La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria está pendiente del recurso contencioso administrativo que presentó Ecologistas en Acción (EA) en abril, con alegaciones y demandas “fundadas” para rechazar el ‘macropuerto’ deportivo de San Vicente de la Barquera.

Según explicaba recientemente la organización, alegaciones  trabajadas por todo el movimiento contra la infraestructura, realizadas por la Plataforma contra el Macropuerto, Ecologistas en Acción y  el representante de los grupos ecologistas y conservacionistas de Cantabria en el Patronato del Parque Natural de Oyambre, el histórico activista Emilio Carrera.

El recurso contencioso, contra la resolución (13 de febrero) por la que se aprobaban los proyectos denominados Nuevo Puerto Deportivo de San Vicente de la Barquera, fue admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria el 12 de abril.

En el comunicado, EA considera que es una “temeridad” de la Consejería de Obras Públicas, que vuelve a “bordear” la figura del «delito sin delincuente», como “aportación de Cantabria al Derecho Internacional”, ironiza.

En este sentido, reivindican la “necesidad de depurar las responsabilidades” económicas, penales, políticas e institucionales “en la vulneración manifiesta de la Ley” –a pesar de las advertencias y recursos previos– y en “el despilfarro de los recursos públicos”.

Y recuerdan ejemplos “tan cercanos en su ejecución, demolición u obligada restauración como son las sentencias  de derribo de cientos de viviendas en el borde costero, como El Cuco, el desmantelamiento y traslado de la depuradora de la Vuelta Ostrera, la anulación de la variante Este de Comillas y la variante de Oyambre con la restitución de su entorno al estado original,  la prohibición de la macrourbanización de Santa Marina y las indemnizaciones impuestas a las Admnistraciones Públicas, los incumplimientos repetidos de las sentencias sobre el Polideportivo de Las Tenerías, la escollera del Pájaro Amarillo, la restauración de los sistemas dunares de Merón y La Braña , el campo de golf de Oyambre o la recuperación de las marismas de Pombo y Rubín.

“FLAGRANTES ILEGALIDADES”

Según EA,  dentro de las “flagrantes ilegalidades” del proyecto, destaca que ignora la Ley de Cantabria que declaró el Parque Natural de Oyambre y el LIC (Lugar de Interés Comunitario) de las ‘Rías Occidentales y Dunas de Oyambre’, que en su artículo tercero establece que “queda prohibida toda actividad que pueda alterar los elementos y la dinámica del ecosistema del parque natural de Oyambre».

Asimismo, quedan expresamente prohibidas las actividades siguientes: “cualquier movimiento de tierras o actividad extractiva que comporten una modificación de la geomorfología actual de la zona” y “la instalación de elementos artificiales permanentes que limiten el campo visual, rompan la armonía del paisaje o desfiguren las perspectivas”.

Además, EA considera ilegal el proyecto porque el Patronato del Parque de Oyambre no ha informado ni debatido las fases del procedimiento de licitación y adjudicación de las obras;  porque no se han realizado análisis específicos sobre afecciones al paisaje, valores ambientales,  flora y fauna silvestre del estuario, la bahía y la ría en su conjunto, ni estudios sobre tráfico de embarcaciones deportivas: número, frecuencia, rutas, intensidad, estacionalidad, futuro del sector náutico que justifique nuevos puertos deportivos, etc.

Tampoco se han evaluado o previsto los riesgos de las nuevas actividades, según los ecologistas, y porque  es “incompatible con las modificaciones hidrodinámicas”, “afecta a hábitats de interés comunitario” y “pueden perder el equilibrio ecológico del interior de la ría,  provocar un impacto indirecto sobre los sistemas dunares asociados, y disminuir la calidad del agua del estuario por la circulación constante de embarcaciones y la remoción y dispersión de productos tóxicos por los dragados”.

Además, advierten de que el proyecto pretende ejecutarse a partir del mes de Octubre con un Estudio de Impacto Ambiental “caducado” sobre un espacio protegido como es el Parque Natural de Oyambre que carece aún –a pesar de haber transcurrido  30 años desde su creación– de Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), de Plan de Desarrollo Sostenible, de los Planes Sectoriales de Restauración e Integración Ambiental y Paisajística, de Fomento de Buenas Prácticas en el Sector Primario, y de Fomento de Buenas Prácticas en las Actividades Turísticas.

Y, de igual manera, hace “caso omiso” de las cautelas y  criterios preventivos del Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria en cuanto a su impacto visual, la  calidad ambiental, atmosférica, acústica y lumínica de Áreas de Interés Paisajístico (AIP) como la de la bahía de San Vicente, un sector costero “sobresaliente” por su “excepcionalidad o singularidad física y estética”, además de por su “geomorfología” y por ser “escenario del paisaje litoral de obligada inclusión” en el área de Protección y Dinámica Intermareal (PI)  que se prolonga por rías, estuarios, dunas y marismas.

Todo ello “a pesar de la degradación que ha venido sufriendo por el hacinamiento urbanístico y las desafortunadas tipologías arquitectónicas en La Barquera, Merón, Las Calzadas, y algunos lugares del propio centro de la villa”.

“VULNERA” LA LEY DE COSTAS

Según el recurso de Ecologistas en Acción, el proyecto vulnera, también,  la Ley de Costas, que establece que “la actividad administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre perseguirá, entre otros, el fin de garantizar el “uso público” del mar, de su ribera y del resto del dominio público marítimo-terrestre.”

Una utilización del dominio público marítimo-terrestre y, en todo caso, del mar y su ribera que será “libre, pública y gratuita para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aquél, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a esta Ley”.

Para EA, el Puerto Deportivo de San Vicente de la Barquera va a “sustraer del uso público” una parte del dominio público marítimo-terrestre, “privatizando su explotación para disfrute exclusivo de los usuarios de embarcaciones de recreo, violando la finalidad de garantizar el uso público del mar”.

Añaden que “los impactos” de la construcción del puerto modificarían los valores ambientales de la ría y marismas de San Vicente, que son “áreas de gran diversidad y productividad biológica para el sector pesquero de bajura, altura, viveros y marisqueo pues garantizan la reproducción y/o alimentación de numerosas especies”.

Al alterar las dinámicas sedimentarias y del estuario, sostienen, el proyecto entra “en abierta contradicción con la  Memoria Ambiental de Instalaciones Portuarias, que dice que “las propuestas que afecten a estructuras sedimentarias deben ser lo más blandas posibles procurando una ocupación mínima de zonas de marisma y zonas intermareales”.

El mismo documento recomienda “evitar” zonas intermareales y de marismas y la ocupación de “sistemas de valor ambiental significativo”.

Por otra parte, la organización anticipa que el proyecto “reducirá la calidad del agua de la ría de San Vicente, dificultará su renovación al aumentar el número de embarcaciones y los vertidos náuticos, añadirá un foco de contaminación importante, aumentará el tráfico rodado y el arrastre de lixiviados contaminantes, y potenciará la demanda de plazas de aparcamiento y acentuará las congestiones de tráfico”.

También anticipan que “al hacer más rígido” el frente costero se “acentuarán” riesgos naturales asociados al cambio climático en zonas vulnerables, como “la erosión y el retroceso de la línea de costa,  los riesgos  de inundación en  zonas bajas,  los impactos de los temporales, el oleaje, las corrientes y el subsuelo marino”.

A todo esto añaden problemas de gestión, como el “mantenimiento, rellenos y dragados”, que ven “incompatibles con la calidad ambiental que el Parque, el LIC y la Directiva de Hábitats pretenden preservar”.

ALTERNATIVAS

Según Ecologistas en Acción hay alternativas para un “desarrollo sostenible y armónico” con un reparto social “más justo”, con la inversión y creación de empleo previstas, que “deberían incidir en la dinamización y modernización del sector pesquero, la ampliación de pantalanes y la reordenación de los amarres”

Además, proponen una Denominación de Origen ‘Oyambre’ para los recursos agroganaderos, pesqueros y turísticos y proponen infraestructuras y equipamientos para la gestión y oferta del Parque con la “descentralización de Centros de Información e Interpretación”.

También piden programas de I+D+i con “financiación y plantilla permanente para el análisis y aprovechamiento endógeno con un Polígono básico de servicios y naves-nido, la rehabilitación del patrimonio Natural y Cultural –La Casa del Pozo, el Lazareto de Abaño, las colonias de la Institución Libre de Enseñanza, la Torre de Ballenas del Golf, el Monte Corona, ermita de la Sta Cruz, senda del carbón, itinerarios didácticos…–  y medidas de desestacionalización turística.

Por otra parte sugieren dotar con un fondo “generoso” de subvenciones a ayuntamientos y juntas vecinales, empresas y vecinos, como “compensación por su aportación de terrenos al Parque” y para proyectos de mejora y modernización de las actividades tradicionales, depuración de las aguas residuales y vertidos a la ría o a las playas de la villa y los núcleos rurales del municipio.