El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC , Ministerio de Hacienda) ha suspendido de forma provisional el procedimiento de contratación del servicio de transporte escolar para el curso 2019-2020 en Cantabria ante los recursos presentados por la Federación Cántabra del Taxi.

Los taxistas consideran que la Consejería de Educación ha vuelto a redactar unos pliegos que les sitúa en una posición “desigual e injusta”, con criterios “absolutamente discriminatorios” para los titulares de licencias de auto-taxi a los que se pretende “excluir” para “evitar la concurrencia”, lo que “conculca” los principios de igualdad y libre competencia consagrados en la Constitución.

En su exposición de motivos, explican que los pliegos establecen condiciones como disponer de más de dos vehículos excluyen a los propietarios de licencias de auto-taxi, que no pueden presentar ofertas a varias rutas o lotes. Es decir, según los taxistas, con un vehículo solo pueden licitar a 2 rutas, y con 2 vehículos a 4 rutas, cuando en anteriores procesos no había límite.

Además, denuncian que las condiciones para la licitación en al menos 20 rutas exigen nueve o más plazas, cuando los alumnos a transportar son menos de nueve o que se solicitan anclajes para sillas de ruedas “sin que exista necesidad”.

Por otra parte, exponen que prácticamente todas las rutas que salen a licitación son las mismas que sacó a concurso la Consejería para el curso anterior (2018-2019) “sin que resultaran adjudicadas” –aunque el servicio lo han prestado las mismas empresas que venían haciéndolo- y consideran “inconcebible” que “se convoque una nueva licitación con el mismo objeto”.

En sus recursos, la federación recuerda su denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (también presentó escrito ante la Fiscalía, pero quedó archivado al entender que no había ilícito penal) en la que se exponía cómo desde hace más de 10 años se está adjudicando a las mismas empresas las rutas de transporte escolar.

En su primer escrito, los taxistas pedían la anulación de la licitación pública, que se modifique el apartado que les impide presentarse a más de dos rutas o lotes y la modificación de 21 rutas para permitir que las mismas puedan ser prestadas por taxis “sin necesidad de disponer anclajes para sillas de ruedas”.

La Federación Cántabra del Taxi considera que la exclusión de las licencias de auto-taxi al concurso de rutas de transporte escolar “impide una clara mejora de la prestación del servicio, no sólo a través de la reducción del precio sino también en la forma de despliegue, en el que ofrecen una atención más “personalizada”.

Este martes, en una resolución a la que ha tenido acceso EL FARADIO,  el órgano dependiente del Ministerio de Hacienda estima las medidas cautelares que solicitaban los taxistas cántabros a la espera de la resolución de sus recursos especiales (recurso inicial y ampliación del recurso) al proceso de contratación, presentados por la federación los días 26 de julio y 1 de agosto.

En la ampliación del recurso impugnaban el punto 10.1 sobre solvencia económica y financiera, que exigía un volumen anual mínimo del 150% del valor de los lotes, una cifra “totalmente desproporcionada”, al igual que la exigencia de la solvencia técnica y profesional, que según los pliegos debe ser igual o superior al 70% de los valores estimados de los lotes.

Y contrastan estas condiciones con las del pliego de 2017, que establecía una cantidad del 25% del valor de licitación, por lo que para los mismos requisitos el pliego de 2019 ha incrementado respecto al de 2017 por seis el mínimo de solvencia económica y por tres el de solvencia técnica.

El pasado 9 de agosto la Consejería de Educación suspendió la mesa de contratación en la que estaba prevista la apertura pública de las propuestas de los licitadores por la rectificación del pliego, que además ampliaba el plazo para la presentación de ofertas hasta el 26 de este mes.

EDUCACIÓN GARANTIZA NORMALIDAD EN EL INICIO DEL CURSO

La Consejería de Educación ha garantizado este miércoles en nota de prensa que el transporte escolar funcionará “con normalidad” desde el inicio del curso escolar, que arranca el próximo 9 de septiembre en Educación Infantil y Primaria y el 11 en Secundaria y Formación Profesional, al tiempo que ha defendido que el pliego de cláusulas administrativas está pensado para garantizar “el mejor servicio posible” a los estudiantes y a sus familias, porque el transporte desde y hasta los centros escolares es un servicio “esencial”.

El departamento que dirige Marina Lombó se ha pronunciado así tras conocer la suspensión, de forma provisional, del proceso de contratación del servicio de transporte escolar para el curso 2019-2020. Una decisión adoptada en respuesta al recurso planteado por la Federación Cántabra del Taxi a la licitación y el pliego de cláusulas del contrato del servicio de transporte.

Según ha explicado el director general de Centros Educativos, Jesús Oria, departamento del que depende el transporte escolar, la diferencia este año es que, al licitarse de forma simultánea todas las rutas de transporte escolar, 467 en total, el contrato se convierte en lo que se denomina contrato armonizado, susceptible de recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).

Sobre este aspecto, ha valorado que el Tribunal ha suspendido el proceso de adjudicación pero permite expresamente que los trámites sigan su curso, por lo que ha asegurado que la Consejería “seguirá trabajando” con normalidad.

SOLVENCIA Y NÚMERO DE PLAZAS

La Consejería rebate además los argumentos esgrimidos por la Federación del Taxi. Sobre el requisito de solvencia técnica que exige que los licitadores han de disponer de, al menos, un número de vehículos con la capacidad y características exigidas igual o superior al 50 por ciento de los lotes a los que liciten, el informe de la Consejería remitido al TACRC explica que los horarios de los centros, muy similares, hace que un vehículo pueda hacer como máximo uno o dos recorridos (uno de colegio y otro de instituto). Una previsión, además, que afecta tanto a taxis como a autobuses.

Así, se recoge textualmente: “Un vehículo puede compaginar un máximo de tres entradas y dos salidas, con lo que no podría compatibilizar, en ningún caso, tres entradas y tres salidas, siendo necesarios, en consecuencia, al menos dos vehículos para poder realizar tres lotes”.

Además, el pliego abre la puerta a solventar esta dificultad, al permitir la integración de la solvencia con medios externos. En este punto, Oria explica que no supone “ningún tipo de discriminación”, sino una previsión pensada para el “correcto funcionamiento del servicio”.

“Sin esta precaución, un licitador podría presentarse a todos los lotes, aún a sabiendas de que no tiene capacidad para ejecutar los contratos si resulta adjudicatario y decidir después cuál ejecuta”, ha argumentado Oria, para quien esta situación “atentaría gravemente contra el interés general”.

Por otra parte, en cuanto a la exigencia de que algunas rutas ofertadas en las que, pese a que el número de escolares es menor a nueve se exigen vehículos de nueve o más plazas, la razón, explica Oria, es “lógica”, porque “en todas esas rutas, 7 del total, se transportarán alumnos con movilidad reducida, lo que supone automáticamente una reducción en la práctica del número de plazas”.

Así, ha explicado el director general, una silla de ruedas homologada ocupa más espacio que una plaza ordinaria, y hace necesario, además, un espacio adecuado para facilitar la accesibilidad y el anclaje. Y ha puesto como ejemplo un vehículo de nueve plazas que habitualmente dispone de una plaza para personas con movilidad reducida o, excepcionalmente, dos.

En estos casos, las plazas disponibles quedan reducidas a seis o menos, y, teniendo en cuenta que dos quedan reservadas para el conductor y el monitor que siempre se desplaza con alumnos con este tipo de necesidades y que los menores de 14 años y de alturas inferiores a 1,35 metros han de ir, obligatoriamente, en los asientos traseros, en realidad el número de plazas para alumnos sin discapacidad motórica se reduce a un máximo de tres.

Con todo, el director general ha asegurado que el “objetivo último” de la Consejería de Educación es que una “pieza esencial” del sistema educativo como es el transporte funcione “lo mejor posible y posibilite a los escolares cántabros desplazamientos ágiles y cómodos vivan donde vivan”.