El desahucio previsto para este martes en Cazoña por parte de UCI, la financiera del Banco Santander, se ha suspendido, temporalmente, hasta el 19 de agosto, según informa el colectivo STOP DESAHUCIOS.

El Juzgado número 5 de Santander mantuvo hasta el último momento la orden de lanzamiento contra el matrimonio formado por Carmen y Luis, que sobrevivía con una renta básica y había ocupado esta vivienda como medida de emergencia, a pesar de que, según la plataforma Stop-Desahucios, “existía base jurídica para haberlo suspendido sin necesidad de ningún pacto con la parte ejecutante”.

Carmen y Luis fueron acompañados por varios activistas de la plataforma y estuvieron toda la mañana en el juzgado. Al final, por intervención de la letrada-secretaria del juzgado, se llegó a un acuerdo que establece el compromiso de la familia en abandonar el inmueble antes del 19 de agosto, que es la fecha señalada en el decreto de suspensión del juzgado.

La entidad ejecutante es Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), del grupo Santander, que ha sido denunciada por diferentes plataformas de afectados por prácticas que rayan la usura y la estafa.

Carmen tiene 50 años y Luis 48. Hasta 2007 tuvieron una frutería y trabajaban en los mercados. Después han hecho trabajos esporádicos. Su hijo, Ángel, cumplió 18 años hace pocos meses. Actualmente se encentran en el paro y sobreviven a duras penas con una renta social básica de 591 euros. Carmen y Luis participan en la plataforma desde hace bastantes años, desde 2013 aproximadamente.

En 2014 no pudieron seguir pagando el piso de alquiler donde residían y, en lugar de seguir allí y dejar la deuda a los propietarios particulares, decidieron abandonarlo y buscar otras alternativas.

Pero, sin trabajo estable y sin nómina, les resultó imposible encontrar un piso de alquiler y decidieron ocupar una vivienda, siempre y cuando fuera propiedad de una entidad bancaria. En 2016 recibieron la demanda de desahucio y en 2018 tuvieron que sufrir el primer lanzamiento, que fue suspendido por la propia entidad ejecutante después de la movilización anti-desahucios que realizó la plataforma Stop-Desahucios y de la mediación de los responsables de la Oficina de Emergencia Habitacional.

LA FAMILIA NO QUERÍA VIVIR EL ESTRÉS DE UNA MOVILIZACIÓN

Para Antonio G. Javega, coportavoz de la plataforma, “los problemas de salud y nerviosismo de la familia han provocado el acuerdo” ya que “no querían volver a vivir el estrés de una movilización y de la amenaza de la violencia de los antidisturbios”. “Es humano y lo entendemos perfectamente. Ahora, el problema es qué va a pasar el 19 de agosto con esta familia. Ese día se encontrarán en la calle porque nadie ha hecho nada para remediarlo”, aseveraba.

La plataforma ya había convocado la movilización anti-desahucios para mañana. “desconvocarla no será ningún problema, lógicamente. Lo primero son las familias. Y lo que ellos decidan va a misa”, aclara Javega.

“Lo que no entendemos es que el juzgado haya emitido una nueva orden de lanzamiento para el 19 de agosto, siendo dicho mes inhábil. Aunque hay una excepción en los procedimientos penales, sólo se refiere a la fase de instrucción o similar; y en el caso de Luis y Carmen se trata de una ejecutoria penal, la última fase de cualquier procedimiento penal. Creo que en el juzgado han confundido el pacto entre las partes con lo que debe ser una orden de lanzamiento, cuando son cosas muy diferentes”, afirmaba el portavoz de la plataforma.