La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Santander ha registrado en el Parlamento de Cantabria este martes la Ley de Vivienda y su traslado a la Comisión del Peticiones.

Es una tramitación que ya inició PAH Santander la pasada legislatura y que fue admitida a trámite, si bien no pudo concluir con su aprobación.

Tras el registro, representantes de la PAH mantendrán reuniones con los grupos parlamentarios con el fin de solicitar que, en cuanto comiencen las sesiones parlamentarias, se inicie el trámite de la Ley, con el objetivo de que Cantabria pueda tener una Ley que garantice el derecho a la vivienda para finales de 2019.

Antes de iniciar las reuniones, en primer lugar con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Noelia Cobo, el portavoz de la PAH, José Ignacio Vía, ha atendido a los medios de comunicación para explicar las principales medidas recogidas en su petición y la situación de los desahucios en Cantabria.

La PAH ha justificado el registro nuevamente de la Ley de Vivienda, ya que el 11 de febrero se aprobó el inicio de la tramitación parlamentaria pero con el fin de la legislatura se terminó el procedimiento. «Esperamos que ellos, los partidos políticos, presenten esta Ley, porque es necesario hacerlo así», ha añadido.

«La situación en Cantabria es muy complicada», y ha asegurado que el Gobierno ha pedido ayuda a la PAH para «que nos enfrentemos a un fondo buitre, Las Peñicas (Liberbank». Según ha detallado, hay una compañera de la PAH de Santander que está afectada porque este fondo no quiere renovar el alquiler, una entidad que «ha sido rescatada con fondos públicos que no han devuelto», ha denunciado Vía.

El portavoz de la plataforma ha criticado que “el tema de la vivienda en Cantabria es un tema que no ha sido abordado ningún partido y ningún Gobierno”, por lo que ha considerado que “ya va siendo hora”, porque “es algo que le va a costar la vida a las personas, no es nada superfluo”.

En cuanto a la Ley, la PAH señala que «lo primero es proclamar el derecho subjetivo a la vivienda», que en la Constitución es «testimonial». De manera que «existe la obligación de las administraciones de satisfacer ese derecho a la vivienda, de forma que el ciudadano si no es satisfecho puede ir a los tribunales».

Por otra parte, recordaba el «carácter social» de la vivienda y, en este planteamiento, el «carácter social de la expropiación» si un fondo buitre o un gran tenedor tiene un gran número de viviendas «injustificadamente» vacías. «No es la primera vez que se haría y todo es perfectamente legal», ha enfatizado.

Además, la Ley busca  un cuerpo de inspectores que sancionen «tanto al particular como el funcionario que no cumpla con la obligación».

Respecto a los desahucios en Cantabria, «más allá de cifras» – aunque ha apuntado una estadística de Cruz Roja que recientemente cifraba en un 20% la población en riesgo de emergencia habitacional-, han querido apuntar que «hay desahucios silenciosos todos los días».

Como ejemplo, han asegurado que el registro de la Ley que han efectuado este martes estaba previsto para el lunes, pero ha sido aplazado por un desahucio que finalmente fue suspendido.