Varios trabajadores de Mercadona representados por el sindicato Maysa han llevado a la Mutua Montañesa, empresa a la que se deriva la gestión de bajas y rehabilitaciones por parte de distintas empresas, a la Inspección de Trabajo en Cantabria.

Las denuncias, a las que ha tenido acceso EL FARADIO, son por infracción de la normativa de seguridad laboral y vulneración de derechos laborales, y recogen prácticas como amenazas para seguir el tratamiento con la Mutua en lugar de con la Seguridad Social, y chantajes de dar el alta en caso de no aceptar.

Con ellas, aseguran los denunciantes, lo que se trata en realidad es de conseguir más altas médicas.

Así, en una de las denuncias se acusa a personal de la Mutua de negarse hace dos semanas a atender a un trabajador cuando acudía acompañado de su representante sindical, y esto después de un primer encuentro tratar de obligarle con “amenazas y coacciones” a realizar la rehabilitación en esta entidad, identificándose este personal como que trabajaba “para” la Seguridad Social (si bien a otros trabajadores, en otras visitas, les había dicho que trabajaba “para” Mercadona, la empresa).

La denuncia advierte de que el trabajador había dado su consentimiento a que le acompañara el representante sindical, lo que vulnera su derecho legal y las propias prácticas deontológicas del Colegio de Médicos de Cantabria sobre que el paciente pueda decidir sobre sus propios datos sensibles.

En otra de las denuncias, se cita al mismo personal de la Mutua que indica a otro trabajador, hace más de un mes, que su rehabilitación tras una operación debía hacerla “obligatoriamente” con este ente sin que pudiera elegir”.

Algo a lo que el paciente se negó, recalcando que conocía su derecho a poder elegir y hacerlo a través de la Seguridad Social.

En la denuncia ante la Inspección de Trabajo se describe como a continuación el personal de la Mutua le advirtió de que si no hacía la rehabilitación con ellos, le daría el alta.

Y le instó a firmar un documento en el que quedara reflejado que se negaba a hacer la rehabilitación, y que al no hacerlo, le daba el alta, enfatizando además que era personal de la Seguridad Social y no de la Mutua.

Ese personal llamó a compañeros del centro para que actuaran como testigos de la situación, pero rechazó que el paciente pendiente de rehabilitación pudiera hacer lo mismo con su representante sindical, añade la denuncia. El personal aseguró entonces que emitiría un informe recomendando el alta, si bien finalmente, tras la revisión, acabaron permitiendo que fuera a la sanidad pública y que siguiera de baja.

Eso sucedió hace más de un mes. Nuevamente hace dos semanas el trabajador volvió a la Mutua, acompañado de su representante sindical al que autorizaba a conocer su estado de salud, pero el personal se negó a que entrar el delegado de MAYSA, y, una vez dentro el paciente, le ordena que apague el teléfono móvil, advirtiéndole una compañera del centro de que, de no hacerlo, diría que no se ha presentado a la cita y que esto podría suponer la pérdida de la prestación económica correspondiente.

La prestación, en efecto, le fue suspendida, algo a lo que ya se han presentado las correspondientes alegaciones.