La Fiscalía de Cantabria ha presentado este jueves el escrito de modificación de la acusación en el caso de La Loma, por lo que retira los cargos contra 39 de los 45 acusados en la instrucción iniciada en 2008 en el Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales – cuyo titular era entonces el juez Acayro.

En una nota de prensa que ha distribuido el TSJC a petición de la Fiscalía Superior de Cantabria, confirma las intenciones avanzadas el pasado 3 de octubre en la sala de la Audiencia y mantiene la acusación sólo frente a seis: los exalcaldes Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza; el exsecretario, Cesar Sáiz; el exarquitecto municipal, Pedro Restegui; la exingeniera del Consistorio, Yolanda Sánchez y el arquitecto Valentín Galdós.

En un breve comunicado añade que los hechos objeto del proceso quedan “acotados” a las presuntas ilegalidades cometidas en la aprobación del plan parcial del SUNP-12 de modificación del PGOU de Castro Urdiales.

“La Fiscalía, verificados los datos obrantes en las actuaciones, así como la aparición de nuevos elementos de ponderación, concluye que las concretas iniciativas relativas al SUNP 3 fueron adoptadas por los responsables municipales sin que hubiera constancia fehaciente de su manifiesta ilegalidad”.

Además, valora que las nuevas certificaciones expedidas por el Ayuntamiento de Castro Urdiales indican que la tramitación del Plan Especial de Monte Cueto -ya iniciada en el año 2004- fue finalmente culminada en el año

2008, y que ya se ha iniciado la ejecución del depósito que abastecerá a las referidas viviendas, según acta de replanteo “certificada debidamente” y “una vez superados los problemas de financiación”.

También, valora que “las deficiencias inicialmente observadas fueron progresivamente subsanadas, sin que exista un pronunciamiento judicial que declare la nulidad de los instrumentos urbanísticos por motivos de ilegalidad manifiesta sobre el fondo, sino por razones de carácter procedimental”.

Y deduce que la construcción del depósito era “en todo caso legalizable”.

Finalmente, asevera que “puede descartarse la existencia de engaño en los adquirentes de las viviendas, a la vista de las manifestaciones formuladas recientemente por su representación procesal, debidamente ratificadas en las actuaciones”.

LOS SEIS ACUSADOS

El exalcalde Fernando Muguruza (exregionalista), por un delito continuado de prevaricación y prevaricación urbanística, se enfrenta a 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 2 años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.

Para el exalcalde Rufino Díaz Helguera (exsocialista), la Fiscalía pide 4 años de prisión por un delito continuado de cohecho, además de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 años y multa de 149.082€ con arresto sustitutorio de 90 días en caso de impago.

El exsecretario municipal, César Sáiz, está acusado por los delitos continuado de cohecho, falsedad documental en concurso con prevaricación y prevaricación, por lo que el ministerio fiscal solicita hasta siete años de prisión, inhabilitación durante la condena para cargo público y para funciones técnicas por 3 años, y varias multas, de 7 meses con cuota diaria 50€, con aplicación del artículo 53 del Código Penal en caso de impago y de 1.087.334 euros con arresto sustitutorio de 30 días en caso de impago.

Por falsedad documental y cohecho, el último de los acusados, el arquitecto Valentín Galdós, se enfrenta a cinco años de prisión,inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 8 meses con cuota diaria de 50€ y con aplicación del artículo 53 del CP en caso de impago y multa de 18 meses con cuota de 50 euros.

Por el mismo delito, continuado de cohecho, el exarquitecto municipal Pedro Restegui se enfrenta a una pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; inhabilitación especial para empleo o cargo público que consista en el ejercicio de funciones técnicas en la Administración por 13 años y multa de 1,8 millones de euros, con arresto sustitutorio de 90 días en caso de impago.

Al igual que Yolanda Sánchez Sebastián, exingeniera del Consistorio, para quien pide 4 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena; inhabilitación especial para empleo o cargo público que consista en el ejercicio de funciones técnicas en la Administración por 10 años y multa de 442.336 € con arresto sustitutorio de 30 días en caso de impago.