La plataforma Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria,que lleva más de seis años acompañando a los centros de salud a inmigrantes en situación irregular que encuentran obstáculos y denegaciones para ejercer su derecho a asistencia sanitaria no discriminatoria, se ha reunido con el nuevo consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez.

En el encuentro le han trasladado sus principales motivos de preocupación, entre los que ha destacado la falta de desarrollo reglamentario del real decreto-Ley de 2018 que debiera asegurar la universalidad y equidad del sistema nacional de salud, y los problemas de algunos colectivos particulares, como menores extranjeros romaníes, o mujeres extranjeras embarazadas.

Según explica la plataforma, el consejero ha manifestado «con rotundidad» su compromiso y el de su equipo con los principios de universalidad y equidad que deben regir el ejercicio del derecho a la salud, y se ha comprometido a facilitar los encuentros que se precisen con los nuevos responsables de las áreas de sanidad implicadas.

El problema de la exclusión sanitaria no se ha podido dar por zanjado. En la época de Mariano Rajoy, dentro de un paquete de recortes en sanidad, se excluyó de la sanidad universal a los inmigrantes en situación irregular, a los que sólo les quedaba la opción de urgencias, en una decisión criticada no sólo por las ONGs, sino por gestores sanitarios que recordaban los riesgos para la salud pública. de que existan colectivos con enfermedades sin tratar.

Pese a que se anuló ese decreto, aún quedan fuera de la sanidad colectivos como las personas que llevan más de tres meses fuera de España buscando trabajo (lo que ha afectado a muchos cántabros expatriados), las mujeres extranjeras embarazadas en situación irregular que no puedan acreditar la residencia en el país por al menos 90 días, o los menores edad en esta misma situación.

Y además, la falta de desarrollo de un reglamento que concretara la anulación del decreto ha dejado su aplicación en manos de los distintos criterios de las comunidades autónomas, en una situación en la que además influye la provisionalidad del gobierno central y el ‘aterrizaje’ de los nuevos gestores tras las elecciones autonómicas.

La plataforma, de hecho, sigue ayudando a migrantes a tener su asistencia. En Cantabria, se dio el factor añadido de la jubilación de la responsable de ‘Tarjeta Sanitaria’ que era quien buscaba las fórmulas legales para resolver los casos complejos que desde la Plataforma le comunicaban.

Por su parte, la plataforma ha querido insistir en la «especial sensibilidad» del consejero en este ámbito, tal y como demuestra el hecho de que sean el primer colectivo al que recibe tras su nombramiento como responsable de la Sanidad en Cantabria. «Tenemos que agradecer este gesto», han dicho, al tiempo que han señalado que con voluntad política se construyen los medios y se establecen las herramientas para buscar soluciones a los principales problemas.

En representación del colectivo, han acudido al encuentro con el consejero José Antonio Sánchez Raba; Fernando Gutiérrez Gómez; Adriana Villegas; José Antonio Alonso y Concepción Fernández Gutiérrez del Álamo.

Tras una primera toma de contacto, el propio consejero ha emplazado al colectivo a una nueva reunión, de carácter más técnico, en la que poner sobre la mesa los principales escollos que pueden surgir en la atención universal. Este es un ámbito que forma parte de las prioridades del Gobierno de Cantabria, ha insistido Rodríguez, ya que la inclusión sanitaria sin excepciones es, por encima de todo, una cuestión de humanidad que evita daños personales, pero tampoco debemos obviar que protege al resto de la población del riesgo de contagios y supone un ahorro para el sistema sanitario, ya que la atención de urgencia es siempre más costosa.

La plataforma civil «Ciudadanía contra la exclusión sanitaria» se creó en Cantabria en el año 2012 y, desde entonces, centra su trabajo en tres áreas concretas: la difusión social de esta problemática, el trabajo institucional para lograr cambios y mejoras y el acompañamiento de las personas a las que se deniega la asistencia.

Forma parte de la Red Nacional de Denuncia y Resistencia al RDL16/2012 (REDER), coordinada a su vez por un grupo motor integrado actualmente por ARI-PERU; la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Púbica (FADSP); Médicos del Mundo; la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCAT); Salud por Derecho; la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).