible encontrar un piso de alquiler y decidieron ocupar una vivienda, siempre y cuando fuera propiedad de una entidad bancaria. En 2016 recibieron la demanda de desahucio y en 2018 tuvieron que sufrir el primer lanzamiento, que fue suspendido por la propia entidad ejecutante después de la movilización anti-desahucios que realizó la plataforma Stop-Desahucios y de la mediación de los responsables de la Oficina de Emergencia Habitacional. De hecho, según los propios afectados, en repetidas ocasiones la persona responsable de la Oficina de Emergencia Habitacional aseguró que obtendrían un piso en alquiler social.

En este sentido, Roberto Mazorra, coportavoz de la plataforma comenta que “la administración autonómica debería reflexionar sobre sus criterios a la hora de conceder pisos de alquiler socia». y defiende que «las personas que ocupan viviendas de bancos lo hacen por necesidad». «Muchos proceden de situaciones de pobreza sobrevenida y vienen derivados en origen de impagos de alquiler o de cuotas hipotecarias. La diferencia entre, por ejemplo, un impago de alquiler, un precario y una ocupación, siempre que sea de entidades bancarias y no de particulares, es muchas veces de matiz jurídico. Y desde el punto de vista moral, no existe distancia alguna”, recalca.

UCI es propiedad del banco Santander y de BNP Paribas al 50%. BNP Paribas es un grupo financiero francés que es, a su vez, accionista del banco Santander.

Según Antonio G. Javega, también coportavoz de la plataforma, “en el mundo financiero, UCI es la ‘línea de hipotecas basura’ del banco Santander”.

De hecho, el grupo Santander derivaba a esta entidad aquellos préstamos de alto riesgo, ya fuera por la precariedad de los clientes o por el escaso valor del inmueble, aplicando unas condiciones abusivas como diferenciales exagerados, plazos excesivos, tasaciones infladas, intereses por encima del valor de mercado. De hecho, UCI era conocida en el mundillo financiero como ‘Unión de Créditos Imposibles’.

Por ello, han recibido quejas y denuncias de numerosas plataformas de afectados por utilizar prácticas «que rayan la usura y la estafa». «En Cantabria han sido bastante duros con los desahucios y es muy difícil llegar a acuerdos con ellos. En realidad, con todas las entidades vinculadas al grupo Santander resulta difícil pactar cualquier cosa. Esperemos que en esta vez sea la excepción que confirma la regla”, recalcan.

Este viernes, la plataforma y los afectados presentaron escrito solicitando una nueva suspensión del lanzamiento, amparándose en la falta de respuesta de servicios sociales y en el estado de necesidad. De hecho, la familia en riesgo de desahucio ha solicitado por ello una reunión urgente con la alcaldesa de Santander, Gema Igual, para solicitar una vivienda de alquiler social, a sabiendas de que la respuesta será probablemente negativa.

El otro argumento jurídico para pedir el aplazamiento es la necesaria presencia en el procedimiento de Angel, hijo del matrimonio, cuya reciente mayoría de edad obligaría al juzgado para que pudiera personarse en el procedimiento, con objeto de evitar indefensión.