El Gobierno de Cantabria ha rubricado el contrato con el equipo redactor encargado de realizar el proyecto de las viviendas de sustitución de Arnuero, un trámite que da luz verde al desarrollo del proyecto básico y de ejecución para el comienzo de las obras, en un plazo aproximado de un año.

Así lo ha confirmado el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, tras la firma con los arquitectos Amaia de Vicente e Ignacio Ruiz Mendaza, a la que ha asistido también la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que ve en Arnuero un proyecto que «marcará el camino para otros ayuntamientos».

Arnuero es uno de los municipios más afectados por las sentencias firmes de derribo de urbanizaciones ilegales en la costa.  En concreto en ‘El Encinar’, 144 apartamentos a pie de playa, con sentencia de derribo desde los años 80.

José Manuel Igual, en una reunión de trabajo sobre el Programa de Desarrollo del Plan General || Foto: Ayuntamiento de Arnuero

La solución en Arnuero ha consistido en acatar la sentencia y el derribo, pero entregar una vivienda alternativa en compensación a los afectados en las inmediaciones de Isla, en Quejo, para lo cual el Ayuntammiento ha comprado suelo y ha aprobado un nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

El Gobierno de Cantabria, responsable último de la luz verde de las viviendas ilegales, aprobó el pasado mes de agosto 11,3 millones de euros para levantar esas 102 viviendas. Y ahora el Ejecutivo da luz verde a las viviendas de sustitución de Arnuero tras firmar el contrato con el equipo redactor.

El consejero también ha dado a conocer un pre diseño de la futura construcción de las viviendas en una parcela propiedad del Ayuntamiento de Arnuero, sobre la que se intentará edificar de manera similar a las originarias, y ha emplazado a los afectados a sucesivas reuniones para estudiar posibles sugerencias.

Así, en un plazo de dos meses, podría estar finalizado el proyecto básico y será entonces cuando los vecinos tengan que decidir sobre la adquisición del inmueble o recibir la correspondiente indemnización.

A la firma también representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) y de los propietarios de las viviendas de la playa de La Arena, quienes han podido departir con el consejero y con el equipo redactor acerca de sus principales inquietudes.

Su presidente, Antonio Vilela, ha valorado el encuentro de manera positiva por ver «algo real» y que los afectados puedan manifestarse sobre ello, al tiempo que ha solicitado la «máxima colaboración» entre administraciones ante un proyecto que «marcará el camino para otros ayuntamientos» y desde la Asociación confían en que sea «lo mejor para los afectados, los cántabros y el municipio».

En esta misma línea se ha expresado José Manuel Olaiz, como representante de los afectados de las viviendas de La Arena, que considera que «se están dando pasos» para que cada vecino pueda ir tomando una decisión en base a un pre proyecto.