La Comisión 8 Marzo, plataforma integrada por distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales de Cantabria, convoca mañana en Santander una nueva concentración de la campaña «Los 25 de cada mes nos vemos en las calles», que en esta ocasión será en la Plaza del Ayuntamiento a partir de las 19,30 horas.

Esta campaña de la Comisión 8 de Marzo tiene como lema «No son muertas, son asesinadas» y se celebra todos los días 25 de cada mes en coincidencia con la fecha en la que se conmemora en el mes de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La cita se produce todos los meses, y en este caso llega días después de la multitudinaria celebración en ciudades de todo el país de la noche violeta de la emergencia feminista, convocada ante la preocupación por la acumulación de casos desde el verano y en las últimas semanas, con nuevos casos este fin de semana.

De hecho, la plaza del Ayuntamiento de Santander ha acogido este mediodía un minuto de silencio en el que han participado miembros de la Corporación municipal, trabajadores y ciudadanos para condenar los asesinatos machistas de Barcelona y Mallorca.

De este modo, la ciudad ha querido recordar a las últimas víctimas de la violencia machista en España, la mujer de 44 años asesinada el pasado 18 de junio en la provincia de Barcelona, y la mujer de 59 asesinada, asesinada el pasado 22 de septiembre, en Mallorca.

Concentración en Santander

El concejal de Igualdad, Álvaro Lavín, ha pedido la implicación de todos los santanderinos para acabar con esta lacra, que en lo que va de año se ha cobrado la vida de 44 mujeres.

Tras la concentración, Lavín ha manifestado el dolor de la Corporación por estas muertes, ha reiterado la repulsa de la ciudad a la violencia de género y ha apelado a la “responsabilidad compartida de instituciones, organizaciones sociales y ciudadanos para combatir una lacra que hay que desterrar de la sociedad”.

Además, ha insistido en la “sensibilización” como “mejor arma” para hacer frente a un “drama social” que requiere una respuesta “conjunta y coordinada”.

“Debemos trabajar de forma coordinada por una educación en igualdad, seguir identificando a los agresores, y, sobre todo, ayudar a las víctimas a romper su silencio y alcanzar un futuro sin este tipo de violencia”, ha afirmado.

Por último, ha pedido a las víctimas que “no pierdan la esperanza”, porque “no están solas”, y las ha alentado a pedir ayuda en el Punto de Atención Integral a las Víctimas del Centro de Igualdad del Ayuntamiento (General Dávila, 124, en el Centro Cívico María Cristina).  Además, ha recordado el teléfono 016 de atención a las víctimas.
Desde 2003, son ya 1.019 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas.

JUICIOS POR AGRESIONES, ABUSOS Y EXPLOTACIÓN SEXUAL O LABORAL

Todo en una semana que comenzaba con el recuerdo del Día contra la Trata y la Explotación Sexual en la que se producen varios juicios por vulneraciones contra derechos de las mujeres.

Así, el martes 24 a las 10.00 horas la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria se ha señalado un juicio por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

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Se juzga a un acusado de, en su condición de propietario y gerente de un club en Ojáiz, Santander, tener empleadas a ocho personas extranjeras sin contrato de trabajo y sin estar dados de alta en la Seguridad Social.

El acusado, además, “utilizaba en ocasiones a los trabajadores para ocultar su identidad, obligándoles a firmar contratos”.

Según el ministerio público, los hechos descritos constituyen un delito contra los derechos de los trabajadores y merecen una pena de tres años de prisión, multa de 2.700 euros e inhabilitación para ejercer el cargo de administrador de industria o comercio por tres años.

Asimismo, considera el fiscal que procede la clausura del club por un periodo de tres años, aun cuando el mismo haya cambiado de nombre comercial.

Y el jueves y viernes a las diez, también en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, hay un juicio por un presunto delito de trata de seres humanos.

Una pareja está acusada de presionar a la sobrina de ella para venir a España a ejercer la prostitución.
Según el Fiscal, eran sabedores de que la mujer pasaba por “serias dificultades económicas”, se había quedado sin trabajo y sin ingresos hacía meses y estaba viviendo en un apartamento propiedad de la acusada.

Así, comenzó a proponerla que se trasladase a España a ejercer la prostitución, pero como la sobrina no aceptaba la propuesta, la acusada “decidió en cierto momento presionarla, y la exigió el pago de todas las rentas que no le había satisfecho durante el tiempo que le había dejado estar viviendo en su apartamento”.

“La convenció de que viviendo a España a ejercer la prostitución podría saldar esa deuda y además ganar dinero, ya que se repartirían al 50% los beneficios de esa actividad”, prosigue el escrito.

Según el escrito del Fiscal, los hechos constituyen un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en concurso con un delito de inmigración ilegal, un delito de prostitución coactiva, un delito leve de maltrato, y un delito continuado de falsedad en documento privado.

Por todo ello, solicita una pena para cada uno de los dos acusados de once años de prisión y multa de 9.900 euros.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil pide que indemnicen a la joven en 30.000 euros por los perjuicios psicológicos y morales derivados de los hechos.

El lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial se juzgaba a un acusado de abusar sexualmente de manera continuada de su hija adoptiva, y acabó admitiendo los hechos.

Y este miércoles, a las 9.30 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, hay un juicio por agresión sexual.

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Es contra un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija cuando ésta contaba con catorce años. En ocasiones anteriores, según el escrito del fiscal, le había realizado tocamientos.

Para el ministerio público, el acusado es autor de un delito continuado de agresión sexual a menor de dieciséis años, por lo que pide una condena de once años de prisión; alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima durante doce años; libertad vigilada de ocho años desde la finalización de la pena privativa de cárcel, y privación de la patria potestad.

En concepto de responsabilidad civil, solicita una indemnización a favor de la víctima de 6.000 euros por el trastorno de desadaptación y 3.000 euros por los daños morales.

La acusación particular, que ejerce la madre de la menor, coincide en sus peticiones con el ministerio fiscal.